Un colectivo integrado por casi una decena de organismos de Derechos Humanos emitió un duro comunicado donde criticó el intento del Gobierno nacional de dejar en libertad a 96 represores, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich. Firman el documento Abuelas de Plaza de Mayo. Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación Buena Memoria y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
"Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos esta maniobra que encubre otro intento por beneficiar a los genocidas, más allá del caso a caso. Los 96 represores no representan ni el uno por ciento de los internos del Servicio Penitenciario Federal y muchos de ellos están alojados en un lugar de privilegio, la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, por lo que difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria", describieron en el documento.
Esta semana se conoció un pedido del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que solicitó la liberación de 1.111 personas detenidas en penales federales con la excusa de reducir la población en las cárceles, hoy saturadas.
En ese listado, el SPF incluyó nada menos que a 96 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta, el “Turco” Julián o el ex capellán Christian Von Wernich, por tratarse de internos “mayores de 70 años”.
"El hacinamiento en las cárceles no es consecuencia del encarcelamiento de quienes cometieron los peores crímenes sino de una política criminal que encarcela masivamente a las personas con menos recursos. La situación carcelaria actual es producto de la orientación de las políticas que el mismo Poder Ejecutivo impulsó con reformas que endurecieron la ley de ejecución y la persecución penal", recordaron los organismos de DD. HH.
"La llamada “mano dura” conduce a un aumento sostenido del encarcelamiento: las propias proyecciones oficiales sostienen que es esperable un crecimiento del 40% de los detenidos para 2020", concluyeron.