El fiscal federal Franco Picardi investigará a los diputados de Cambiemos por mantener reuniones secretas y al ministro de Defensa. El ex embajador argentino en Washington será citado como testigo.
La Justicia imputó a los legisladores de Cambiemos Eduardo Amadeo, Luciano Laspina y al ministro de Defensa, Julio Martínez, por el extenso listado de equipamiento militar que Argentina solicitó a los Estados Unidos a mediados del año pasado, entre los que se incluían aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros.
La decisión fue tomada por el fiscal Picardi, quien decidió abrir una investigación contra esos funcionarios por los posibles delitos de “fraude”, “violación de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad y perjuicio a la administración pública”, en el marco de la compra del armamento, en el que habrían participado los tres hombres del Gobierno.
Laspina y Amadeo habrían participado de una reunión en Washington con el congresista estadounidense Pete Visclosky, a quien la embajada luego entregó una carta con el listado del armamento requerido por el país. Los dos diputados declararon sus viajes ante el Congreso para participar de la asamblea del FMI, pero no mencionaron ese encuentro.
A su vez, el fiscal decidió descartar la imputación del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes también figuraban como denunciados, ya que podrían no haber participado del acto, así como tampoco será investigado, en principio, el ahora exembajador Martín Lousteau, quien habría sido el intermediario de la operación.
Sin embargo, el líder de Eco será citado como testigo para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la lista de armamento que pidió el Gobierno argentino.
La denuncia fue realizada por los diputados del bloque FPV-PJ Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes aseguraron que la compra de ese armamento es "una clara violación de la ley 22.520, que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones", y pidieron que el Gobierno explique “por qué está realizando la mayor compra de armas de la historia”.