En la ciudad de El Palomar, partido de Morón, apareció un cartel, con membrete del CAPS y del municipio, en el que se exigía al personal médico “de acuerdo a las leyes vigentes” a realizar “la denuncia policial obligatoria” cuando se presentaran los siguientes casos: "sospecha" de aborto, "sospecha" de violación, "sospecha" de abuso sexual, herida de bala/arma blanca/elementos varios, golpiza, y "sospecha" de maltrato.
Frente a esta orden que provino del municipio a cargo del intendente Ramiro Tagliaferro (Pro), organizaciones sociales entendidas en la temática del género, repudiaron el accionar del municipio mediante un comunicado de carácter público.
En el escrito, detallaron que: "No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias. Denuncias de este tipo violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente, de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras."
A la vez, sostuvieron que: "van en contra de la ética y deberes de los/as profesionales de la salud, al obligarlos a violar el secreto profesional y transformarlos en los agentes persecutorios de un Estado policial, que se basa en la “sospecha” para criminalizar a las personas, que asisten al centro de salud en busca de atención, y haciendo de la violencia institucional el leit motiv de la gestión".
En la misma línea, las organizaciones destacaron que:"esta transformación de los servicios de salud en un sistema policial y persecutorio lleva a que se rompa la confianza entre profesionales y usuarios/as, en detrimento de la calidad de la atención y de los niveles de salud de la población, en particular de las mujeres."
"Es evidente que la primera intención de los funcionarios/as públicos/as de este distrito es criminalizar a las mujeres, puesto que la mera sospecha de un aborto es puesta como primera causa de denuncia. A esto se suma la escasez de métodos anticonceptivos y la falta de misoprostol, necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo, lo que incumple con el protocolo del Ministerio de Salud, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, y la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable", agregaron.
En el comunicado, las organizaciones sociales de mujeres exigieron la renuncia responsabilizaron al intendente y a los funcionarios a cargo de la administración del CAPS de Morón.