Tras una reunión en el ministerio de Desarrollo Social junto a movimientos sociales, Carolina Stanley anunció un aumento del salario social complementario de 500 pesos en agosto que no conformó a nadie. Además, sin mencionar cifras de ningún tipo, habló de un incremento de las partidas alimentarias para los merenderos comedores populares. 

Los movimentos populares CTEP, CCC y Barrios de Pie se movilizarán a las sedes de ANSES en todo el país para reclamar un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por hijo. "Puede ayudar a las familias más humildes de nuestro país a llegar a fin de año, y no pasar las fiestas sin un plato de comida en sus mesas", aseguraron.

La convocatoria será mañana a las 11 en las principales sucursales del país de ANSES. Desde el Gobierno de Mauricio Macri descartaron esa ayuda extra para esos sectores afectados por la inflación y el tarifazo. En lo que va del 2017, la suba de precios se encuentra cerca del 25%. Además, a fin de año se esperan aumentos en gas y electricidad superiores al 50%.

"El aumento de tarifas, la inflación creciente en los alimentos de la canasta básica y la falta de trabajo hacen que en las barriadas populares cada día sea más difícil poder comer y tener acceso a la salud y la educación. El hambre no espera, por eso salimos a la calle nuevamente teniendo presente que solo con unidad en la lucha podremos enfrentar estas medidas de ajuste sobre el pueblo trabajador", describieron las organizaciones en duro comunicado a la prensa.

La discusión en torno al bono de fin de año se da mientras el Gobierno prevé un ajuste en 2018 sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del orden de los 100 mil millones de pesos. Se calcula que esos beneficios podría perder entre 150 y 500 pesos mensuales.

La furia del Gobierno por la manifestación del martes también recayó sobre las organizaciones sociales. Triaca y Stanley suspendieron un encuentro que debería haberse realizado hoy y lo pasaron para la semana próxima. Es un castigo como el que sufrió la CGT a la que le eyectaron a dos funcionarios clave.

Los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca, recibirán la semana próxima al denominado triunvirato de San Cayetano, que integran Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), para avanzar en la implementación "plena" de la ley de emergencia social.

Si bien en principio la reunión estaba programada para mañana, desde el ministerio de Desarrollo Social informaron que se trasladó al viernes 1 de septiembre por la mañana.

En un comunicado de prensa, las organizaciones sociales, que el martes participaron de la marcha convocada por la CGT a la Plaza de Mayo, advirtieron hoy que "es inadmisible que se subejecute el monto destinado a la emergencia social", una ley sancionada en diciembre del año pasado.

"En un país cuyas cifras de pobreza e indigencia siguen siendo por demás alarmantes, no hay margen para que no se terminen de implementar todos los recursos que la ley de emergencia social dispone para ayudar a más familias que menos tienen", sostuvo Daniel Menendez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

El encuentro de la semana próxima se producirá casi un mes después del último encuentro que mantuvieron con la funcionaria.

En esa última reunión, según los voceros de los movimientos sociales, el gobierno se había comprometido a conformar un grupo de trabajo técnico para discutir una posible iniciativa que declare la emergencia alimentaria, y a brindar refuerzos alimentarios puntuales en lo inmediato.

"El resultado de esta reunión debe ser el firme compromiso en pos de avanzar con la emergencia alimentaria; y el fin de las dilaciones con respecto a la ley ya sancionada de emergencia social porque el hambre no espera", dijo Menéndez.

Según señalaron desde los movimientos sociales, en la marcha de ayer la CGT, "varios sectores mostraron su apoyo a la propuesta de sancionar la emergencia alimentaria y a profundizar la implementación de la emergencia social, que si bien fue sancionada en diciembre del año pasado, sólo un 30 por ciento del monto que se le había destinado ha sido ejecutado hasta la fecha".

