Las entidades que participaron del encuentro De Cara al Río, pidieron dar numerosos pasos para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Tras un relevamiento y tra­bajo territorial realizado en la Cuenca Matan­za- Riachuelo, las organizaciones realizaron un  texto que busca decretar “la emergencia sanitaria” como “una de las prioridades”.

Entre las organizaciones que participaron, estuvieron presentes el Foro Hídrico de Lomas de Zámora; Fren­te Sur Cooperativa de Recicladores; Centro Cultural La Casa de Fiorito; la Comisión de Inundados de Cuar­tel IX; PyMEs Sur; Grupo de Economía y Trabajo de la Universidad de Lanús y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

“Todos los recursos y la actividad estatal deben estar avoca­dos a terminar con esa emergencia sanitaria y de salud. Es flagrante el incumplimiento al compromiso de atención primaria de la salud”, manifestaron en el texto.

Asimismo, solicitaron de mane­ra inmediata “mejorar y completar las redes de agua potable, construir las redes de desagües cloacales, instalar plantas compactas de trata­miento de líquidos cloacales, mejo­rar y completar los sistemas de de­sagües pluviales para evitar las fre­cuentes inundaciones”.

Cuestionaron, además, “la falta de cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Cor­te Suprema de Justicia de la Na­ción”, como también “la decisión del limitar la representación de to­dos los que vivimos en la Cuenca”.

Consideraron, que “deben re­discutirse en su integralidad los mecanismos de participación de la ciu­dadanía”, y “la necesidad de enfrentar problemáticas desde una mirada integral”.

Un vehículo de la empresa encargada de sanear y limpiar el Riachuelo fue denunciado por arrojar residuos en el río que separa a la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano Bonaerense. Denunciaron a la funcionaria a cargo de Acumar.

Todo comenzó cuando un vecino denunció el sábado pasado que un móvil de la Guardia Comunal de Florencio Varela que se encontraba patrullando la zona, se acercó al lugar y encontró al vehículo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), proveniente del partido de Almirante Brown, arrojando basura.

Por el hecho, el concejal Daniel García demandará  penalmente a la funcionaria a cargo de ACUMAR, Gladys González, por sospechar de alquilar ilegalmente los camiones de residuos.

Según trascendió, se incautó el camión y se labraron las actas correspondientes, en cuya causa intervienen los Juzgados Nº 1 y 3 por arrojo ilegal de residuos en vía pública, obstrucción de tránsito y falta de documentación para circular.

Esta información se conoció tras una reunión que mantuvo el intendente Julio Pereyra con funcionarios municipales para tratar temas relacionados a lograr mejoras en la higiene urbana y la erradicación de basurales.

Tras este episodio, el presidente de la corriente PRO Línea Fundadora y concejal de Avellaneda, Daniel García, anunció que, más allá de las mencionadas actuaciones judiciales que ya se tramitan, "esta semana, asistido por el Dr. Luis Aliana, radicaremos una denuncia penal en los juzgados de Lomas de Zamora".

El dirigente explicó que "además de castigar el hecho irregular de arrojar residuos de manera ilegal, es necesario investigar si la titular de Acumar, Gladys González, alquila los camiones que son propiedad del Estado".

El cambio de gestión derivó en el vaciamiento la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo, que ahora maneja la candidata del PRO Gladys Gonzalez, realizó en 2016 con los mismos recursos del año anterior, sólo un 30% operativos sanitarios. Además, se redujeron un 61,9% las prestaciones brindadas y un 60,2% la cantidad de personas atendidas.

La atención sanitaria para la población que vive en las inmediaciones del Riachuelo dispuesta por el ACUMAR sintió fuerte el cambio de Gestión. Es que en 2016 bajó más de un 60%, teniendo los mismos recursos que el año anterior. En 2015 fueron asistidas 32 mil personas y el año pasado sólo se atendieron 13 mil.

Además cayó la dosis de vacunación dispuesta por el organismo que ahora está bajo el mando de Gladys Gonzales, una de las candidatas elegidas por Vidal para estas elecciones, de 14 mil a 7 mil. Las personas vacunas pasaron de 2.638 a 726, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.

"El abandono de esta responsabilidad implica un enorme riesgo para esos niños y para toda la población, por el reconocido carácter comunitario de las inmunizaciones", señaló la Fundación.

En este sentido el recorte se dio debido a que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar, mantuvo los mismos recursos nominales en ambos años. Hubo, además, reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales porque fueron desplazados o se los dejó sin funciones.

En el 2008, después de la intimidación de la Corte Suprema, que pidió que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; que se logre la recomposición del ambiente de la cuenta y que se prevengan los posibles daños, el PISA desarrolló el Plan Sanitario de Emergencia (PSE). De esta manera se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis.

