Por: Orlando Lara Pineda*
“… Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras… Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia quien quiera oír que oiga”. Litto Nebbia.
En junio de 2008 José Manuel “Mel” Zelaya, presidente de Honduras solicitó a la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía del Cid, una primera idea de escenarios para la negociación anual en la Comisión Tripartita del Salario Mínimo del sector privado en diciembre de ese año. La ministra Mejía, con quien trabajaba como asesor, me solicitó un borrador de un par de páginas para el presidente con la propuesta del gobierno para la negociación.
Con base en la idea fundamental del gobierno del “Poder Ciudadano” retomamos los valores del ingreso familiar de la “Línea de la Pobreza” y el número de personas trabajadoras por hogar – que estima anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así calculamos un salario mínimo digno del “Poder Ciudadano” de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) que al menos igualara la Línea de la Pobreza.
Unos días después, llegaba a mi oficina luego de almorzar y en la radio me sorprendió el anuncio del presidente Zelaya ante los medios de comunicación afirmando que, teniendo en cuenta la premisa del “Poder Ciudadano”, era indispensable un salario digno para la participación política activa de la ciudadanía por lo que había decidido establecer un salario mínimo mensual para todos los empleados públicos de 5,500 lempiras, justo la cifra propuesta.
De un plumazo se acababa la crisis del gremio de las enfermeras que llevaba meses de medidas de fuerza y que la prensa opositora cubría con fuertes críticas. El nuevo salario duplicaba el salario de las enfermeras auxiliares, las peor pagadas. Otras demandas, como la gestión de turnos, descansos y material fueron pronto resueltas. Con esta acción osada de duplicar el salario mínimo de los empleados públicos, el gobierno incrementaba en menos del 5% el presupuesto de salarios del Estado y resolvía una deuda histórica. De esa manera se establecía un referente para la futura negociación anual en la Comisión Tripartita del salario mínimo del sector privado.
Todo esto ocurría en un contexto de creciente conflicto del gobierno con el empresariado y las fuerzas conservadoras de Honduras. Desde el inicio del gobierno de Mel Zelaya en 2006 se habían impulsado salidas heterodoxas a contramano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: subsidios a la energía y la educación, transferencias a la población en extrema pobreza, reducción de los márgenes de ganancia de las compañías trasnacionales importadoras de combustibles, y la revisión de las concesiones sobre la tierra y los recursos naturales otorgadas anteriormente a terratenientes y grupos financieros concentrados.
En respuesta, Mel sumaba apoyo popular al ampliar el diálogo e incorporar las propuestas de los movimientos estudiantiles, políticos, feministas, sindicatos, pueblos originarios, campesinos y ambientalistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.
La crisis financiera mundial del 2008 había producido fuertes aumentos de los precios internacionales de los combustibles y alimentos por lo que el gobierno exploraba varias alternativas para financiar la importación de combustibles, entre estas la adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que presidia Venezuela – bajo el liderazgo de Hugo Chávez – y que ofrecía financiamiento a largo plazo para importar combustibles, equipo agrícola y alimentos; y aliviar la presión sobre la balanza de pagos.
En agosto de 2008 el gobierno de Zelaya daría un paso crucial convocando a una gran movilización popular en la que anuncia la adhesión de Honduras al ALBA con la presencia de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela); Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage.
Ese segundo semestre de 2008 preparamos el informe base para la negociación salarial. La primera disputa fue con la tecnocracia del Banco Central de Honduras (BCH) que ante los escenarios de aumento salarial predecía una subida incontrolada de la “inflación”. Nos reunimos con el personal del BCH y argumentamos que, debido a la desigual distribución del ingreso nacional, el aumento salarial tendría un efecto en la inflación mucho menor al que el BCH había estimado. Es que el 15% de los trabajadores con salarios por encima del salario mínimo se quedaban con el 75% de la masa salarial de los trabajadores; y, en el otro extremo, el 85% de los trabajadores que ganaban el salario mínimo o menos, sumaban una masa salarial de apenas el 25%.
La propuesta presentada por el gobierno, a su vez, estimaba que el aumento salarial tendría un impacto decisivo en el aumento del consumo interno y en la multiplicación de la actividad económica. Se eliminaban las 8 categorías según actividades económicas en que se dividía el salario mínimo, ya que no existían evidencias significativas de diferencias de productividad que las justificaran. La propuesta solo incluía dos categorías: trabajadores urbanos y rurales, atendiendo a las diferencias en el costo de vida.
