El fiscal que imputó a Mauricio Macri en la causa por el Correo fue desplazado de su cargo

Por orden del procurador interino que reemplazó a Gils Carbó, el fiscal del Correo Gate fue desplazado de la Fiscalía Federal 8.

Haz lo que yo digo… Este viernes, mediante la publicación de la Resolución 69/18 el procurador interino, Eduardo Casal, desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la Fiscalía Federal 8 en Comodoro Py, donde había sido dispuesto por Alejandra Gils Carbó, primero como subrogante y luego como titular del tribunal.

En sus fundamentos Casal explicó que la decisión de su antecesora fue "ilegítima" y es por eso destaco que "el magistrado debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro". Además, "No puede pasar inadvertido que de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto del doctor Zoni, quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección y nombramiento de los integrantes de este Ministerio Público", agregó el procurador.

Juan Pedro Zoni fue quien imputó al presidente Mauricio Macri ante un presunto beneficio multimillonario a la empresa Correo Argentino. Además intervino en la causa por lavado de dinero contra el entorno del fiscal fallecido Alberto Nisman y el caso de tráfico de efedrina contra Ibar Pérez Corradi y funcionarios del Gobierno anterior. En consecuencia, asumirá el próximo 16 de abril en la Fiscalía Correccional 34 de la Capital Federal.

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En el Ministerio Público Fiscal no quieren saber nada que tenga que ver con Gils Carbó

A través de la Resolución 3/2018, el Procurador interino, Eduardo Casal, prohibió el uso del logotipo que el Ministerio Público Fiscal utilizaba durante la gestión de Alejandra Gils Carbó e impuso “como el único símbolo que debe identificar” al organismo al escudo nacional.

"Están llevando adelante una 'desgilscarbogización' en todos los aspectos, no quieren saber nada con la gestión anterior", confesó a Primereando Las Noticias en off un funcionario del organismo. "La nueva gestión propone una concepción que está más alejada de la gente, como pasaba en el antiguo ministerio público fiscal", describió.

La polémica resolución aseguró: “Se observa que en el devenir temporal de este organismo nuestro Escudo Nacional ha ido perdiendo presencia, al ser reemplazado en muchos casos por logotipos que apuntaron a la identidad visual, comunicacional e incluso a conmemorar los veinte años transcurridos desde que los constituyentes consagraron al Ministerio Público de la Nación como órgano independiente”.

Además, agregó el documento que se conoció hoy: “Más allá de las necesidades comunicacionales, de difusión o conmemoración oportunamente invocadas, es necesario unificar criterio al respecto y precisar que es el Escudo de la República Argentina, el único símbolo que debe identificar a este Ministerio Público Fiscal, en su condición de institución nacional”.

De esta manera, Casal impuso “a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación la adopción de toda medida dentro de su ámbito y competencia para ajustar la imagen e identificación oficial del organismo y su actuación” al uso del Escudo Nacional, entendiendo que “sólo su imagen la que puede acompañar su denominación y la de todas las dependencias que lo integran, incluida la misma Procuración General de la Nación, en los actos que expidan”.

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¿Será Justicia?

(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

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Para Rozanski, la renuncia de Gils Carbó demuestra que el Gobierno acentúa su “actitud mafiosa”

El ex juez federal, que condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, dijo que “es un día negro para la República” y consideró que la procuradora será “reemplazada por una voz en contra de los derechos humanos”.

Carlos Rozanski se solidarizó hoy con la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien se vio obligada a renunciar tras una dura persecución política y judicial por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

“Es un accionar mafioso desde el comienzo, ni siquiera han cuidado las formas”, sostuvo el ex juez federal de La Plata, y agregó: “Es un día negro para la República”.

Para Rozanski, cuando la procuradora deje su cargo el próximo 31 de diciembre, será “reemplazada por una voz en contra de los derechos humanos”.

También advirtió que el macrismo tiene como estrategia “disciplinar al poder judicial” porque su “misión” es “llevar adelante un plan económico exactamente igual que el de la dictadura”.

“Hay una identificación clarísima con la época de la dictadura, tiene que ver con una comunidad ideológica”, completó en diálogo con FM Cielo de La Plata.

Rozanski presidió hasta diciembre del año pasado el Tribunal Oral N° 1 de La Plata, donde condenó a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich y a otros represores. Tras denunciar una “manifiesta intención persecutoria” del Consejo de la Magistratura, decidió renunciar y acogerse al régimen jubilatorio.

“Para que la procuradora, con el tipo de persona que es, termine renunciando es porque verdaderamente esta actitud mafiosa se acentúa”, señaló el ex magistrado y aseguró que los organismos internacionales de derechos humanos “están preocupados”.

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Para reemplazar a Gils Carbó, Macri quiere a un hombre cercano a Angelici

Según trascendió, uno de los hombres elegidos sería Raúl Pleé, actual fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Pleé trabajó en la seguridad en Boca Juniors durante las gestiones del macrismo.

Pleé mantiene además una excelente relación con Daniel Angelici, presidente del club xeneize y operador judicial de Macri. Sin embargo, hay que ver cómo juega en la interna Elisa Carrió, que mantiene una disputa con Angelici. ¿Aprobará la llegada de Pleé?

Más allá de las internas de Cambiemos, habrá que ver la opinión del peronismo en Senadores. Se necesitan dos tercios para elegir a un Procurador General. Por ahora, picó en punta un hombre con muy buen diálogo con el oficialismo que fue nombrado secretario de un juzgado nacional durante la última dictadura (en 1977).

