La CONAE, el INVAP y VENG, empresas de las que el macrismo siempre renegó y desfinanció, estarían en condiciones operativas para fabricar los componentes que se requieren para que los cinco Super Etendard adquiridos en 2018, puedan finalmente volar y ser utiles.
En medio de una fuerte polémica diplomática, de política interna y presupuestos limitados de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa comenzó a trabajar en un plan especial para poder recuperar los repuestos de cinco aviones cazabombarderos Super Etendard Modernisé comprados a Francia en 2018 que nunca volaron por falta de piezas y una adecuada planificación en la compra.
Estos aviones, similares a los que se usaron con resonante éxito en la guerra de Malvinas de 1982, fueron comprados por el gobierno de Mauricio Macri por 12,5 millones de euros, pero además de llegar sin ningún armamento que les otorgara real capacidad disuasiva, nunca volaron y están varados en un hangar de la Armada.
Lo peor de todo este escándalo es que el Ministerio de Defensa de Francia envió una carta al ministro de Defensa, Jorge Taiana en la que admitió que tienen dificultades de proveer los asientos eyectables y otras piezas clave de los aparatos por las restricciones que impone Gran Bretaña a la Argentina desde la guerra de Malvinas en cuanto a venta de material bélico con componente británico.
En medio de todo ello, hubo acusaciones del macrismo al Gobierno de Alberto Fernández que plantearon la supuesta decisión de Taiana de pasar a retiro esos aviones.
Como parte de las propuestas de recupero de estos aviones, un sector de la Armada alertó sobre la falta de insumos para los aviones y esbozó un plan alternativo para modificar la cabina de los aviones y ponerlos en funcionamiento.
También hubo una alternativa que acercó una empresa de Estado Unidos para proveer el dispositivo faltante que es decisivo para el asiento eyectable del piloto. La compañía norteamericana exigía un millón de dólares sólo para empezar la revisión de las aeronaves y no daba garantías suficientes para lograr el resultado esperado. Así, nada de esto fue viable hasta ahora y se descartaron estas propuestas.
El ingenio y capacidad de las empresas estatales
Sin embargo, según pudo saber El Cronista de fuentes calificadas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa lo último que está en estudio ahora es un plan concreto que analizó el ministro Taiana y la cúpula de la Armada para que los repuestos faltantes sean fabricados en la Argentina por empresas estatales como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el INVAP o la empresa VENG que es una compañía de servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado con especialidad en la actividad espacial.
“La solución a los aviones de Francia varados puede llegar de parte de nuestras empresas estatales. Se hizo un estudio de factibilidad y hay importantes avances”, dijo un destacado funcionario que sigue de cerca el tema. Allegados al ministro de Defensa ratificaron este plan: “Se va a dar solución”, expresaron con marcado optimismo.
En el plan de salvataje de los aviones Super Etendard de Francia que plantea ahora que el Ministerio de Defensa, es que el fabricante apruebe la posibilidad de fabricar en Argentina los repuestos faltantes y hacer un seguimiento con los fabricantes originales. Al parecer, los proveedores nacionales como CONAE, INVAP y VENG estarían en “condiciones operativas” para realizar esta tarea.
La empresa estatal VENG ha desarrollado su participación en proyectos espaciales impulsados por su controlante, la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), con la premisa de contribuir al posicionamiento estratégico de la Argentina, como también con herramientas que mejoren la calidad de vida de la población, teniendo como pilares de su gestión la integridad y sustentabilidad económica de la empresa.
Al parecer, el trabajo de esta empresa con control de CONAE y de INVAP sería una solución posible para que finalmente los aviones cazabombardeo puedan volar con todos sus componentes operativos, y sean usados por la Armada para las tareas de patrullaje en el Atlántico Sur.
El permanente bloqueo militar británico
En la carta que envió el 17 de marzo pasado al ministro Taiana el titular de Desarrollo Internacional de la Dirección de Armamento del Ministerio de Defensa francés, ingeniero Gael Díaz De Tuesta, dice textualmente: “Se nos pidió un esfuerzo para encontrar la solución para que los aviones estén en condiciones de volar. Desafortunadamente y después de haber evaluado todas las posibilidades, lamento informarle que no fue posible cumplir con ese objetivo”.
A la vez, el funcionario francés dijo que las restricciones vigentes por parte del Reino Unido a las exportaciones a la Argentina “nos impiden la compra de repuestos para los asientos eyectables. Además, tal como lo expresaba el Jefe de Estado Mayor de la Armada Francesa en 2016, hemos perdido la mayor parte de la capacidad que se necesita para mantener operativas estas aeronaves”.
De esta manera, Francia reconoció que los Super Etendard Modernisé que son una versión modernizada de los que actuaron en la guerra de Malvinas, directamente no pueden ser utilizados sin que sus pilotos estén en riesgo en caso de necesitar eyectarse.
En la Armada dijeron que las aeronaves son “sometidas a un plan de inspecciones y mantenimiento” por parte del personal del Arsenal Aeronaval Comandante Espora y de la Escuadrilla a la que pertenecen, “con normalidad”.
Y añadieron que se está capacitando a los pilotos, utilizando el simulador de vuelo y que “continúan las gestiones y consultas técnicas con empresas extranjeras y organismos nacionales para analizar las alternativas de desarrollos nacionales que sustituyan los elementos de seguridad de las aeronaves vetados por el gobierno británico”.
Paralelamente a toda esta polémica, el ministro Taiana reunió toda la documentación de la compra y las negociaciones que llevó adelante el entonces ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad para analizar si hubo un caso de corrupción o una decisión premeditada del gobierno anterior.
Así, el tema es investigado por la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción. El gobierno actual alega que la administración de Mauricio Macri compró los aviones sabiendo que no iban a estar disponibles para la cumbre del G20 de 2018 como se pretendía, entre otras cosas porque llevaban mucho tiempo sin volar y no contaban con el dispositivo faltante originario de Gran Bretaña.
Fuente: con información de El Cronista y Agenda Malvinas