El gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Una investigación que surgió a partir de una causa judicial provincial, reveló que el gobierno jujeño de Gerardo Morales realizó espionaje contra decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales y armó fichas de los referentes de cada sector.
Según especificó el periodista Franco Mizrahi para el portal El Destape, entre las víctimas figuran concejalas con fueros que fueron vulnerados, dirigentes gremiales y militantes sociales. Las tareas de inteligencia las realizó la policía local a pedido de un fiscal provincial. ¿El objetivo? “Individualizar a los referentes de cada organización” que se manifestó contra el gobernador el 1 de abril pasado durante el acto de apertura del año legislativo de la Cámara de Diputados de Jujuy, cuando Morales dio un discurso.
“Siendo las 8:00 horas se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones”, se lee en el acta que da inicio a las actuaciones sumarias. La orden de infiltrarse la dio el día previo el fiscal Diego Funes, quien encomendó la tarea a la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, es decir, al propio gobierno de Morales.
El objetivo fue “proceder a la individualización e identificación de los dirigentes y de las personas que tomen asistencia a los miembros pertenecientes a los distintos movimientos y se recepcione denuncia a los individuos que resulten víctimas de los diferentes inconvenientes que susciten”. Es decir, ya había una presuposición de que habría “inconvenientes”. Para realizar este procedimiento se “conformaron diversas comisiones” en la policía local.
En el marco de esta causa, el 6 de julio se realizaron 16 allanamientos en casas de los referentes y sedes de los movimientos sociales espiados. Una de las allanadas es la concejala de Calilegua, Fani Martínez, de la Tupac Amaru, a quien le vulneraron los fueros. “A ella le allanaron la casa. El allanamiento para los legisladores establece que primero se los debe imputar, luego indagar y finalmente se les puede hacer un allanamiento, por única vez. Nada de eso se respetó”, explicó la abogada de Martínez, Alejandra Cejas.
Martínez no fue la única concejala a la que le violentaron los fueros. Lo mismo sucedió con la concejala Lorena Alfaro del bloque FORJA, quien integra el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En su caso, le hicieron inteligencia, le sacaron fotos y hay un expediente con sus datos particulares. Pero no actuó ningún juez de control en el proceso contra ella.
La causa judicial iniciada por el fiscal Funes continúa abierta. Este martes, por ejemplo, la Justicia inició el análisis de los equipos secuestrados por la policía de Morales durante esos 16 operativos. Parece una “excursión de pesca” en pos de ver qué se encuentra ya que la investigación se inició sin una denuncia concreta.
¿Qué se investiga? Según un comunicado que emitió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño el 6 de julio, el día de los 16 allanamientos, se investigan “hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias”. Es decir, se investiga una supuesta extorsión y una asociación ilícita por la presunta denuncia de damnificados. Pero la forma en que se inicia la pesquisa fue falseada por el MPA en su comunicado.
El propio Funes mintió al día siguiente, el 7 de julio, cuando ante la prensa sostuvo que el caso se inició “a raíz de diversas denuncias que pusieron en conocimiento de la autoridad policial y de la Fiscalía que en algunos casos personas vulnerables social y económicamente habían sido amenazadas o amedrentadas con perder sus beneficios sociales en caso que no asistieran a marchas o no pagaran una suma de dinero para las organizaciones”.
El expediente da cuenta de que las actuaciones se iniciaron de oficio por voluntad del fiscal Diego Funes el 31 de marzo pasado cuando ordenó la infiltración de las organizaciones y no por denuncias de supuestos damnificados. Los presuntos “damnificados” se fueron a buscar a la manifestación con la infiltración de las organizaciones. “Las denuncias las armaron posteriormente”, explica Cejas.
