Organizaciones de Derechos Humanos de Bahía Blanca denunciaron la posible designación de un defensor de militares y civiles de la última dictadura acusados de delitos de lesa humanidad como fiscal federal. “No convaliden con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, expresaron.

Mauricio Macri busca designar como fiscal federal a Santiago Ulpiano Martinez, de Bahía Blanca, actual subrogante en el Juzgado Federal 1, desde junio de 2012. Según InfoCielo su actuación pasó por rechazar los pedidos de indagatoria a ex represores del ejército y lograr la impunidad de un ex capellán de la fuerza, que terminó sus días sin un juzgamiento, pese a ver sido cómplice de torturas a estudiantes secundarios. Ademas, Martínez también se las ingenió para beneficiar a Vicente Massot, el por entonces dueño del diario La Nueva Provincia, por estar investigado en complicidad por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

En consecuencia, organismos de Derechos Humanos le piden al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad”, lo que de lo contrario significaría un verdadero “retroceso”. En un comunicado firmado por varios organismos, como HIJOS, APDH, la Red por la Identidad bahiense y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, señalaron: “La actuación de Martínez como subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”.

Martínez se negó de la misma forma que con Vara, al llamado de su indagatoria de Massot por el asesinato de obreros gráficos. Cuando la Cámara Federal revirtió la decisión y ordenó su indagatoria, Martínez se corrió de la causa. Por lo que los organismos de Derechos Humanos manifestaron: “Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Azul continúa avanzando en la etapa de normalización encarada luego del fallecimiento de su anterior presidente Fernando “Nano” Wilhelm.

En este período de renovación, y a falta de sede propia, los actuales integrantes decidieron adoptar un sistema de reuniones itinerantes.

La noche del miércoles último, la sede elegida fue la antigua Papelera. Los miembros de APDH se entrevistaron con personal de la Cooperativa de Trabajo Pachi Lara, quienes relataron las dificultades que enfrentan para mantener en marcha el emprendimiento que actualmente da trabajo a unas 25 familias.

Allí, se acordó realizar en fecha próxima un festival destinado a acompañar y visibilizar la lucha de los trabajadores.

La Comisión Provincial Por la Memoria advirtió que anoche uniformados de la Policía Bonaerense detuvieron colectivos interurbanos en Quilmes y obligaron a todos sus pasajeros a descender. La misma práctica viene sucediendo en La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.

En el marco de un operativo policial realizado anoche en la estación de Quilmes agentes de la policía bonaerense detuvieron de manera sistemática colectivos interurbanos, obligaron a sus pasajeros a descender, los cachearon y requisaron de manera violenta.

La misma práctica ilegal y arbitraria también había sido denunciada antes en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría. La Comisión Provincial Por la Memoria denunció que estos hechos “que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito, constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático”.

El operativo policial desplegado anoche en la estación de Quilmes se concentró en las paradas de la línea 263 y 281. Allí, los efectivos policiales detenían los colectivos, obligaban a bajar a todos los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo y los cacheaban. Además revisaban todas las pertenencias personales y exigían documentos. Si alguno no lo presentaba se le impedía volver a subir.

El hecho registrado y documentado por integrantes de la APDH, se inscribe en una serie de denuncias similares en otras localidades de la provincia de Buenos Aires que dan cuenta de un dato preocupante: la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas.

Operativos similares se registraron en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, en al menos once puntos rotativos y en distintos horarios. Pasajeros de micros de la empresa Plaza o de la línea 275 padecieron el mismo procedimiento: hacer descender a los hombres, ponerlos en fila de espaldas al micro, con las manos arriba, para ser luego revisados ellos y sus pertenencias. En ningún momento informaron los motivos del operativo más allá de que varios pasajeros lo solicitaron, ni mostraron orden judicial alguna.

“Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientación que ya ha probado su ineficacia: la mano dura. Lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos”, denuncian desde el organismo de Derechos Humanos provincial.

“Mientras tanto, los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena. Por esto, en la semana próxima la CPM avanzará en una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Legislatura provincial para que se detengan estas prácticas”, concluyen.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de La Plata y la Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense (ATE), reclamaron la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, tras la suspensión del que debía comenzar el próximo viernes por los crímenes de la ultraderechista y paraestatal Concentración Nacionalista Universitaria (CNU).

"Aunque el gobierno nacional y el provincial han dicho que las causas van a seguir, que el gobierno va a seguir siendo querellante en las causas, se necesita mucho más que eso, se necesitan muchos recursos que venimos reclamando y hoy no están en el poder judicial”, dijo Marta Vedio, titular de la APDH.

En conferencia de prensa que compartió con Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE provincial y Emiliano Hueravillo, director de derechos humanos del sindicato de estatales, entre otros, Vedio citó como ejemplo que "en La Plata hace tiempo que se ha creado el Tribunal Oral (Federal) número 3 y nunca se constituyó".

"Y por otra parte, el juicio a (imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos por) la CNU (en La Plata) tuvo que ser suspendido porque uno de los jueces subrogantes pidió una licencia y no sabemos quién va a integrar el tribunal y cuando se va a hacer el juicio”, señaló.

Vedio aludió además a lo que consideró “señales negativas muy concretas del gobierno, como son la concesión de prisiones domiciliarias, como la otorgada a (el represor Miguel) Etchecolaz".

