En una resolución que complica al Presidente, el juez federal Ariel Lijo no hizo lugar a los planteos realizados la defensa de Mauricio y el abogado de la empresa y rechazó anular el caso.

Por unanimidad, la Sala I de la Cámara Federal le concedió la excarcelación al ex vice presidente Amado Boudou por la causa de los viáticos truchos en el Ministerio de Economía, y quedará en libertad en las próximas horas.

Al coincidir en que el ex vicepresidente, Amado Boudou, debe quedar en libertad durante la investigación, los camaristas Eduardo Farah, Leopoldo Brugli y Rodolfo Pociello Argerich, le otorgaron la excarcelación.

A su vez, tanto Farah, como Pociello, criticaron duramente al juez Ariel Lijo, por mantener detenido a Boudou sin resolver su situación procesal durante dos meses.

En el día de ayer, en un fallo dividido,  había sido excarcelado en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

El diario La Nación informó que el presidente Mauricio Macri se reunió con Gustavo Arribas, de la ex SIDE, Gustavo Garavano, ministro de Justicia, y con Daniel Angelici, uno de los operadores judiciales de Cambiemos. ¿El motivo? Acordar la estrategia para presionar sobre el juez federal Ariel Lijo, que lleva adelante la causa por el Correo Argentino, que tiene como imputado al propio Macri.

Tras esa reunión, se canceló el llamado al Consejo de Magistratura de Alfredo Lijo (foto), hermano de Ariel. "Freddy" es un operador judicial que, entre otras irregularidades, es señalado por tener cuentas en Suiza por 1,7 millones de dólares.

Con la suspensión, desde el macrismo buscan una negociación implícita con el juez federal Ariel Lijo, que podría resumirse así: "No te tocamos a tu hermano, vos no investigás el Correo Argentino". Se sabe: la causa del Correo investiga si el presidente buscó beneficiar con una condonación de deuda de 70 mil millones de pesos a la empresa de su familia. "Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien", aseguró La Nación que dijo Angelici sobre los hermanos Lijo.

Mientras tanto, Cambiemos le enviará otro mensaje a Lijo y a toda la justicia federal: la citación al Consejo de Daniel Rafecas, a quien se cuestiona por un fallo que disgustó a la Casa Rosada. El mensaje es claro y puede leerse con una metáfora futbolera: o jugás en nuestro equipo, o te desempeñas en el bando rival. Y como se sabe, al enemigo ni justicia.

(por Andrés Fidanza) Con el envión amarillo de las legislativas, el gobierno amenaza con incluir a una parte de Comodoro Py en su reformismo permanente. Lo hace veladamente, a través de un lenguaje que jueces y fiscales decodifican a la perfección. Entre los actores judiciales figura a la cabeza el supremo Ricardo Lorenzetti, quien ya prometió una serie de recambios menores, en fidelidad con el renovado clima de época. Así, el manipulite acelerado y de trazo grueso contra el kirchnerismo es, en buena medida, hijo de esa entendimiento mutuo.

Por debajo de la jactancia sobre la independencia de poderes, una ONG trabaja a pedir del gobierno. Se trata de Será Justicia, una asociación tan cercana al macrismo como a los estudios de abogados más poderosos de la Argentina y al muy conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

La renuncia inducida de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou y la suspensión del camarista Eduardo Freiler fueron empujados por esa ONG. Uno de sus principales dirigentes, Guillermo Lipera, incluso se postula para reemplazar a Gils Carbó en la Procuración. Moderador de un inédito panel sobre agenda judicial en el último coloquio empresario de IDEA, Lipera integra el enorme estudio Bulló.

Otra de las fundadoras de Será Justicia es la abogada Eugenia Talerico, elegida por Mauricio Macri para ser la vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (la UIF, más conocida como oficina anti-lavado). Talarico sorteó con éxito los cuestionamientos que le llovieron al momento de su postulación, a raíz de sus anteriores vínculos con el banco HSBC, denunciado por evasión, lavado de dinero y asociación ilícita.

