La detención de la dirigente popular Milagro Sala empezó a días de que Gerardo Morales asumira como gobernador de la provincia de Jujuy. “Si no la detenían, el gobierno no duraba dos meses”, reconoció el propio Morales en una entrevista con Clarín. Un acto de honestidad brutal. La detención respondió a intereses políticos y la imputación llegó luego de que Sala fuera apresada.
Pero las escandalosos irregularidades no terminan ahí. Luego, Morales reformó la Suprema Corte provincial y qué hizo: puso como jueces a ex candidatos de su propio partido. Desde allí fue todo martirio para Sala, a quien le renuevan las causas o aparecen algunas prescriptas. Por ejemplo, se la condenó por hechos en los que ella no estuvo (ni siquiera en la ciudad en cuestión).
La situación ilegal le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una solicitada publicada este domingo en Pagina/12 referentes de derechos humanos, gobernadores, miembros del gabinete nacional, dirigentes sindicales y sociales, periodistas y artistas, repudiaron la “detención ilegal” de la dirigente y expresaron que “con presos políticos no hay democracia plena”. Asimismo, el Comité por la libertad de Milagro Sala realizará a las 18 un encuentro virtual para exigir que se termine su persecución política.
Desde 2020, la Corte Suprema tiene en su poder un reclamo pero el máximo tribunal, que parece responder al macrismo, no quiere responder. Así se hace “justicia” con Sala, quien fue condenada por ejemplo porque unas personas le tiraron huevos a Morales hace más de 15 años. La causa debería haber proscripto pero no. El hecho ocurrió en Capital Federal y Sala no participó. Pero la Justicia inventó su rol de “instigadora” y la condenó. Es la misma Justicia que por ahora considera que el espionaje ilegal, que se desplegó desde el Estado e involucró a cientos de personas perseguidas, fue hecho por “cuentapropistas”.