Ley Bases y represión.
El Gobierno Nacional conformó una Unidad de Seguridad Productiva dependiente del Ministerio de Seguridad con el objetivo de aumentar el despliegue de las Fuerzas de Seguridad en las provincias y así blindar a las actividades mineras y petrolíferas de los reclamos y las resistencias ciudadanas. Esa unidad se desprende de la votación de la ley Bases. Muy grave.
La norma está alineada con el proyecto gubernamental próximo a convertirse en Ley, donde se contempla la explotación de los recursos y el extractivismo. El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) justamente asegura una reducción de impuestos y facilidades especiales para las inversiones del sector. Entre las facilidades, por lo visto, está la de reprimir cualquier protesta social contra esas producciones. Muchas veces se las cuestiona por su impacto ambiental.
Con la Resolución 499/2024 firmada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich el pasado 10 de junio, se habilitará una mayor protección a los intereses empresariales de las empresas referidas a Vaca Muerta en Neuquén y las provincias con litio y resistencias sociales, como en Jujuy (Salinas Grandes) y Catamarca.
La norma estipula en cuanto a la selección de los sectores o empresas que reciban el apoyo de la Unidad de Seguridad Productiva que será una decisión que quedará “exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo”. Tendrán en cuenta a la hora de actuar, la repercusión de los hechos de inseguridad en el “quehacer racional” y en la opinión pública.
Esta Unidad de Seguridad Productiva estará dentro de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial. La creación está justificada por el Gobierno debido a que existen actividades productivas prioritarias para el Gobierno, donde se asegurará la plena actividad: “Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”.
La responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial es diseñar y ejecutar las acciones necesarias entre la Subsecretaría y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para comprobar el cumplimiento de las políticas de seguridad.