Denuncian que Larreta entregó un edificio al Grupo IRSA por la mitad de lo que vale

El Jefe porteño avanza con los negociados inmobiliarios y siguen cayendo denuncias que acusan a Rodríguez Larreta de entregar patrimonio de la Ciudad a privados.

Una vez más el Grupo IRSA volvió a quedarse con un importante edificio público de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que trabajan en defensa de las tierras públicas denunciaron que el Gobierno porteño se lo vendió a la mitad del precio de mercado.

Se trata del inmueble ubicado en Beruti y Avenida Coronel Díaz –frente al Alto Palermo, del que IRSA es dueño– en el que actualmente funciona la Sede Comunal N°14. El holding empresarial de Eduardo Elsztain desembolsó en subasta pública poco más de 20 millones de dólares para quedarse con los más de 8400 metros cuadrados construidos en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Ahora, el GCBA tendrá 30 meses para desalojar el lugar y entregarlo a IRSA: las organizaciones sospechan que el holding lo utilizará para ampliar el shopping. 

La subasta del Banco Ciudad se abrió el pasado 18 de febrero y tuvo solo dos ofertantes. Al precio base fijado por el Gobierno –20 millones de dólares–, IRSA le agregó solo 110 mil dólares y así se quedó con el edificio. “Luego de una puja de dos oferentes, el GCBA lo vendió por 20.110.000 dólares, es decir a 2.372 dólares el metro cuadrado.

Sin embargo, según detalló Página 12, como el pago se debe realizar al cambio oficial, la Ciudad recibirá la mitad de dicho valor, es decir, 1.186 dólares. Más de un 50 por ciento más barato que el valor de mercado. Por si faltaba más, el pago se realiza en pesos”, denunciaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

“Rodríguez Larreta se consolida como el testaferro político de IRSA. Nunca antes IRSA ha tenido tantos beneficios por parte de un Gobierno en detrimento del bien común de la ciudadanía porteña”, dijo a Jonatan Baldiviezo, fundador del ODC. 

“Se le otorgó la concesión del centro de Convenciones y Exposiciones al lado de la Facultad de Derecho a un conglomerado de empresas del que forma parte IRSA. El GCBA puso la tierra, construyó el edificio y le otorgó la concesión con un canon irrisorio. También le otorgó el permiso para la construcción de Ciudad Palmera, un negocio conjunto con la empresa Portland. De las cuatro hectáreas ubicadas en Caballito, dos tendrían que haber pasado a manos del Estado para espacios verdes. El GCBA no le exigió ningún metro cuadrado y el emprendimiento fue frenado en la Justicia”, recordó Baldiviezo. 

“Ahora le entrega a menos de la mitad de valor de mercado el edificio de Beruti que IRSA seguramente utilizará para expandir el Alto Palermo, quizás también construyendo un puente sobre la calle como hizo en Arenales”, advirtió. 

El holding empresarial ya es dueño de otros centros comerciales de CABA: Abasto Shopping, DOT Baires, Alcorta Shopping, Patio Bullrich y Distrito Arcos. “Para Larreta el interés privado de IRSA es prioridad, al límite de vender un predio sin saber dónde relocalizar el edificio de la Comuna 14“, agregó Baldiviezo sobre la venta del edificio de 8.475 metros cuadrados. Antes de la venta definitiva, el GCBA ya había intentado rematar el inmueble pero no hubo ofertantes.  

La Ley N°4481, aprobada por la Legislatura en diciembre de 2012, fue la que autorizó a la administración porteña a enajenar el inmueble. La norma habilitó la venta de ese y otros catorce edificios y tierras públicas con el objetivo de construir con lo recaudado la llamada “Ciudad Judicial”, en un predio que “albergue a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de CABA”. El texto de la ley agregaba que el lugar en cuestión debería tener “una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados” y estar “emplazado en la zona sur de la Ciudad”. 

“De esta ciudad judicial no hay ninguna novedad luego de diez años. No existe ningún proyecto o avance que se haya informado. Aún así el GCBA decidió vender el inmueble de Beruti cuando no existe ninguna urgencia”, advirtieron ahora desde el ODC y agregaron que “esto se demuestra con la cláusula que estipula que el GCBA seguirá utilizando el inmueble por otros 30 meses más. Una declaración de que el inmueble es necesario para la ciudad y que es totalmente inoportuna su venta”.