Es tal la desprolijidad de la justicia jujeña que los abogados defensores de las personas que fueron espiadas recién pudieron acceder el expediente el pasado 15 de julio. Es decir, tres meses y medio después de iniciado el caso. Allí se toparon con las órdenes de infiltración y las fichas de los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Desde fines de marzo hasta los allanamientos no sabíamos que existía este expediente”, afirmó a este medio el abogado Luis Paz, quien defiende a tres integrantes de la Tupac Amaru, a un integrante del Movimiento Evita y a otro militante del Frente de Organizaciones por la Liberación, que son solo algunos de las decenas de espiados. “Lo que revela esta causa es que en Jujuy, las libertades de reunión, expresión y de protesta están seriamente comprometidas por el avance grotesco de Morales y su Poder Judicial”, añadió el letrado.
Dado la gravedad de este expediente, en el que se vulneraron los derechos más elementales, se analiza el pedido de nulidad de todo lo actuado, realizar una denuncia contra el fiscal Funes y otra contra Morales en la justicia federal por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional.
La infiltración
En la causa quedó registro de una cronología casi minuto a minuto de la manifestación de las organizaciones. Por ejemplo, se informa qué agrupaciones llegan primero a la evento del 1 de abril, cuántos militantes son y demás detalles. A la vez, tal como consta en el expediente, se anexaron “informes con fotografías” de los asistentes a la manifestación.
Por eso, a lo largo del expediente pueden verse fotografías e identificación de los referentes de las diversas organizaciones que participaron de la marcha del 1 de abril. Entre los espiados aparecen concejales con fueros, dirigentes de ATE y del SEOM (el gremio que nuclea a los Empleados y Obreros Municipales), la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), exdiputados provinciales del FIT, militantes del Movimiento Evita, de Barrios de Pie, de UTEP, del Polo Obrero, de la CCC y la lista continúa.
En diversos casos, a la imagen se acompaña DNI, dirección y hasta el Facebook de los “objetivos”. También hay un anexo fotográfico con imágenes de los locales partidarios y hasta de las viviendas de los “investigados”.
Personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad jujeño, que estaba a cargo del comisario general Marcelo Rodríguez, llevó adelante la “identificación” de los manifestantes.
“Es todo ilegal. No hay delito. No hay un denunciante”, explica la abogada la abogada Alejandra Cejas. “El fiscal ordena que la policía se infiltre en las organizaciones y vea qué saca. Así aparecen en el expediente estas fotos de casi toda la dirigencia opositora a Morales. Y la policía dice que, en el marco de la infiltración, habló con personas que no se animan a denunciar pero que dicen que sufrieron delitos. Esa sería la base de la supuesta extorsión”, añade la letrada en diálogo con este medio.
A esto se suma que el 13 de abril pasado el abogado Luis Paz presentó un habeas corpus colectivo porque las organizaciones estaban denunciando la presencia policial en las puertas de sus sedes y en las casas de sus referentes. “Ante esa presentación, la Justicia respondió que no había una investigación en proceso. Entonces ¿qué están haciendo? Inteligencia”, grafica Cejas.
“La revelación de este expediente y el uso de prácticas de infiltración de las fuerzas de seguridad provinciales develan la alta complicidad y las relaciones espurias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de Jujuy y el Ministerio Público de la Acusación”, señala Luis Paz. Y aclara: “Digo esto porque el expediente se inicia de oficio a través de una agencia policial, que depended exclusivamente del ministerio de Seguridad, o sea de Gerardo Morales, y que fue creada en 2016 y puesta en funcionamiento en 2018 con la finalidad de perseguir delitos de narcomenudeo. Tenía como una de sus herramientas la infiltración pero a organizaciones mafiosas de narcotráfico”.
Esto implica que hubo una manipulación de una agencia creada para otra cosa para infiltrar a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
“Han violado preceptos constitucionales muy claros”, afirma Cejas. Y advierte: “Jujuy es un laboratorio donde la derecha ve qué puede hacer para luego llevarlo a todo el país”.
Por tal motivo, la abogada adelantó que están “trabajando en una defensa técnica y política”. “Acá no solo discutimos el Código de Procedimiento de Jujuy. Se violaron normas nacionales e internacionales de primer nivel, que son la esencia de nuestra democracia”, sentenció.