En otra medida que apunta a un país para cada vez menos gente, el gobierno nacional decidió no prorrogar un beneficio que abarcaba a millones de personas de bajos recursos en todo el país. Se trata de la medida que aplicaba la devolución del 15% del IVA a las compras con tarjeta de débito por parte de jubilados y pensionados con haber mínimo y beneficiarios de asignaciones sociales (AUH, embarazo, empleadas domésticas y jóvenes del Plan Progresar).
El beneficio venció el 31 de diciembre último y la acción del gobierno, además, fue retroactiva, con lo que la cuota de perversión se hace más grande.
¿Qué sucedió? En febrero los resúmenes bancarios llegaron a los hogares con la devolución del IVA aplicada a las compras de enero, pero luego las entidades recibieron la comunicación oficial y decidieron volver a cobrar ese 15 por ciento del IVA que habían devuelto.
La norma, además, fue sancionada en junio de 2016 por el Congreso, pero con potestad de prórroga para el gobierno nacional a partir de diciembre de 2017.
Lo oscuro de la situación es que el presupuesto nacional para este año prevé el dinero a utilizar en esa medida y lo hace de forma explícita para el reintegro del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones para protección social, para lo cual figura una partida de 3.141 millones de pesos, según puntualizó el periodista Ismael Bermúdez de Clarín.
La ley también fijó que “el reintegro no podrá ser inferior al 15% del monto de las operaciones que realicen los consumidores finales alcanzados, en tanto no supere los 300 pesos por mes y por beneficiario”.
La norma, además, indica que el tope de 300 pesos a devolver debía ser modificado por la Casa Rosada en base a la inflación. Nunca sucedió.
Fuente: Infonews
