El Procurador expresó que la Corte Suprema no debe intervenir en las elecciones de Formosa

Eduardo Casal emitió un dictamen donde recomienda que la Corte no se debe expedir ante el pedido de la oposición de impedir que el actual gobernador Gildo Insfrán se presente en las elecciones. No es vinculante, por lo que podría suceder lo mismo que San Juan y Tucumán.

El procurador general Eduardo Casal envió un dictamen a la Corte Suprema en el que indica que el máximo tribunal no debe intervenir en la elección de Formosa.

 La oposición provincial, envalentonada por la suspensión de los comicios en Tucumán y (parcialmente) en San Juan, presentó un pedido ante la justicia para que declare inconstitucional que el actual gobernador, Gildo Insfrán, se presente para buscar nuevamente la reelección.

Se trata de dos cautelares, una presentada por el diputado nacional de la “Alianza Juntos por Formosa Libre” y candidato a gobernador, Fernando Carbajal, y otro por los apoderados legales de esa fuerza, la diputada provincial  Agostina Villaggi y el abogado Rodolfo Manuel Basques. 

Los amparos presentados piden la suspensión de las elecciones convocadas para el 25 de junio y hasta que la Corte Suprema resuelva el pedido de fondo sobre la inconstitucional del artículo 132 de la constitución local que habilita la reelección de forma indefinida.

Según Casal, que cita otros casos que sentaron jurisprudencia en la materia, “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”. Es decir, que la Corte no debería intervenir en el caso formoseño “dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional” que establece que: “la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

La opinión de Casal –dos párrafos calcados en ambas cautelares solicitadas por la alianza formoseña de Juntos por el Cambio– es de carácter no vinculante, por lo que la Corte podría avanzar en la suspensión de la elección antes de revisar el artículo 132 de la Constitución formoseña que está vigente hace 20 años.

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Los negocios de Quintana: procesaron a un ex funcionario macrista por favorecer a Farmacity

Sigue el escándalo en torno a la empresa Farmacity, que está vinculada con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Primero, la firma recibió el visto bueno del gobierno de María Eugenia Vidal para que pueda operar en provincia de Buenos Aires, a pesar de la resistencia de los farmacéuticos. Ahora, procesaron a un ex funcionario macrista por proteger a la sociedad.

Así lo dispuso el juez federal Sebastián Ramos, quien procesó a Raúl Alejandro Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud. Se lo acusa por una supuesta protección a Farmacity, al demorar y luego negarse a sancionar a la cadena.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber, en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez en la resolución. El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa.

No es el primer escándalo que rodea a Farmacity, que empieza a hacerse sentir al interior de la coalición Cambiemos, cada vez más complicada por casos de corrupción. La semana pasada, la Procuración General de la Nación, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, dos días después de que Quintana anunciara en una entrevista que venderá las acciones que le quedan en la compañía. Después del anuncio de Casal, las acciones de Quintana aumentaron su valor. Total normalidad.

Un rato después, los concejales radicales de Zárate, que responden al vicegobernador Daniel Salvador, salieron en defensa de las farmacias locales y chocaron con los concejales del PRO. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires hay una verdadera rebelión de los farmacéuticos que se sienten perjudicados con la llegada de la cadena.

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Un fiscal cercano al Gobierno será el encargado de investigar el escándalo del Correo

Por presiones del Gobierno de Mauricio Macri, fue desplazado el fiscal Juan Pedro Zoni en la causa que investiga al presidente de la Nación por su rol durante el escándalo del Correo. Se sospecha que Casa Rosada quiso condonarle una deuda millonaria al Grupo Macri.

El procurador interino, Eduardo Casal, decidió desplazar a Zoni y poner a Gerardo Pollicita, un hombre cercano al Gobierno. Fanático de Boca, Pollicita fue parte de una "comisión asesora" en seguridad deportiva de Boca en 2007, último año de Macri al frente del club xeneize. Además, Pollicita suele fallar en sintonía con los intereses de Casa Rosada.

El desplazado fiscal Zoni había impulsado la causa luego de que su colega Gabriela Boquín denunciara en el fuero comercial qeu el Estado había aceptado a mediados de 2016 un convenio que implicaba la condonación de una millonaria deuda al Grupo Macri, por unos 4000 millones de pesos.

El caso desató un escándalo: la familia Macri estaba de los dos lados del mostrador. Por un lado, el Grupo Macri ofrecía un plan muy favorable para la empresa y perjudicial para el Estado. Del otro lado, el gobierno macrista aceptó esa propuesta. Por esa causa, Zoni decidió imputar al propio Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.

Mientras Zoni avanzaba con la investigación y pedía pruebas incómodas para Casa Rosada, el procurador interino se apuró y lo desplazó. En su lugar puso a Pollicita, el ferviente hincha de Boca que no suele incomodar a la administración amarilla.

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