La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala es contundente: pide que el Estado argentino ordene la "liberación inmediata" de la dirigente social encarcelada hace casi dos años. Sin embargo, el ministro de Justicia, Gustavo Garavano, desconoció al prestigioso tribunal. "Respetamos las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, fue más allá. Señaló que "Sala se robó todo" (sic). De esa manera justificó el arresto de una opositora en Alto Comedero. Hasta el momento, la propia justicia provincial, que muchos vinculan al gobernador, no pudo demostrar esos cargos que Morales describió.
La dirigente de la Tupac está presa hace un año y siete meses. Una comisión de la ONU y ahora la CIDH exigieron su liberación. El Estado argentino sigue desoyendo esos pedidos y la Corte Suprema se ha negado a intervenir.
Mientras tanto, Sala es expuesta a un encierro arbitario que pone en riesgo su salud. “El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad", reconoció Francisco Eguiguren, presidente de la CIDH en diálogo con el diario Página 12.