Sin embargo, con el cambio de gestión, mientras que en 2015 se realizaron 145 operativos con las Unidades Sanitarias Móviles, en 2016 sólo se hicieron 44; el número de personas atendidas bajo más de la mitad, pasó de 31.967 a 12.721, y la cantidad de vacunados que en su mayoría son chicos pasó de 2.638 a 726.

El organismo estatal dio el visto bueno para que las fábricas que se ubican en las costas puedan arrojar elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín, entre otros. Fuertes críticas desde el Consejo Deliberantes de Avellaneda.

Las cinco ONG que integran el Cuerpo Colegiado de la Corte Suprema para controlar sus disposiciones en torno al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cuestionaron una resolución de Acumar que autorizó a las empresas a descargar sobre los ríos siete sustancias que habían sido prohibidas hace más de veinte años.

Los representantes del Cuerpo Colegiado se reunieron hoy con la titular de Acumar, Gladys González, a quien le presentaron varios documentos, uno de los cuales analiza la resolución 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.

Las tablas de límites que figuran en los anexos de la resolución sumaron contaminantes orgánicos persistentes a los elementos tóxicos que ya estaban autorizados. Son siete: aldrin, clordano, DDT, dieldrín, endosulfán, endrín, heptacloro, lindano y paration.

La mayoría fueron prohibidos en los años 90, aunque muchos ya figuraban en leyes de hace décadas, como la 18.079, que en 1969 prohibió el uso de ciertas sustancias en el tratamiento de praderas y de algunas especies animales.

Desde el Concejo Deliberante de Avellaneda, las críticas no se hicieron esperar y durante la sesión de hoy, el concejal macrista Daniel García, adversario político de Gladys González, afirmó que "este hecho demuestra que desde detrás de un escritorio también se puede ejercer violencia", ya que "con esta autorización de González para verter sustancias tóxicas se puede matar mucha gente".

El titular de PRO Línea Fundadora agregó que "Gladys González debe dedicarse más a gestionar y no tanto a internas y candidaturas".

Se trata de 57 trabajadores despedidos que cumplían funciones en la Dirección General de Salud Ambiental. Ademas, los trabajadores denuncian vaciamiento del organismo y temen más cesantías.

Según la información que llegó a Primereando, de parte de los trabajadores, en el organismo se fue dando un proceso de vaciamiento, recortes en los programas y hostigamiento hacia el personal que fueron reduciendo el número del mismo, culminando este mes con el despido de 57 trabajadores. El sitio Infogremiales publicó que los despidos fueron comunicados por las autoridades del organismo el viernes 24 de Febrero y que se hicieron efectivos 1° de marzo. Entre ellos hay trabajadores con varios años de antigüedad en sus labores.

Proceso de vaciamiento de Acumar

De acuerdo con la información suministrada, Acumar tiene 12 unidades sanitarias móviles de salud que recorrían la Cuenca Matanza Riachuelo, además de 11 unidades (postas de salud) fijas y al comienzo de la gestión Cambiemos tenía 450 trabajadores. En el transcurso del año pasado por el hostigamiento y la incertidumbre hubo despidos indirectos porque los trabajadores empezaron a renunciar por desgaste.

En total después de los despidos indirectos quedaron 240 contratados en el área de salud, comprometiendo las tareas del organismo para cumplir la manda judicial. Con los despidos de la última semana, la planta original se verá reducida a menos de la mitad.

En relación a la atención en el territorio, los trabajadores denuncian que se redujeron la cantidad y la calidad de los operativos y se dejó de hacer Atención Primaria de la Salud, que era la principal razón para que circularan las Unidades Sanitarias.

“En un principio el director de salud de la nueva gestión (Seoane) no quiso que los camiones salieran a territorio, hasta que no pudo sostenerlo políticamente y tuvo que sacar algunos", nos manifiesta uno de los trabajadores.

Además, nos cuentan que con la nueva gestión el cambio en salud fue totalmente radical ya que antes se estaban realizando 3 o 4 operativos, con 3 unidades sanitarias móviles en cada uno, manteniendo todas las prestaciones: medicina general, pediatría, enfermería, vacunación, obstetricia y ginecología. Salían los camiones de odontología (haciendo tratamientos completos). También con el cambio de gestión dejo de funcionar el camión de diagnóstico por imágenes y el oftalmológico.

En esta última etapa se dejó de hacer atención primaria de la salud y eso hizo que muchos médicos y obstetras debieron renunciar.

"Por último comenzaron los despidos, pidiendo que los propios trabajadores hagan las listas de quienes seguían y quienes no", nos dice uno de los trabajadores que pasó a integrar la lista de los 57 despedidos.

Ferraresi le envió una carta a Gladys González por el abandono del Riachuelo por parte de Acumar

En una carta dirigida a la presidenta del organismo, Gladys González, el intendente de Avellaneda alertó sobre la decisión del organismo nacional de no renovar los convenios con el municipio y la consecuente interrupción desde febrero de las tareas de saneamiento y limpieza que se venían llevando a cabo en toda la zona.