La normativa dispone considerar “enfermedad de carÃĄcter profesional”. Las prestadoras de servicio no podrÃĄn “rechazar la cobertura” para trabajadores exceptuados del aislamiento
El Máximo Tribunal dispuso que si un trabajador pierde un juicio “por su culpa”, deberá afrontar los gastos por honorarios profesionales que haya ocasionado el proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por "su culpa" debe pagar todos los gastos por costos profesionales que ese litigió ocasionó. Por ende, se hará cargo de los honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido.
Esta resolución de la CSJ se da en sintonía con el discurso instalado por el Gobierno, acerca de las supuestas “mafias laborales” que atentan contra el crecimiento de las empresas y la economía en el país.
Lo cierto es que la Corte falló a raíz de una denuncia de accidente laboral que había sido promovida por Enrique López contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales SA. El demandante sufrió una invalidez parcial, que no pudo constatarse.
De acuerdo con Ámbito.com, el trabajador había sufrido el accidente mientras concurría a su trabajo, y por eso reclamaba ante la justicia laboral que la ART de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos de trabajo.
Como López nunca pudo presentarse para ser examinado, la Justicia estableció que la culpa por la anulación de la causa fue del trabajador. En consecuencia, el Tribunal estableció que “cuando un trabajador pierde por su culpa un juicio laboral debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido", según informó el sitio oficial Centro de Información Judicial (Cij).
De esta forma, la Corte destacó que si el rechazo de la demanda se debió a la actitud del propio demandante, no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios que ese juicio originó.
Mientras el FPV-PJ intentó dejar sin quórum al oficialismo otro sector les facilito todo para que la reforma del sistema de ART termine convirtiéndose en Ley. Con el caso del Correo Argentino aún fresco la sesión fue por momentos caótica y se terminó de alborotar a raíz de la baja en las jubilaciones.
La reforma al sistema de Riesgos del Trabajo finalmente fue aprobada por escaso margen, en una sesión más que intensa, para colmo de males se filtró la noticia de que el Gobierno quería decretar la baja en las jubilaciones cuestión que alborotó aún más el recinto.
Con el apoyo del massismo, el bloque justicialista, el Movimiento Evita y Progresistas, que garantizaron el quórum, le permitieron al Gobierno aprobar la Ley.
Finalmente la reforma fue aprobada por 88 votos a favor (de Cambiemos y sus aliados provinciales), 23 en contra (de Progresistas, el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda, entre otros) y 44 abstenciones (del Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Movimiento Popular Neuquino). Los diputados del Frente para la Victoria – PJ (FpV-PJ) se quedaron de pie junto a sus bancas, sin votar, gritándoles para que dejen la sesión sin quórum a quienes se abstenían o estaban en contra.
La clave que perseguía el Gobierno era que le garanticen el quorum, y lo logró con la complicidad del Frente Renovador, el bloque Justicialista, el Movimiento Evita y Progresistas. Aunque votaron en contra pero sin el quorum de estas fuerzas políticas la reforma no salía. Además ayudaron para que Cambiemos pueda abrir la sesión con lo justo y 45 minutos después del horario fijado para la sesión. El diputado Felipe Solà se sentó en su banca, cuando espiraba el tiempo reglamentario, y finalmente se pudo iniciar la sesión.
Después el líder del FR, Sergio Massa, intentó tergiversar los hechos y declaró que: "Si el kirchnerismo se quedaba y votaba en contra, caía la ley. Salvaron al Gobierno". Opinión que por supuesto se cae por su propio peso. El FpV-PJ tenía 57 diputados y necesitaba 66 para que los votos en contra fueran más que los votos positivos.
El Frente para la Victoria-PJ presentó su propio proyecto alternativo y, al defender esa iniciativa, Recalde subrayó: "Otorga carácter optativo a la instancia previa administrativa, preservando el derecho de cada trabajador de acceder a la jurisdicción o someterse a la vía administrativa con carácter previo a someter la controversia a la vía judicial".
A la hora de ver como el oficialismo y una parte de la oposición jugaron de manera combinada los ejemplos sobran. El diputado massista De Mendiguren fue el elegido para hablar del principal argumento del oficialismo para la reforma del sistema de ART: el aumento de la litigiosidad que derivó en un incremento de los seguros que las empresas pagan por sus empleados. Héctor Daer, que forma parte del triunvirato de la CGT, sostuvo:" La realidad que padecen los trabajadores es que son víctimas permanentes de la falta de prevención. Es un proyecto que hubiéramos querido que comenzara con la prevención", pero el dipuatdo del FR defendió la reforma.
