La gobernadora María Eugenia Vidal avanzó con una purga parcial de la cúpula de la policía bonaerense, que comprendió a siete altos mandos de esa fuerza sospechados de tener vinculación, por acción u omisión, con la triple fuga de los presos del triple crimen y que será un primer paso de una reforma integral que abarcará también al Servicio Penitenciario Bonaerense.
El anuncio de la depuración corrió por cuenta del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien pasó a retiro activo obligatorio a siete comisarios generales, seis de los cuales controlaban superintendencias, mientras que uno estaba a cargo de una dirección general, todos cargos de la estructura de mando de la fuerza, la llamada “cúpula” que está compuesta por más de 30 integrantes.
Según explicaron a la agencia plantense DIB fuentes del Ejecutivo, los nombres comprendidos en esta primera medida fueron corridos del servicio porque el gobierno sospecha que están vinculados con la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y con Víctor Schillaci, porque contribuyeron al escape con información o logística, porque por omisión permitieron que se prolongara o por incompetencia.
“Si uno mira qué territorios controlaban varios de estos policías surge que por esos lugares pasaron los prófugos en su escape”, explicaron desde el gobierno para justificar la purga, que no comprenderá al jefe de la fuerza, el comisario Pablo Bressi, quien fue nombrado por Ritondo y era hasta ahora el único cambio importante respecto de la gestión de su antecesor, Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de Daniel Scioli.
Los expulsados son los titulares de las superintencias de San Martín-Tres de Febrero (Miguel Ángel Maccario), de Seguridad Interior (Oscar Eduardo Terminiello), de Seguridad Interior Sur (Gabriel Alejandro Lamónico), y de Seguridad Oeste (Miguel Ángel Alanís). También se desplazó al Superintendente de Seguridad (Claudio Marcelo Blanco), de Seguridad Vial (Rubén Alberto Lobos) y al director provincial de Suministro, Claudio Alberto Lobos.
El gobierno no anunció aún quienes son los reemplazantes de esos altos jefes porque la medida es la primera fase de la reforma: algunos de esos puestos podrían no continuar porque los cambios incluirían fusiones de áreas en una cúpula que sería más chica que la actual, con un menor número de superintendencias.
Los cambios también abarcarán a niveles menores del escalafón, porque “acá hay una connivencia con sectores de la política y del delito, que debe ser erradicada”, explicaron las mismas fuentes. A nivel estructural, tal como había adelantado DIB, podría traducirse en un menor número de Departamentales y DDI, y la salida de los coordinadores uniformados que se encargaban de la relación entre la fuerza de seguridad y las DDI. “La reforma será integral y profunda”, insistieron.
Por otra parte, también está en la mira el funcionamiento del SPB, que quedó cuestionado tras la salida de los Lanatta y Schilaci del penal de General Alvear, que se produjo con evidente colaboración interna. Hasta ahora, el gobierno de Vidal había reemplazado a la titular del SPB Florencia Piermarini por Fernando Díaz, quien había desempeñado su cargo durante el gobierno de Felipe Solá).
Pero ese cambio –que se completó con cinco modificaciones en la cúpula del Servicio- se produjo luego de la fuga. Por estas horas, el gobierno comenzó a avanzar con reemplazos en la conducción de algunos penales, pero con la Emergencia de ese servicio vigente por decreto, la idea es producir modificaciones estructurales más profundas, que están siendo definidas.