Ausencia y desidia de Vidal en la Masacre de Pergamino

Los asesinatos de los siete reclusos en la Comisaría primera de Pergamino tiene una responsable política que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien brilla por su ausencia. La Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, intactos desde la dictadura hasta nuestros días.

Esta vez, con los mensajes telefónicos de su hijos y hermanos pidiendo ayuda porque “nos van matar”, familiares de los presos muertos en la Comisaría Primera de Pergamino acusan a la policía de haber cometido eso crímenes con alevosía.

Denuncian amenazas previas y la comisión de una matanza que no es la primera, ya que la Policía y en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires se trata de moneda corriente.

Durante la dictadura cívico militar, el genocida Ramón Camps hizo de “la Bonaerense” un cuerpo policial para estatal dedicado al terrorismo de Estado. Posteriormente, con la reinstalación del régimen constitucional, esta estructura se perfeccionó para hacer cargo del estado mayor del crimen organizado, con complicidades políticas, fiscales y judiciales.

Salvo algunos intentos de depuración y corrección, que siempre fracasaron, y por falta de energía en la aplicación de esas decisiones, el mantenimiento de esa trama macabra, causal última de la inseguridad en la Provincia, quedó transformada en una constante. Por los crímenes de Pergamino la responsabilidad política recae sobre la gobernadora María Eugenia Vidal.

En octubre de 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de Memoria, señalizaba a la Comisaría Primera de Pergamino, por su funcionamiento represivo ilegal durante el terrorismo de Estado.

En la Comisaría que ahora aparece como el escenario de un nuevo crimen de “la Bonaerense”, dependiente de la policía de la provincia de Buenos Aires, funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Según testimonios de sobrevivientes, allí permanecieron secuestrados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, sindical y social.

En su mayoría, se trataba de vecinos de Pergamino sobre los que se efectuaron operaciones represivas comandadas de manera conjunta por fuerzas policiales locales y militares provenientes del Batallón de Combate de Ingenieros 101, al mando de los tenientes coroneles Manuel Saint Amant entre 1975 y 1977 y de Norberto Ferrero entre 1977 y 1979. Dicha jefatura, la del Área Militar 132, abarcaba ciudades como San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Baradero y San Pedro.

Madres y hermanas de jóvenes presos muertos en la Comisaría Primera de Pergamino, hacinados y recluidos sin condenas, denunciaron esta mañana ante las cámaras del canal C5N que sus familiares fueron asesinados por la policía. Exhibieron los mensajes telefónicos de sus hijos y hermanos pidiendo auxilio y que se movilizan para evitar la matanza. También que ya venían siendo amenzados desde hacía días.

Una autoridad de la Departamental no decía nada al respecto, mientras Infocielo y otros medios bonaerenses informaban que Asuntos Internos del ministerio de Seguridad desafectó al oficial de servicio, subayudante Alexis Miguel Eva, y al imaginaria de calabozos, sargento César Brian Carrizo, quienes estaban de guardia en el momento del incendio. En el hecho murieron siete detenidos tras el fuego originado por una pelea entre internos alojados en la comisaría primera.

Dice Infocielo: “Se trata de la mayor tragedia ocurrida en una seccional de la Policía bonaerense donde había 19 detenidos alojados en los calabozos, entre ellos, dos jóvenes acusados de haber violado a una joven de 26 años cuando el jueves de la semana pasada.

Según los investigadores, el alojamiento de estos dos sospechosos, de 18 y 19 años, originó una pelea con el resto de los detenidos y durante esos disturbios se produjo un incendio. Los presos quemaron todo lo que tenían a su alcance dentro de sus celdas y el fuego se generalizó.

Fueron los Bomberos Voluntarios los que sofocaron el siniestro y hallaron muertos a siete de los presos. Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Sergio Filiberto, que había sido detenido el 18 de enero último por “robo agravado”; Federico Perrota, desde el 16 de febrero por “encubrimiento”; Alan Córdoba, desde el 26 de enero; Franco Pizzarro, desde el 23 de enero por “quebrantamiento de arresto”; John Mario Chillito Claros, desde el 17 de diciembre por “tentativa de robo”; Fernando Latorre, desde el 12 de noviembre también por un “intento de robo”; y Juan Carlos Cabrera, desde ayer por “lesiones culposas” y “encubrimiento”.

No hubo personal de la comisaría que haya resultado herido y el resto de los presos fue derivado a otra sede policial de la zona. Hoy se realizarán las autopsias para determinar si murieron por inhalación de monóxido de carbono o por las quemaduras. Abogados de los presos reclamaron que se les diera información de en qué condiciones estaban los sobrevivientes.