Desde el PRO, el diputado nacional Daniel Lipovetzky manifestó: "El proyecto mejora la situación de los trabajadores y sus indemnizaciones, y establece un mandato legal para que trabajemos en la prevención".
Luego en el anecdotario quedó la posición de Facundo Moyano (FR) y Margarita Stolbizer (Progresistas), que ya había sido anticipada por Primereando. La diputada Stolbizer señaló que la ley "cercena severamente el derecho que tiene el trabajador".
Un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) analiza las modificaciones establecidas por decreto por parte del gobierno nacional al régimen de las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART).
El reciente decreto de necesidad y urgencia del poder ejecutivo, relativo a la modificación de la Ley de ART concitó un amplio debate en la opinión pública. Por un lado, gravitaron los aspectos formales e institucionales, habida cuenta de que existía en el Congreso un proyecto de ley con media sanción del Senado vigente. Las críticas sobre el camino elegido para la modificación de la ley fue lo que, en gran medida, determinó la decisión de –una vez más- dar marcha atrás en un DNU y zanjar la discusión en el Congreso. Por fuera de los debates de superficie sobre la inconveniencia de elegir el atajo del decreto de necesidad y urgencia, en este artículo nos resulta importante llevar adelante una evaluación integral del actual régimen de ART y los efectos que tendría la nueva ley, en caso de sancionarse.
Según el análisis de los economistas de la UNDAV, el cambio en el régimen actual que impulsa Cambiemos avanza contra uno de los derechos civiles más fundamentales de las personas, impidiendo su acceso a la justicia, al complejizar el reclamo por el daño causado a su salud. El procedimiento administrativo le genera al trabajador un cúmulo burocrático de exigencias que no tiene ningún tipo de relación con cualquier otro daño que en el marco del derecho civil le podría efectuar un ciudadano a un tercero. En particular, se enmarca en un evidente proceso de flexibilización laboral, que mejora la posición relativa de las empresas (en particular de las ART), en detrimento de los trabajadores. En este punto es importante reflexionar que la litigiosidad no es una concesión graciosa a la que acceden los trabajadores, sino que tienen una causa concreta y gravosa para su bienestar personal. Esto tiene que ver con la cantidad de enfermedades laborales que las ART actualmente no reconocen, lo cual obliga a los trabajadores a accionar judicialmente contra las mismas.
La pérdida de derechos en base al nuevo decreto se configura a partir del aumento de la burocratización en el acceso al reclamo indemnizatorio. Es que el nuevo procedimiento obliga al trabajador a transitar por una comisión médica jurisdiccional (o local), y eventualmente a una instancia de apelación ante una comisión médica central. Recién después agotadas estas dos instancias, se puede recurrir a la justicia laboral. Este mecanismo ralentizará el reclamo y desincentivará a muchos trabajadores siniestrados a iniciar el proceso de demanda.
En relación a los profesionales de la salud, otro de los puntos polémicos del DNU es que concede a los titulares de las comisiones médicas atribuciones impropias, de carácter jurídico, como ser la determinación legal de la naturaleza de la lesión sufrida por el trabajador. Si esto se conjuga con el hecho de que los médicos de las comisiones no cuentan con una estabilidad laboral concursal, sino que dependen de las SRT, se enciende una clara luz de alarma. Ocurre que en la determinación de los profesionales suelen tener una participación importante las ART, que influyen por medio de políticas de lobbie, posicionando a quienes le son afines. Más aún, lo más probable para la dinámica futura de funcionamiento de estas comisiones es que trabajador no vaya a contar con un médico de parte que lo asista en las comisiones médicas, mientras que las ART sí contarán con un profesional propio que objete el grado del siniestro incurrido.
Según el informe de la UNDAV, otro aspecto no menor es el problema de la escasez de comisiones médicas en la gran mayoría de las provincias (en 14 hay una única comisión médica). Esta falencia, va a sumar un condimento extra de rigideces en la instancia primaria de realización del reclamo. Un detalle no menor es que todas denuncias que actualmente son dirigidas hacia la justicia laboral, bajo el nuevo sistema van a derivarse a las comisiones médicas, lo cual puede generar un cuello de botella peligroso. Por otro lado, cabe destacar que el esquema de comisiones para los profesionales letrados que asisten a los trabajadores en el proceso judicial, también va a tener una contradicción perniciosa. Esto se debe a que se pasa a eliminar la ligadura de los honorarios de los abogados al trámite subyacente, por lo cual se anulan también los incentivos de buena parte de los estudios jurídicos a tomar nuevos casos de demandas por incumplimiento de las ART. Con todo, uno de los mayores riesgos a futuro será la posible desviación por parte de las ART de las enfermedades laborales (aquellas que son producto del deterioro físico y mental del trabajador por la función ejercida), pasándolas a considerar como patologías pre existentes. Por tanto, uno de los efectos distorsivo que se especulan por estos días es que las ART busquen derivar su cobertura hacia las obras sociales.