"Esto lo vemos como una señal frente a la que creemos que hay que alzar la voz, dado que no hay argumentos que habiliten tales beneficios porque son genocidas que han cometido delitos gravísimos, tienen sentencias firmes a prisión y por lo tanto deben cumplirlas”, añadió.

La titular de la APDH reclamó “a las autoridades que dediquen a los juicios de lesa humanidad todos los recursos que se necesitan y la decisión política para darles continuidad y garantizar el cumplimiento de las penas”.

Por su parte, Díaz ratificó en nombre de ATE el "compromiso y responsabilidad de seguir exigiendo justicia bajo la bandera de memoria, verdad y justicia, teniendo en cuenta que los trabajadores hemos sido los principales perjudicados por la represión estatal en los años negros de la dictadura".

Emiliano Hueravillo destacó a su vez que "es muy importante que se avance con los juicios de lesa humanidad” y sostuvo que se registra "en los últimos meses una situación muy crítica, donde están parados los juicios, que se están atrasando por la falta de decisión política desde el Ejecutivo. Queremos que se continúe con los juzgamientos para ver a los genocidas en cárcel común y perpetua”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, (APDH) de La Matanza realizó hoy una conferencia de prensa en la que brindo detalles del juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco en un destacamento policial.

Por el caso hay cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 y que comenzará el próximo 16 de marzo.

Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza, estuvo acompañado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los abogados Alejandro Bois y Christian Blanco, patrocinantes de la familia Blanco e integrantes de la Asamblea.

José Schulman señaló que "a cuarenta años del último golpe de estado estamos aquí para decir Nunca Más a la violencia estatal", al tiempo que consideró que "la causa que nos convoca es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en Seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en 2014, y con la constitución por decreto las policías locales.

Todo esto generó una situación, para finales de 2015, que la Comisión Provincia​l​ por la Memoria caracterizó como un 'colapso de los derechos humanos'".

Nora Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

Pablo Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre, Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero. Esto es grave, porque si logramos denunciar este caso de Gabriel Blanco se va a caer una política de persecución y venganza que se va a dar territorialmente, como en Jujuy con Milagro Sala. Lo que va a pasar con la causa de Gabriel Blanco se va a dar en La Matanza, un lugar que marca tendencia en lo político y social."

Respecto de las últimas decisiones del TOC 5 que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería"; al mismo tiempo que "nos niegan la recusación del TOC 5 a quien consideramos parcial. Ahí es donde comenzó a obrar esta nueva administración que no le importa en absoluto lo que significa la defensa de los derechos humanos".

"Hay que revertir esta situación con la construcción de contrapoder popular, debemos estar juntos para el comienzo del juicio el 16 de marzo y la marcha del 24, una movilización que avance y no pare", sostuvo Pablo Pimentel.

El doctor Alejandro Bois expresó que "es difícil lograr Verdad y Justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad". Como antecedentes del TOC 5 Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".

Bois reseñó que "muchas de nuestras conclusiones se nutren de la reconstrucción ahora anulada, la misma que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa". Entonces, este Tribunal "no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta" y además nos señala que por nuestros planteos de parcialidad podemos caer en una infracción a la ética profesional de los abogados". "Así -agrega- el resultado del juicio está un poco anticipado". "El caso de Gabriel Blanco es emblemático respecto de lo que puede pasar con un chico marginado", definió Alejandro Bois.

El doctor Christian Blanco se refirió a "un cambio de paradigma" respecto de las decisiones judiciales como la validez de la reconstrucción del hecho y la prisión de los acusados hasta el momento del juicio oral y público, ambas cuestiones revocadas por el TOC 5.

El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones.

Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.

Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales.

Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.

El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.

La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.

Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.

Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo.

Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:

– Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.

– Declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.

De la conferencia de prensa brindada hoy participaron además medios de comunicación alternativos, organizaciones políticas, sindicales y sociales como La Garganta Poderosa; SUTEBA-Seccional La Matanza; HIJOS-La Matanza; Nuevo Encuentro-La Matanza; Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Todos contra la impunidad; Bachillerato Popular Coihue; Asociación Justicia por Franco Zárate; Asociación Civil Yanapacuna y el diputado provincial Miguel Funes (FPV). También adhirieron a la convocatoria el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Así lo hicieron los magistrados junto a víctimas y querellantes del juicio que se lleva a cabo en esa ciudad bonaerense, con 25 acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 66 personas.

Los jueces José Triputti, Martín Bava, Jorge Ferro, junto con un grupo de colaboradores, participaron de la inspección ocular en el predio de la base de Infantería de Marina denominada "Baterías", uno de los lugares de Puerto Belgrano que los testigos señalaron como centro clandestino de detención de la última dictadura.

"Junto a los jueces y sus colaboradores, participan de la inspección ocular el fiscal José Nebbia, de la Unidad de Derechos Humanos (de Bahía Blanca) y representantes de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros", dijeron fuentes judiciales a la Agencia de Noticias Télam.

Las inspecciones judiciales continuarán mañana en la Base Naval de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en todo el país, y la semana próxima será el turno de la Base Aeronaval Comandante Espora, cerca de Punta Alta y un día después en la Prefectura de Ingenio White, próxima a Bahía Blanca.