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El Gobierno logró su cometido: Gils Carbó renunció por las presiones oficiales

Finalmente, el Gobierno nacional logró su cometido: desplazar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria emitió una carta al presidente donde presentó su renuncia, que será efectiva el 31 de diciembre. Desde diciembre de 2015, el macrismo presionó a Gils Carbó para que diera un paso al costado.

Hoy, la funcionaria difundió una carta dirigida al presidente Mauricio Macri: "A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal". Desde diciembre de 2015, el gobierno se había propuesto sacar del medio a la jefa de los fiscales de la Nación, molesto por las causas de corrupción en su contra.

El asedio incluyó hasta el intento de desplazarla por decreto, medida que el Gobierno evaluó. Finalmente, Gils Carbó renunció luego de un procesamiento dictado por el juez macrista Julián Ercolini, por la compra de un edificio.

Ahora, para elegir a un nuevo Procurador será necesario que el Ejecutivo envíe una propuesta al Congreso nacional. Se necesitan dos tercios para la elección del sucesor.

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El hostigamiento de Macri surtió efecto: renunció Gils Carbó

La procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia al Presidente “con efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año”, luego de una extensa ofensiva del Gobierno.

La decisión fue comunicada a través de una carta fechada hoy, 30 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires, dirigida a Mauricio Macri.

En la misiva Gils Carbó advirtió que su permanencia en el cargo implicarían reformas de parte del Gobierno nacional que afectarían la independencia del Ministerio Público y que por eso decidía dar un paso al costado.

La decisión llegó minutos antes de que el Presidente presente una batería de reformas, entre las que se encuentra una modificación de la ley de Ministerio Público que buscaba la salida de la jefa de fiscales.

Es otro de los pasos de Cambiemos para sumar una justicia adicta, que ya contó con el papelón del nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto, la persecución a aquellos que fallaron contra la visión del Ejecutivo y una batería de fallos y decisiones a medida del poder político.

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Otra de la justicia PRO: habilitan a Macri a echar a Gils Carbó por decreto

Un poémico fallo del juez Pablo Cayssials consideró “inconstitucional” un artículo de la ley de ministerio público y no sería necesario recurrir al juicio político. Ahora Macri podría removerla por decreto.

El juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político. De esta manera, con un polémico fallo habilitó al gobierno de Mauricio Macri a echarla por decreto.

El juez Pablo Cayssials avaló la remoción de la funcionaria, nombrada durante el gobierno de Cristina Kirchner, sin que sea necesario acudir al mecanismo del juicio político.

El magistrado consideró “inconstitucional” un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en cuanto a la forma de remoción de su cargo. El fallo no está firme ya que puede ser apelado por la defensa de Gils Carbó.

Esta decisión se da a conocer luego de que la Procuradora General de la Nación fuera procesada por el juez federal Julián Ercolini por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la compra del edificio del organismo en la calle Perón 667, por el cual se pagaron 44 millones de pesos.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, le pidió a la jefa de los fiscales que "se tome licencia" hasta que se resuelva su situación judicial y confirmó que su proceso de destitución será "un tema central" en la agenda parlamentaria tras las elecciones legislativas.

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El macrismo sigue presionando a la Justicia: “Gils Carbó debería pedir licencia”

Lo dijo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien además, aseguró que desde el Gobierno, “hemos pedido que dé un paso al costado y nos mantenemos en esta posición".

De esta manera, el oficialismo vuelve a atacar a la Justicia que no le responde: esta vez, a la Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Al Gobierno le molestan las investigaciones judiciales que llevan adelante algunos fiscales, que el macrismo identifica con Gils Carbó.

El Ejecutivo señala a la Procuradora por supuestas irregulares menores en la compra de un edificio de esa institución. Se espera que esta semana el juez macrista Julián Ercolini procese a Gils Carbó. Igualmente, la funcionaria aseguró que no piensa renunciar.

En diálogo con Radio Continental, el ministro de Justicia fue por más, al afirmar que la titular del ministerio público fiscal "nunca ha tenido una línea de apoyo a las víctimas, ni contra los hechos de corrupción, o contra la delincuencia común. Se dedicó a otras cosas. Necesitamos un procurador que acompañe a las víctimas, y si tenemos un procurador sospechado de corrupción, difícilmente haga esto".

Si no renuncia, Gils Carbó sólo puede ser desplazada por un juicio político llevado adelante por el Congreso. En algún momento, el macrismo evaluó la posibilidad de desplazarla a través de un decreto, lo que generó críticas de opositores y aliados.

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Escobar: un fiscal clave para Cambiemos puso a su hijo en la lista macrista

Se trata del fiscal federal Eduardo Taiano, cuyo hijo, Federico, integra la lista de Cambiemos en Escobar. Se encuentra en el séptimo lugar, por lo cual la tiene difícil para ingresar como concejal. ¿Quién es Taiano?

El fiscal tiene dos causas clave para el Gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, investiga la muerte de Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015. Por otro, y más importante, lleva adelante una causa contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria denunció que “Taiano está sufriendo enormes presiones para citarme a indagatoria y para que solicite mi procesamiento”. Es sabido que Gils Carbó es considerada la principal enemiga judicial de la administración de Cambiemos.

El macrismo intentó sacar por decreto a la jefa de los fiscales federales, pero debió desistir por las críticas de opositores y algunos aliados, como la propia Elisa Carrió. Ahora busca presionar a la Justicia para que la procese y forzar así una renuncia de Gils Carbó, quien ya aclaró que no piensa dar un paso al costado. La otra opción que tiene el oficialismo es avanzar con el juicio político en el Congreso, pero para eso necesita los dos tercio de los legisladores.

La situación de Taiano roza un límite ético: ¿Está bien que un fiscal con causas sensibles al oficialismo tenga un hijo como candidato de esa misma fuerza? ¿No podría interpretarse como un intercambio de favores?

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