En relación a la rentabilidad del mercado asegurador en general, se viene verificando un marcado crecimiento en los últimos años. La rentabilidad del total del mercado asegurador se incrementó un 332% desde el año 2012, producto de la incorporación de más clientes a las diferentes carteras de productos y servicios que este sector ofrece. Estos nuevos asegurados, en gran medida, se explican por trabajadores que, por un lado, se han incorporado al empleo formal y pasaron a tener una cobertura de Riesgos de Trabajo. Por otro lado, no es menor el efecto de mejora en el poder adquisitivo para buena parte de la población, lo cual permitió acceder a servicios ni básicos, como son los seguros, tanto personales como patrimoniales. En este contexto, donde se pone en discusión la rentabilidad de las empresas que brindan el prestan seguros por riesgo de trabajo (aporte obligatorio que deben afrontar las patronales), es importante analizar la evolución que tuvo dicho sector, en comparación al resto del mercado y en años anteriores.
Para poder dimensionar de manera apropiada el sector asegurador de riesgo de trabajo los economistas de la UNDAV comparan su desempeño con el resto del mercado. El primer factor a observar es el de un crecimiento de los resultados del ejercicio (en relación al patrimonio) aún mayor que el que mantiene el mercado en su totalidad. En el último año las ART mantuvieron una relación de 11,31 de lo ganado en relación a su patrimonio, mientras el resto de las aseguradoras sólo tuvo una relación de 9,06. Esta diferencia se explica en el crecimiento que el desempeño de las aseguradoras de riesgos de trabajo por sobre el total de los resultados, es decir que éstas últimas han ganado mayor terreno que los demás segmentos de negocios. El fenómeno inverso ocurre con los gastos en concepto de comisiones, en relación a las primas emitidas, ya que las ART destinan casi tres veces menos de sus ingresos a remunerar a los productores de seguros y agentes institorios, dada la naturaleza obligatoria de la cobertura en cuestión. El siguiente cuadro, expone estos resultados.
Fuente: Producción propia en base a SSN
En definitiva, para el informe de la Universidad de Avellaneda, lo que parece buscar el oficialismo es desmantelar un sistema que tiene su fuerte en la suficiencia de su cobertura, ya que garantiza a los casi 10 millones de trabajadores asegurados la posibilidad de reclamar en vía judicial en caso de considerarse perjudicado. En los últimos años, el régimen de ART no ha dejado de ser rentable, lo cual se demuestra por el análisis contable expuesto, donde se observan sistemáticas mejoras en sus relaciones de ganancias y gastos. Por otro lado, los números en materia de eficiencia en la prevención de la siniestralidad también son auspiciosos, ya que los indicadores de salud laboral muestran constantes mejoras (por ejemplo, ha bajado casi un 27% la incidencia de la siniestralidad en los últimos 10 años). Si bien nadie niega que la judicialización espuria tiene que ser mitigada con medidas concretas, los cambios en la presente ley parecen dar más respuesta al lobbie empresario, que busca maximizar la rentabilidad de las aseguradoras, que a la existencia de una real situación terminal del sistema desde el punto de vista de su sustentabilidad.
(Por Ignacio Cantala) El diputado nacional del Frente Renovador, Facundo Moyano, en dialogo con la diputada del Gen, Margarita Stolbizer, aseguró que votará en contra del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la ley de ART, en consonancia con lo que ocurrió en el plenario de comisiones de hoy. Según revelaron las fotos del celular del hijo del líder del sindicato de Camioneros la reciente aliada de Sergio Massa se opondrá a la ley de Cambiemos, a diferencia del bloque massista, como transmitió en el plenario de hoy donde presentó un dictamen de minoría junto a Moyano.
"Voy a votar en contra Margarita, (Jorge) Taboada también, y otra diputada igual", le escribe Moyano a la líder del Gen, según se pudo ver en las fotos difundidas por la agencia Foto Sur. Allí, se ve además que Stolbizer responde con aplausos a la decisión tomada por algunos miembros del bloque del Frente Renovador. Finalmente, Moyano felicita a Stolbizer por su reciente discurso en la Comisión. "Te felicito por el discurso" y continua: "Voy en esa misma linea".
