A raíz del polémico decreto 20/2018 firmado por el gobierno nacional, que carga sobre las tarifas de gas más de 10 mil millones de pesos con el objetivo de compensar la devaluación del peso en el pago a las empresas distribuidoras, el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al Secretario de Energía, Javier Iguacel, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Según la denuncia, se advierte que la medida del ejecutivo provoca un perjuicio en el patrimonio de los consumidores y solicita una cautelar para frenar el decreto, que deberá ser estudiada por la jueza María Servini de Cubría.
La resolución 20/19 firmada por Iguacel descarga en los consumidores el pago de la diferencia producida por la suba del dólar en el contrato establecido entre productoras y distribuidoras. Esa diferencia, acordada entre las empresas y el aval del gobierno, será actualizada al 31 de diciembre de este año y trasladada a los clientes en pagos de 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019.
“Los contribuyentes ya han hecho pagos y uno de los efectos que tiene es la cancelación total. No se puede de modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene el acto de pago", sostuvo el fiscal en diálogo con Radio 10 y resaltó que la resolución de Iguacel "trata de compensar a las empresas".