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la agrupación Barrios de Pie organizan hoy una protesta que consistirá en la instalación de mil ollas populares en las principales ciudades del país con la intención de reclamar “la aplicación plena de la Ley de Emergencia Social” y la sanción de una normativa que establezca “una emergencia alimentaria

La jornada ya comenzó en Callao y Corrientes a las 7 y finalizará a las 18 en el Obelisco. Se desarrollará durante todo el día en todo el país para pedir también “un cese de la escalada represiva; la reparación histórica de la agricultura familiar y la integración urbana de villas y asentamientos”, según consigna un comunicado de la CTEP.

“La medida es parte de un plan de lucha por Tierra, Techo y Trabajo iniciado el 7 de agosto de 2016, y que se extenderá con medidas de acción directa las próximas semanas”, detallaron desde esta organización de trabajadores de la economía popular.

Este conjunto de acciones contempla un acampe por Tierra, Trabajo y Justicia a partir del 27 de julio; una segunda movilización prevista el 7 de agosto desde la iglesia de San Cayetano, en el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo, y la adhesión de las organizaciones sociales a la marcha convocada por la CGT para el 22 de agosto.

El Gobierno busca avanzar  sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder.

Es así como desde el Ministerio de Trabajo planean quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que actualmente se implementa desde la Secretaría de Empleo, dirigida por el ex techint Miguel Angel Ponte. A esto se suma que la medida contempla la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.

Además del Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte-, el balance del año que pasó detalló que se terminó con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitió "ahorrar" unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.

Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.

Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que "entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer"-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.

La Cámara Alta convirtió hoy en ley la iniciativa acordada entre el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. El proyecto fue aprobado por unanimidad con 49 votos.

La ley que declara la “emergencia social” hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) fue sancionada esta tarde en el Congreso.

La norma, acordada con el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y organizaciones como la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, obtuvo el respaldo unánime de los senadores (49 votos).

El Consejo de la Economía Popular funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.

Según el proyecto, ese órgano será el encargado de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario”.

Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.

Cientos de personas llegaron hoy hasta el hipermercado Carrefour ubicado en esa localidad bonaerense pidiendo comida, a sólo un mes de las fiestas navideñas y de fin de año.

Como una de las tantas tristes  imagen del 2001, un centenar de personas nucleadas en la Corriente Clasista y Combativa (CCC) rodearon el supermercado Carrefour de Glew pidiendo alimentos.

En el petitorio entregado al gerente de esa cadena francesa de supermercados de esa localidad bonaerense, los manifestantes solicitaron: “Ante la proximidad de las navidades y teniendo en cuenta el aumento de la desocupación y el hambre, les pedimos, les pedimos una colaboración para las 600 familias de nuestra organización”.

Así lo aseguró el coordinador del Movimiento Barrios de Pie, luego de rubricar un acuerdo de emergencia social con el Gobierno de Cambiemos. “Quieren que prendamos fuego el país y no lo vamos a hacer”, lanzó.

La organización social que en sus banderas y pecheras tiene a la mítica imagen del Che Guevara, acordó con el Gobierno de Cambiemos una especie de “Pax social decembrista” al firmar una declaración de emergencia social con los ejecutivos nacionales y provinciales.

De esta manera, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri garantizan gracias a este tipo de organizaciones (a las que se les suman las CCC, la CTEP y el Movimiento Evita) territoriales una “paz” en los barrios más urgentes de la Provincia y el país por tres años.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo prevé un plan en los que se creará un registro de trabajadores de la economía popular y habrá un aumento de 30 mil millones de pesos en las partidas sociales.

Por eso, las declaraciones del referente de Barrios de Pie brindadas a a FM Concepto , explican el camino del entendimiento y la articulación entre esa fuerza socila y el Gobierno. “Creemos que hay que acompañar el proceso que haga la sociedad. La verdad es que aquellos que critican pretenden que los movimientos sociales prendamos fuego el país y nosotros no vamos a prender fuego el país. Porque las condiciones que hoy tenemos y la legitimidad que tiene el Gobierno nos llevan a encontrar mecanismos para que nuestros compañeros estén un poquito mejor en un marco en el que tenemos claro que la consolidación de este modelo va a traer enormes prejuicio”.

