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“A Santiago lo asesinaron”

La familia Maldonado y su abogada, Victoria Heredia, consideraron “imposible” que el cuerpo del joven haya estado 78 días en el río Chubut y señalaron que los propios prefectos del rastrillaje declararon que “no hay pozos” en el lugar. La semana próxima empiezan los peritajes a los celulares de los gendarmes. También podría ser incluido el de Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich.

“Estamos ante una causa que es desaparición forzada de persona seguida de muerte”, dijo hoy la abogada Victoria Heredia en conferencia de prensa y agregó que “todas las pruebas y todos los hechos” acreditan que “se continúe investigando este tipo penal”.

La letrada habló en la sede de Amnistía Internacional junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de octubre.

La querella consideró “imposible” que el cuerpo de Santiago haya estado 78 días en el río Chubut, como lanzó ayer el diario Clarín al sostener que el joven “muy probablemente se ahogó al caer a un pozo de 3 metros de profundidad”, de acuerdo a un supuesto informe preliminar de Prefectura.

Heredia señaló que este jueves declaró el prefecto Leandro Ruata, a cargo de los rastrillajes, así como dos buzos de la fuerza, y “los tres dijeron que en ese lugar no hay pozos”.

“El único pozo que tenían relevado está a 5 kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago. La altura del agua en ese lugar es de 1,30 m a la fecha. El 18 de septiembre era de un metro y el 1° de agosto de 30 cm. Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Esto nos suma más preguntas que el Estado debe responder, por eso nosotros vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada seguida de muerte”, remarcó la abogada.

Además, adelantó que “la semana que viene arrancan los peritajes a los teléfonos” de los gendarmes y no descartó que pueda ser incluido el celular de Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, presente el día de la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, donde desapareció el joven.

Cuando Sergio Maldonado tomó la palabra dijo que a su hermano “lo asesinaron” y cargó contra el Gobierno nacional: “Está claro que la Gendarmería actuó mal y queremos que respondan todos desde la ministra de Seguridad para abajo”.

Por otro lado, si bien reconoció que el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, cumplió al encontrar el cuerpo, Sergio cuestionó que saliera a decir antes de las elecciones que Santiago no tenía lesiones. “La verdad, debería haber esperado al informe final antes de hablar”, sostuvo y repudió a los que especulan y opinan cuando “aún faltan informes forenses”.

La familia también denunció una campaña de hostigamiento en las redes sociales, que se sumó a la hostilidad de “algunos periodistas” y a repetidos “seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuche los audios, no me lo contaron”.

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Vuelven a exigir la inmediata renuncia de Bullrich, Noceti y Otranto

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, señaló a ambos funcionarios y al juez como principales responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. “Hay total impunidad en la actuación de este Gobierno”, dijo y calificó a Elisa Carrió como “una desalmada”.

Mientras se intenta determinar si el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado, organismos de derechos humanos insisten con el pedido de renuncia e investigación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su mano derecha, Pablo Noceti, quien comandó la represión del 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, donde fue visto por última vez el joven de 28 años. También apunto contra el juez desplazado de la causa, Guido Otranto.

“Apareció un cuerpo que antes no estaba ahí. Si es el de Santiago y lo tenía la Gendarmería, el juez Otranto, Noceti, Bullrich y la fiscal (Silvina Avila) sabían entonces. Hay total impunidad en la actuación de este Gobierno. No se puede tolerar que después de haber vivido la dictadura pasemos por esto. Esto es una acción de terrorismo de Estado”, dijo Nora Cortiñas, integrante de Mares de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La defensora de los derechos humanos consideró que “todos hoy tienen que renunciar” y que, “de hecho, ya tendrían que haber renunciado”, como viene exigiendo la familia de la víctima desde un primer momento.

“A uno le da vergüenza y dolor. Tenemos que tener una democracia que sea ejemplo. Nos costó mucho encaminar el país y ahora se retrocedió. Los espacios de memoria, verdad y justicia se fueron achicando y algunos cerrando. Tanta lucha merece que sigamos el camino de la búsqueda de la justicia total”, completó en diálogo con radio Futurock.

Cortiñas también se refirió a las vergonzosas declaraciones de la candidata a diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quien anoche trazó un paralelismo con Walt Disney al hablar de las condiciones de conservación del cuerpo que apareció ayer en el río Chubut.

“La mujer esta es una desalmada. No sé cómo se propone para un cargo de gobierno ¿Cómo nos va a gobernar una persona que no tiene sentimientos? Es de dudar el voto que va a poner la gente”, subrayó la integrante de Madres.

