Este sabado en diálogo con AM750, la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, denunció que un funcionario “por debajo de Garavano” en el ministerio de Justicia del gobierno anterior, ingresó a su despacho "para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán”.
Cuando le preguntaran por el nombre del funcionario judicial que intentó condicionar sus fallos, la jueza Figueroa prefirió no dar nombres, hasta que le preguntaron si se trataba de Juan Bautista Mahíques, por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Un miembro del ministerio de Justicia, Ejecutivo", respondió. "Quien estaba por debajo del ministro Garavano", completó.
“A partir de ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí a través de títulos de diarios” advirtió Figueroa, remarcando que sufrió “muchísimas presiones desde 2015”.
En contra partida, respecto de la actualidad del funcionamiento de la justicia y su relación con el Poder Ejecutivo actual, la magistrada diferenció la situación: "Ahora los jueces trabajan con independencia pero en los cuatro años previos yo sufrí muchas presiones".
Antes de finalizar el tema, Figueroa recordó: “Tenemos colegas que han dicho que los han ido a ver desde los servicios (de inteligencia) o desde el ministerio. Eso ha sido público”, dijo, y agregó que “colegas en el Poder Judicial tienen conocimiento” de su caso y por eso la “pusieron dentro de la lista de jueces presionados, que se denunció ante la Corte Interamericana”.
En relación a la polémica que desató el fallo del juez Victor Violíni de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que autorizó prisiones domiciliarias a presos en el marco de la cuarentena por coronavirus y desató una serie de fake news y hasta un cacerolazo, opinó que "se está diciendo cualquier cosa" y fue contundente: "No hay largadas masivas de presos".