En ese sentido Menéndez, detalló: “No nos guiaba la intención de hacer pagar (al Gobierno) un costo político, sino de sacar la mejor reforma posible”.

En un artículo de Primereando firmado por Andres Fridanza el 17 de octubre último, se detalla la estrategia del Gobierno y de estos movimientos sociales al asegurar: el macrismo quiere entregarles llave en mano el control y aplicación de sus políticas sociales. Por esa vía, tercerizando en las ‘orgas’ una buena parte del manejo de fondos, el gobierno logra una carambola: se desliga de un mundo que le resulta ajeno (y por momentos hostil), mientras se ahorra los múltiples conflictos que acechan la gestión, sin dejar de cumplir con el papel caritativo (aunque profesionalizado) que pretende para sí mismo.

“La CTEP y Barrios de Pie tienen más de veinte entes ejecutores a su cargo. Desde el ministerio aseguran que su intención es reimpulsar el Argentina Trabaja, que alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, con el 50% del plan concentrado en el conurbano bonaerense”, se escribió desde está agencia de noticias.

Menendez, de todas maneras aclaró que “propugnar una mayoría que construya y profundice otro modelo de país va a ser un proceso que hay que ir llevando de cara a la sociedad, pero hay responsabilidades. Tenemos que debatir situaciones completas. Todo lo que se logra es poco, pero seamos conscientes de que hay un gobierno que hubiera querido poner muchísimo menos”.

“Nuestro rol es que los compañeros tengan el menor costo social posible. En algunos debates hay un enorme desprecio por el aquí y el ahora. Hoy hay necesidades que hay que articular y buscar respuesta. Esto no debe agotarse en la discusión alrededor de diciembre. La situación es suficientemente grave para pensar en políticas que trasciendan”, señaló

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

ATE y otros gremios de la CTA Autónoma realizan hoy un paro nacional, con movilización a Plaza de Mayo, en reclamo de la reapertura de la paritaria y contra "los despidos y la precarización laboral".

Los dirigentes y afiliados de ATE se concentraron a las 11.00 de la mañana  en la esquina de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio y desde allí marchaon hacia la principal plaza porteña y del país.

También marcharon trabajadores de sindicatos de la CTA Autónoma, como la Federación de Aceiteros, los docentes de Conadu Histórica, Sipreba y Agentes de Propaganda Médica (AAPM), e integrantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

En una conferencia de prensa que encabezó ayer, el secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que la medida de fuerza es para pedirle al Gobierno "la reapertura de las paritarias, aumento en el salario básico, el cese despidos y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos".

El sindicato pide además al gobierno que asista financieramente a las provincias, y estas a los municipios, "para que la ayuda llegue a los trabajadores de todos los niveles del Estado".

“Macri, la pobreza no se llora, se combate con políticas públicas”, sostuvo el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy al abrir el acto en el marco del paro nacional del sector que tuvo lugar en todo el país.

“Estamos acá por el fin de los despidos y la reincorporación de los trabajadores, por la reapertura de paritarias en el Estado nacional y provinciales y municipales. Porque no nos resignamos a las migajas del poder, peleamos por la distribución de la riqueza con equidad”, señaló Godoy.

En ese marco, agregó que “no aceptamos un escuálido bono fijo no remunerativo, queremos aumento salarial digno”.

En su discurso, Godoy -quien mantiene un duro enfrentamiento con la CTA que lidera Pablo Micheli- apuntó que “el otro día veía a Macri lloroso hablando de pobreza. Señor Macri: la pobreza no se llora, se combate con políticas públicas y con salarios dignos”.

Finalmente, el titular de ATE destacó “la unidad de los que estamos acá: estudiantes, trabajadores del sector privado, estatales y organizaciones sociales. La unidad no se construye con siglas sino en la lucha contra el ajuste y en el armado de una propuesta que transforme la realidad”.