Fundada hace cinco años, Será Justicia es una suerte de desprendimiento aggiornado del Colegio de Abogados de calle Montevideo. Desde su creación, funcionó como su pata militante y política. Pese a su breve trayectoria, en lo últimos meses demostró su banca y capacidad de influencia. En el Consejo de la Magistratura colaboró con dos denuncias contra un juez que integraba la lista negra del oficialismo: el camarista Eduardo Freiler, ya suspendido y con pronóstico reservado. A su vez ayudó para cumplir con una de las obsesiones que tenía Mauricio Macri desde que asumió: que Gils Carbó dejará de ser la jefa de los 400 fiscales del país.

A fines del año pasado, presentó una demanda contra el Estado. Reclamaba que se declarara inconstitucional la vía del juicio político para remover a la procuradora. Un planteo hecho a pedir del oficialismo, al punto de que el ministro de Justicia Germán Garavano lo avaló.

Semanas atrás, junto al mismo Colegio de Abogados y a la ONG Usina de Justicia, Será Justicia volvió a presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Ahí acusó a los jueces Lijo y Daniel Rafecas de cajonear algunas causas. En especial, las orientadas contra los ex funcionarios kirchneristas.

Parado en la montaña de su mejor momento, el macrismo se ve poderoso, seguro de sí mismo, razonado en sus políticas (de ajuste) y plebiscitado socialmente. Prácticamente eterno. Frente a esa auto-percepción, el sainete de los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren con sociedades offshore en paraísos fiscales le resultan temas insignificantes. La mega-filtración completa de los Paradise Papers casi no le merece opinión alguna. Casa Rosada da por descontado una resolución similar a la de Mauricio Macri con los Panamá Papers. Hace dos meses, la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa en su contra por lavado de dinero.

Las acusaciones por evasión y explotación laboral contra Luis Miguel Etchevehere, quien saltó fluidamente desde la presidencia de La Sociedad Rural hasta el ministerio de Agroindustria, también le parece una cuestión menor. Una trama destinada a ser diluida, olvidada y archivada judicialmente. Ahora, como otras veces a lo largo de la historia, el gobierno no puede, no quiere ni tiene interés en percibir un desenlace diferente.

Tras conocerse la denuncia que el Colegio de Abogados de la Ciudad y la asociación Será Justicia en el Consejo de la Magistratura contra el juez por el supuesto "cajoneo" de causas, en el día de hoy la ex esposa de su hermano, Alfredo Lijo, presentó información de una cuenta bancaria por la que habrían pasado 1,7 millón de dólares.

Según la denuncia de Carla Lago, ex esposa del hermano del juez federal Ariel Lijo, la millonaria cuenta suiza del Royal Bank of Canadá está a nombre de “The Settimo Trust”, un fideicomiso con domicilio en Auckland, Nueva Zelanda. Todos los bienes incluidos fueron cedidos a sus hijos.

Sin embargo, Alfredo Lijo aclaró que no tiene ninguna cuenta en Suiza y que todos sus bienes están declarados.

"Si yo, Alfredo Lijo, estuviera legalmente incapacitado, y durante el lapso de mi incapacidad el fiduciario autorizara la transferencia de fondos necesarios para cubrir mi mantenimiento mensual, dicha transferencia no será inferior a US$ 5000 por mes", escribió en una "carta de deseos" firmada en enero de 2015.

De acuerdo al diario La Nación, el hermano del juez fijó en esa carta las reglas para transferir los activos de The Settimo Trust a través de Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso, en caso de enfermedad o muerte.

Las presiones sobre el magistrado que se encargó de detener al ex vicepresidente Amado Boudou sin juicio ni condena –tras la denuncia del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación macrista Será Justicia- recién comienzan.

Cabe destacar que Alfredo Lijo está siendo investigado por el vínculo con dos sociedades del camarista Eduardo Freiler, quien procesó a Mauricio Macri por las escuchas ilegales y hoy es sometido a juicio político. Además, su ex mujer, dijo que fue nombrada en la financiera Minning Pride a pedido de él, al tiempo que presentaron ante el Consejo de la Magistratura unos mails que involucrarían al hermano de Ariel Lijo como dueño de balnearios en Necochea, también como socio de Freiler.