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Media sanción a la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las comunidades indígenas

El Senado aprobó por unanimidad la extensión por cuatro años más de la Ley 26.160 y la giró a Diputados. Sin esta norma, la mayoría de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas de sus tierras ancestrales.

Con representantes de más de cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampando frente al Congreso, el Senado dio media sanción esta tarde a la prórroga de la Ley 26.160, que vence el próximo 23 de noviembre.

Por unanimidad (62 votos), la Cámara Alta decidió extender la vigencia de la norma por otros cuatro años, lo que permite suspender los desalojos en tierras habitadas por los pubelos originarios hasta tanto se termine el relevamiento catastral que desarrolla el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin esta ley, más del 65% de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas, ya que hasta ahora sólo 459 comunidades de un total de 1532 tienen un relevamiento total y efectivo.

El debate de la norma se desarrolló a casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, fuerza federal que arremetió a sangre y fuego contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a extender la ley sólo por dos años y medio, finalmente se impuso el reclamo de las comunidades, que exigían una prórroga por cuatro años, tal como se viene haciendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.

Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.

Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), cuestionó la “demonización” del Gobierno de Mauricio Macri  contra los pueblos originarios.

“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la legisladora a propósito del caso Maldonado.

El senador Fernando “Pino” Solanas también repudió las acciones del Gobierno contra las comunidades indígenas y pidió que no haya “más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado”.

“No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, remarcó.

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Sergio Maldonado: “Esperamos ahora saber la verdad”

La familia del joven desaparecido celebró el apartamiento del juez Guido Otranto, aunque manifestó su preocupación a raíz de “los argumentos desechados” por la Cámara Federal, que solo tuvo en cuenta las declaraciones del magistrado al diario La Nación. “Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó.

Tras la decisión de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, y designar en su lugar a Gustavo Lleral, juez penal de Rawson, Sergio Maldonado dijo que ahora espera “saber la verdad, encontrar a Santiago y a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición”.

Si bien el hermano de Santiago celebró el desplazamiento de Otranto, al mismo tiempo lamentó que una vez más la familia no sea la primera en ser notificada y criticó que el fallo tenga como principal argumento una declaración periodística al diario La Nación (17 y 18 de septiembre) sin considerar las serias irregularidades que se dieron desde el inicio del proceso de investigación.

“Para la Cámara no hubo ‘parcialidad subjetiva’ contra la comunidad mapuche como así tampoco consideró nuestras denuncias de maltrato. Esta resolución si bien la celebramos nos preocupa los argumentos desechados”, remarcó la familia en un comunicado.

Luego, en declaraciones radiales, Sergio agregó que “el fallo es una medida a favor de la investigación y es la forma en la que se maneja la Justicia. Tuvo que salir a decir Otranto una barbaridad en el diario para que sea considerado por la justicia, cuando planteamos con nuestra abogada todas las barbaridades que hizo en la investigación, pero les preocupa lo que se dice en el diario”.

“Si Otranto hubiera hecho bien su trabajo desde el principio, a Santiago lo tendríamos que tener con nosotros”, completó el familiar.

Por otro lado, Sergio Maldonado se refirió a los pasos a seguir en la investigación, y contó que él y su familia no creen que el juez Lleral viaje en el corto plazo a Esquel. “Nuestra abogada irá a verlo a Rawson y le preguntaremos cómo seguirá la investigación, cuándo irá a Esquel y qué equipo conformará”, precisó.

Finalmente descartó un supuesto encuentro entre la familia Maldonado y representantes del gobierno nacional: "Cómo puedo pedir reunirme con alguien (del Gobierno) cuando la Ministra (de Seguridad Patricia Bullrich) de movida se puso del lado de los que para mi entender, son culpables y se llevaron a Santiago. ¿Cómo voy a hablar con alguien que de movida se puso de un lado?”.

“Diferente hubiera sido si desde el principio, el Gobierno hubiera pedido una reunión con la familia. Pero que al día 52 me vengan a plantear 'por qué no nos reunimos', está a la vista por qué no nos reunimos, ni tengo intención de hacerlo. Que me devuelvan a mi hermano y después charlamos todo lo que quieran, no tengo problemas”, concluyó.

Santiago desapareció el pasado 1° de agosto durante la brutal represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, operativo que fue comandado por Pablo Noceti, mano derecha de Bullrich.

Este viernes se conoció un audio de Whatsapp que forma parte de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, donde dice que “el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”.

El audio fue filtrado por la Justicia al diario La Nación y podría estar editado. Forma parte de las pericias que se realizaron entre más de 70 celulares secuestrados a los gendarmes que participaron de la represión en la Pu Lof de Cushamen.

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