Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social que autorizó la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los "precios testigo" fijados por la Sigen, fue corrido de sus funciones por orden del ministro Daniel Arroyo.
Se trata del del funcionario que causó polémica y expuso a Arroyo a fuertes cuestionamientos de la opinión pública, y lo llevó a tener que darle explicaciones al presidente Alberto Fernández, quien le dio la orden de corregir la situación.