Por orden del procurador interino que reemplazó a Gils Carbó, el fiscal del Correo Gate fue desplazado de la Fiscalía Federal 8.

Haz lo que yo digo… Este viernes, mediante la publicación de la Resolución 69/18 el procurador interino, Eduardo Casal, desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la Fiscalía Federal 8 en Comodoro Py, donde había sido dispuesto por Alejandra Gils Carbó, primero como subrogante y luego como titular del tribunal.

En sus fundamentos Casal explicó que la decisión de su antecesora fue "ilegítima" y es por eso destaco que "el magistrado debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro". Además, "No puede pasar inadvertido que de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto del doctor Zoni, quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección y nombramiento de los integrantes de este Ministerio Público", agregó el procurador.

Juan Pedro Zoni fue quien imputó al presidente Mauricio Macri ante un presunto beneficio multimillonario a la empresa Correo Argentino. Además intervino en la causa por lavado de dinero contra el entorno del fiscal fallecido Alberto Nisman y el caso de tráfico de efedrina contra Ibar Pérez Corradi y funcionarios del Gobierno anterior. En consecuencia, asumirá el próximo 16 de abril en la Fiscalía Correccional 34 de la Capital Federal.

A través de la Resolución 3/2018, el Procurador interino, Eduardo Casal, prohibió el uso del logotipo que el Ministerio Público Fiscal utilizaba durante la gestión de Alejandra Gils Carbó e impuso “como el único símbolo que debe identificar” al organismo al escudo nacional.

"Están llevando adelante una 'desgilscarbogización' en todos los aspectos, no quieren saber nada con la gestión anterior", confesó a Primereando Las Noticias en off un funcionario del organismo. "La nueva gestión propone una concepción que está más alejada de la gente, como pasaba en el antiguo ministerio público fiscal", describió.

La polémica resolución aseguró: “Se observa que en el devenir temporal de este organismo nuestro Escudo Nacional ha ido perdiendo presencia, al ser reemplazado en muchos casos por logotipos que apuntaron a la identidad visual, comunicacional e incluso a conmemorar los veinte años transcurridos desde que los constituyentes consagraron al Ministerio Público de la Nación como órgano independiente”.

Además, agregó el documento que se conoció hoy: “Más allá de las necesidades comunicacionales, de difusión o conmemoración oportunamente invocadas, es necesario unificar criterio al respecto y precisar que es el Escudo de la República Argentina, el único símbolo que debe identificar a este Ministerio Público Fiscal, en su condición de institución nacional”.

De esta manera, Casal impuso “a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación la adopción de toda medida dentro de su ámbito y competencia para ajustar la imagen e identificación oficial del organismo y su actuación” al uso del Escudo Nacional, entendiendo que “sólo su imagen la que puede acompañar su denominación y la de todas las dependencias que lo integran, incluida la misma Procuración General de la Nación, en los actos que expidan”.

En medio de la represión y demonización sistemática de las comunidades indígenas, Eduardo Casal emitió una peligrosa resolución que había sido pedida por Estados Unidos. Advierten que “esto será un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.

La resolución PGN 3544/17, conocida en las últimas horas, lleva la firma del procurador general interino Eduardo Casal, quien le encomienda al secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, que en un plazo de 90 días cree una estructura especial para combatir “el extremismo violento” y “el terrorismo”.

Los considerandos de la medida hablan de los atentados recientes en Europa y de los ataques a la Embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994.

Sin embargo, la decisión del reemplazante de Alejandra Gils Carbó surge en medio de las avanzadas represivas contra las comunidades indígenas, que ya le costaron la vida a los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justificadas por el Gobierno de Macri en la supuesto accionar “violento” de la  “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.

“Hoy, cuando el ’terrorismo’ es la RAM. Un nuevo salto en la criminalización de la protesta”, advirtió la legisladora y abogada de derechos humanos Myriam Bregman (PTS-FIT) y denunció un intento de avanzar a tono con las “políticas antiterroristas” de Estados Unidos.

“Cuando en 2016 se trató ley de reforma del Ministerio Público Fiscal querían crear una subprocuración contra el terrorismo. Lo denunciamos como una orden de EE.UU. y su llamada ’política antiterrorista’. Aún no consiguieron la ley y avanzan con resolución del procurador interino”, explicó la legisladora.