Fue presentada por el Observatorio Petróleo Sur tras los violentos desalojos policiales en la zona de Vaca Muerta y el grave impacto socio-ambientales. “Sin dudas este último año ha sido el más violento”, agregaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén.
A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petróleo Sur (Opsur) presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén.
Tras la presentación, Opsur espera que a mediados de octubre la ONU se ponga en contacto con el Estado argentino para que garantice los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y dé cuenta cómo hará para mitigar los efectos ambientales del fracking.
Según el Observatorio, se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales-; y, por otro, “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país.
Para Opsur, esta avanzada tiene que ver con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, en particular “una ola de subsidios al gas no convencional”.
“Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo e investigador Diego Di Risio al diario Página/12.
La elaboración del documento contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).
“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, contó Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”.
Desde la CMN alertaron al diario porteño que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.
La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”.