Históricamente, la negociación salarial en la Comisión Tripartita se prolongaba con interminables reuniones con el disenso entre obreros y empresarios; mientras que los funcionarios de gobierno se abstenían de votar y prevalecía un empate. Finalmente, se remitía un acta con el impasse en la negociación al ejecutivo y el presidente aprobaba un aumento salarial de compromiso, en general más cercano a la pretensión salarial patronal.
Es por eso por lo que los tres burócratas de carrera del Ministerio de Trabajo, que tenían la representación formal en la Comisión Tripartita, no salían de su asombro cuando se les comunicó la decisión del Ejecutivo de votar junto con los trabajadores. Temerosos de la reacción patronal vacilaban en firmar el acta favorable al aumento porque los técnicos y los representantes del empresariado presagiaban una situación obscura para el país combinando ruegos y amenazas. Hizo falta una llamada de Mel en altavoz para reafirmar la decisión.
En 1974 había sido la última vez que los representantes de gobierno habían votado junto con los obreros en la Comisión Tripartita, aprobando un aumento histórico del salario mínimo que alcanzó los 100 Lempiras (50 USD) mensuales; durante el gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, que además fortaleció el papel del Estado en la regulación de la economía y realizó la más amplia “Reforma Agraria”.
Era la tarde del 24 de diciembre llegamos a “Casa de Gobierno” junto con la Ministra Mejía del Cid, con los cuadros y cálculos finales de diferentes escenarios debajo del brazo para presentarlos al Presidente Zelaya. Luego de algunas consultas con empresarios y miembros de su gabinete Mel nos dijo que íbamos con el aumento.
Esa víspera de navidad de 2008 en cadena nacional, Mayra Mejía del Cid, Ministra de Trabajo anunciaba junto con Manuel Zelaya un aumento salarial histórico de carácter general para los trabajadores de Honduras de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) en las áreas urbanas y de 4,055 lempiras mensuales (213 USD) en las áreas rurales. Un aumento promedio del 60% que para algunas categorías fue de cerca del 100%.
La clase obrera debió esperar 34 años para que se repitiera un aumentó de esa dimensión. El nuevo salario mínimo implicaba que anualmente cerca de 2% del PIB de Honduras (200 millones de USD) pasarían de los bolsillos de los empresarios a los de la ciudadanía de a pie en Honduras. La disputa central por el reparto de la ganancia entre trabajadores y empresarios se resolvía con una redistribución del ingreso nacional en favor de las mayorías empobrecidas.
La reacción del empresariado trasnacional y nacional no se dejó esperar. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó un amparo legal ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de la Ministra Mejía del Cid redacté un borrador del escrito de respuesta en el que se justificaba la legalidad y la procedencia del aumento salarial y se rebatían uno a uno los argumentos del empresariado. La Corte desestimó el recurso del sector privado.
Durante el primer semestre de 2009 el poder político y económico empresarial concentrado de Honduras desarrolló una clásica campaña anticomunista desde los medios de comunicación corporativos, con campos pagados suscritos por asociaciones apócrifas y ONGs financiadas desde el exterior.
En junio de 2009 el poder judicial decidió prohibir la consulta popular programada para el domingo 28 de junio por el gobierno- denominada la “4ta urna”-; que indagaría si las mayorías estaban a favor de consultar a la población en las elecciones de noviembre 2009 sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, para refundar la Nación. Ante la prohibición el gobierno de Zelaya, acuerpado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, reafirmó la apuesta por la consulta popular.
En 1975, unos meses después del aumento al salario mínimo, y mientras se planeaban nuevas expropiaciones de tierra a la compañía bananera Standard Fruit Co. “Chiquita Banana”; el presidente López Arellano fue obligado a renunciar luego de que se desató un escándalo mediático, el Bananagate, revelando el soborno de 2.5 millones de USD que había recibido de la empresa bananera para no incrementar el impuesto por caja de banano. La información fue convenientemente filtrada a la prensa por la misma empresa bananera responsable del soborno y que a la larga fue eximida de responsabilidad.
La madrugada del 28 de junio de 2009, unos meses después del aumento histórico al salario mínimo y luego de que el gobierno había resuelto devolver a los campesinos del Valle del Aguan tierras que empresarios les habían arrebatado; el poder económico y eclesiástico conservador y las Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe cívico militar. Simularon la renuncia del presidente Zelaya, lo secuestraron y trasladaron a Costa Rica – previa parada técnica en la base militar Estadounidense de Palmerola en Honduras. Este sería el punto de partida de un prolongado movimiento social y político de resistencia liderado por el Frente Nacional de Resistencia Popular.