Se trata de dos presentaciones ante los tribunales de Comodoro Py. Una fue impulsada por el abogado del ex vicepresidente, Eduardo Durañona, quien apuntó contra la Prefectura por la difusión de las imágenes del arresto. En paralelo, el letrado Marcelo Parrilli denunció por el mismo hecho al juez Ariel Lijo y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Amado Boudou apeló el rechazo de la excarcelación del juez Ariel Lijo, al considerar que su detención fue “ilegal y arbitraria”, pero al mismo tiempo hizo una presentación para que se determine la responsabilidad por la difusión de las imágenes “denigrantes, indignas e infames” de su arresto.

En este sentido, su abogado, Eduardo Durañona, denunció ante los tribunales de Comodoro Py a la Prefectura Naval Argentina, encargada de llevar a cabo el procedimiento el viernes pasado en el departamento del ex vicepresidente.

No es la única denuncia por el tema. El abogado en derechos humanos, Marcelo Parrilli, demandó al juez Lijo y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En su presentación, Parrilli deja constancia que “cualquier hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable” y que “si se juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley”.

El abogado acusa a Lijo y a Bullirch por “los delitos de violación de los deberes de funcionario público y vejaciones”, así como a los funcionarios judiciales y las fuerzas de seguridad que “participaron en la detención del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el día 3 de noviembre de 2017”.

Parrilli recordó que Bullrich tiene “antecedentes similares en los casos de detención de otros funcionarios del gobierno anterior”, por lo que denunció “la existencia de una política sistemática, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinada a difundir ilegalmente imágenes también ilegalmente obtenidas en el momento de la detención de ex funcionarios”.

“Ello con el solo objeto de someterlos al escarnio y humillación públicos y sin vinculación alguna con cualquier necesidad del procedimiento de aprehensión”, expresó el letrado.

¿Qué pasaría si la Justicia utiliza la doctrina aplicada por el juez Ariel Lijo para el nuevo ministro de Agroindustria? El presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, acumula muchas denuncias en su contra. Desde evasión fiscal hasta la contratación en condiciones de esclavitud a peones rurales.

“Es gravísimo que Macri elija como ministro a mi hermano que tiene causas por evasión y lavado de dinero", aseguró Dolores Etchevehere, hermana del funcionario en una entrevista con FM La Patriada, según reseñó Página 12.

"Hay 17 causas (que involucran a Etchevehere) tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, en la Justicia ordinaria y Federal (…) Las empresas de mi hermano están todas intervenidas judicialmente, y los balances no están aprobados”, recordó la hermana del ministro nacional.

"Ellos trabajaban en el campo de mi hermano en condiciones de indigencia, sin baños. Ante esta denuncia, Luis los llevó a declarar frente a un escribano y les dio 10 mil pesos a cada uno para que se callen la boca”, describió Dolores sobre la acusación en torno a trabajo esclavo.

“Mis hermanos realizan maniobras fraudulentas en las empresas familiares de Entre Ríos. Fueron llamados a indagatoria, pero interpusieron una nulidad para que no se conozca la verdad sobre la información aportada por la AFIP”, cerró la mujer.

¿Qué pasaría si se aplica la doctrina que Lijo impuso para el caso de Amado Boudou? ¿Detendrán al ministro de Agroindustria?

Así lo aseguró el portal oficialista Infobae: el juez Ariel Lijo lo llamó ayer a la noche al presidente Mauricio Macri para informarle sobre la detenciòn arbitraria del ex vicepresidente de la Nación. "Es una degradación de la República", aseguró el constitucionalista Eugenio Zaffaroni sobre la detención.

"Infobae supo que el juez federal Ariel Lijo informó anoche a las 21:30 al Gobierno de la medida que había dispuesto y que Mauricio Macri fue puesto al tanto horas después, ya en la madrugada", escribió la periodista ultramacrista Silvia Mercado.

Lijo decidió detener a Amado Boudou porque entiende que puede obstaculizar a la Justicia ya que "mantiene relaciones con actores poderosos", según escribió en su resolución. Lijo investiga a Mauricio Macri por la causa del Correo Argentino. Si aplica la misma lógica: ¿Detendrá al mandatario? Su decisión causó sorpresa hasta a la propia fiscalía.

En declaraciones a la prensa, el constitucionalista Eugenio Zaffaroni dijo que "asistimos a la degradación de la República, entre shows mediáticos y comportamientos de tipo mafiosos", describió.

En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.

En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.

Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.

Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata.

Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.

En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia.

Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.

Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.

En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.

Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.

Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.

Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.