Otras dos fotografías, muestran otra conversación de Moyano, donde el diputado del Frente Renovador escribe: "El FR ya arregló, yo voto en contra". Quien le responde pregunta por el voto de Héctor Daer, pero el joven diputado no adelanta la postura del sindicalista.
Los chats no hacen más que reflejar lo que se evidenció hoy en el plenario de comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda en Diputados donde Stolbizaer y Moyano optaron por diferenciarse, presentando un dictamen de rechazo al proyecto del oficialismo considerando que es "perjudicial para los trabajadores". Por otro lado, desde el massismo aseguraron que la intención del bloque, en sintonía con la votación en el Senado, será respaldar el proyecto del Ejecutivo en la Cámara Baja.
El proyecto que tuvo dictamen de mayoría en el plenario establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención".
Las diferentes posturas revelan las fuertes diferencias dentro del masismo entre el ala sindical empresaria que presionada por las bases no puede negar el avasallamiento de los derechos de los trabajadores que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, y el ala más acuerdista con el gobierno.
Pero la crisis en el Frente Renovador en su alianza con Margarita Stolbizer esta dada, por si el frente electoral debe o no continuar con el doble estándar de ser opositor en los medios y oficialista en el Congreso. Para muchos miembros del masismo esta estrategia no logrará que Sergio Massa supere el 20 por ciento en ninguna de las encuestas.
El gobierno llama a Sesiones Extraordinarias para tratar la reforma del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), Macri ya la había modificado a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Según el Boletín Oficial “El Poder Ejecutivo Nacional llama a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 28 de febrero de 2017 teniendo como eje de la convocatoria el Proyecto de Ley complementario del Régimen sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557”.
Este llamado a extraordinarias se debe a que el gobierno busca evitar que el kirchnerismo, con mayoría en la Comisión Bicameral, haga caer el polémico DNU que se leería como una derrota política. Por este motivo el gobierno dio marcha atrás al decreto y comenzó a buscar aliados dentro de la oposición para que la reforma de las ART se convierta en ley.
La negociación para convocar a extraordinarias se terminó de sellar ayer por la noche en una reunión en la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del FpV del Senado, Miguel Ángel Pichetto.
El líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó el "silencio" de la CGT ante las medidas del Gobierno, como la reforma de las ART por DNU. "Hay una actitud condescendiente que no creo que se pueda sostener demasiado tiempo", afirmó. Les pidió reacción y una respuesta conjunta.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió hoy que la CGT tiene "una actitud condescendiente" hacia el Gobierno nacional y reclamó un "debate" en la central obrera para endurecer su posición.
"Hay un silencio de la CGT convalidando medidas como el que no iba a haber despidos y no se cumplió, hay una actitud condescendiente, no creo que se pueda sostener demasiado tiempo", afirmó Yasky.
Para el dirigente sindical, "es el momento que los compañeros de las CGT debatan y ver como nos paramos juntos" frente a medidas adoptadas por el Gobierno nacional.
En declaraciones a Radio El Mundo, Yasky advirtió que "aceptar el 18% en paritarias es aceptar el robo al salario" y se pronunció en contra de un techo a las negociaciones salariales.
"Me pareció aberrante la frase de (el ministro Jorge) Triaca de que hay que entender a los que despiden, parece un gerente de recursos humanos", puntualizó
Además, evaluó que "el gobierno está empeñado en una especie de guerra santa para bajar el costo laboral, que traducido es bajar el salario: quiere precarizar el trabajo".
El ministro de Trabajo de la Nación respaldó los DNU emitidos hoy por el Presidente. La iniciativa contaba con media sanción del Senado, pero el Gobierno decidió no esperar su tratamiento en Diputados.
El titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo este lunes que el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) por el cual se modifica el régimen de Riesgos del Trabajo apunta a “cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza” a ese sistema.
Tras las declaraciones del ministro de entender al que despide y pedir una mayor comprensión para los empresarios que reducen personal, el funcionario señaló que en los últimos años hubo “un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado”.
En ese sentido, indicó que eso contribuyó a generar “la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores”.
Triaca explicó que los trabajadores “tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno” en las audiencias de las comisiones médicas. Consideró que con esta medida se dan “todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda”.
“Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores”, subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.
Respecto de las comisiones médicas, expresó que “van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran; le podemos dar más certeza a los trabajadores”.
“Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo”, aseveró.
Triaca también destacó que con la iniciativa las provincias podrán brindar cobertura de riesgos de trabajo, algo que muchas no hacían. “Les estamos dando un mecanismo para que lo puedan hacer”, manifestó y precisó que eso beneficiará “a casi un millón de trabajadores de provincias y municipios que van a poder tener esa cobertura”.
El ministro aseguró que el contenido del Decreto fue acordado con los dirigentes de la CGT, con quienes hubo un “acuerdo general”, pero reveló que “la CGT nos reclama que avancemos con una ley de prevención en la que ya estamos trabajando en un borrador”.
El Gobierno sentenció los cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores a través de la publicación en el Boletín Oficial de Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri. Otro verano al ritmo del decretazo.
A través del Boletín Oficial el Gobierno formalizó cambios en las ART, en feriados y en el uso social de contenedores.
Tal como trascendido en los últimos días, el presidente Mauricio Macri dispuso mediante los decretos 54/2017 (sobre Riesgos del Trabajo), 52/2017 (sobre Feriados Nacionales) y 51/2017 (sobre la situación de congestionamiento de mercaderías arribadas al territorio aduanero argentino, sin destino aduanero), los cambios en cuestión.
El jefe del Estado aceleró la salida del decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen de ART con el objetivo de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad.
Si bien el proyecto de ley ya tenía media sanción del Senado, Macri apuró el decreto y no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso para evitar que se sigan amontonando expedientes en los tribunales. Un dato: en 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Las ART califican la situación actual como inviable por el fuerte incremento de la litigiosidad: de cada 100 accidentes laborales ocurridos en Buenos Aires, 38 presentan demandas. El nuevo esquema establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días.
La situación le dificulta a los empleados la vía judicial y es una promeso de Macri a los empresarios que insitían con el reclamo, a pesar de que el camino legislativo ya había comenzado.
El otro DNU que publicado es el que le transfiere al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, 4700 containers que están incautados o sin reclamar en la Aduana. Con esto el Presidente busca que esos elementos, entre los que hay ropa, juguetes y comida, entre otras cosas, se repartan entre organizaciones vulnerables o en zonas de catástrofe.
Otro de los proyectos que se demoraron en el Congreso fue el del nuevo cronograma de feriados. Si bien estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, no se trató. Los días no laborables serán 16, y se eliminan los feriados turísticos que estuvieron vigentes hasta el último año.
Cumplir con los 180 días de clases y reconocer que los feriados puente no generaron las ganancias esperadas en el sector turístico, pese a la resistencia que ejercieron para evitar el nuevo cronograma, son dos de los principales motivos que impulsaron al Gobierno a modificarlos.
"Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior. Los que coincidan con los jueves y viernes serán trasladados al lunes siguiente", decía la norma que no fue tratada en el Parlamento, y que se mantuvo en el nuevo texto.
Las fechas exceptuadas son las correspondientes al 1° de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre.
Los temas que el Presidente de la Nación decretará, sin la opinión o el voto del Parlamento, son los feriados puente, sistema de ART y los controles migratorios. El miedo al debate parlamentario y el republicanismo como consigna estéril.
Aunque los bloques opositores pidieron que el Congreso vuelva a trabajar en sesiones extraordinarias antes de marzo, el Gobierno busca evitar el debate legislativo y prepara la oficialización de los cambios en la Ley complementaria del sistema de riesgos del trabajo (ART) y en el régimen de feriados a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Además, evalúa endurecer la Ley de Migraciones con un decreto reglamentario que restrinja con más precisión la posibilidad de que ingresen al país extranjeros con causas penales abiertas en otros países.
Tanto el sistema de ART como el régimen de feriados ya están en tratamiento en el Congreso. La primera obtuvo la media sanción del Senado, mientras que la segunda no tuvo tiempo de debatirse en las cámaras por la intensa actividad que generó la modificación al Impuesto a las Ganancias.
Con esta decisión, el Ejecutivo anularía sus necesidades de un llamado a sesiones extraordinarias durante febrero, a pesar de que un amplio listado de los proyectos que envió al Congreso el año pasado quedaron pendientes de sanción y deberán esperar hasta marzo.
Entre ortos proyectos a tratar se encuentran la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria al ámbito de la Ciudad, un régimen penal especial para espectáculos futbolísticos, la obligatoriedad de la sala de 3 años, la Ley de Semillas, y la modificación de la Ley de Mercado de Capitales.
