Dos fondos buitres que compraron el derecho de litigio de una accionista de YPF, lograron un fallo a favor en la Justicia de Estados Unidos. La buena noticia es que los activos de YPF están fuera de riesgo.

La jueza de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló este viernes a favor de los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, en el marco de una demanda por la expropiación de la empresa petrolera YPF que tuvo lugar en 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de dos fondos de inversión, conocidos como “buitres”, debido a que adquirieron el derecho a litigar a empresas que eran accionistas de YPF al momento de la expropiación encabezada por la entonces presidenta Cristina Kirchner: las sociedades Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa) de la familia Eskenazi.
Los Eskenazi habían adquirido el 25% de las acciones de la petrolera argentina, controlada en su momento por Repsol, con créditos internacionales que se comprometían a pagar con los dividendos de la compañía. Por lo que el Gobierno argentino consideró fraudulenta esa operación ante el tribunal de la reemplazante del fallecido Thomas Griesa.

Sin embargo, los fondos reclamaron en la Justicia norteamericana que cuando la estatización del 51% de las acciones de la empresa, el Gobierno argentino debía haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa, según fijaba su estatuto.
Por lo que la jueza de Manhattan resolvió condenar al Estado argentino pero absolver de responsabilidades a la petrolera; esto se reflejó en el alza de las cotizaciones de las acciones de YPF, como en la crítica hacia el gobierno de Cristina Kirchner y su entonces vice ministro de Economía, Axel Kicillof por lo que podría significarle al país.
El reclamo que inició en 2015, podrá ser apelado por la Argentina. A la vez que la jueza Preska denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina, que se calcula entre US$ 7.000 y 18.000 millones, y dijo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños.
“El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, afirmó el fallo.

Fuertes críticas al máximo tribunal que dispuso devolverle al gobierno de Larreta el excedente de fondos que Macri había otorgado en 2016 a las arcas porteñas en detrimento del resto del país.  

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague al de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa en torno a la reasignación de fondos por el traspaso indebido de la Policía al gobierno de CABA durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, el Partido Justicialista bonaerense emitió un comunicado con fuertes críticas a los integrantes del máximo tribunal.

El texto recuera que el “expresidente Mauricio Macri aumentó los ingresos de la ciudad más rica del país en detrimento del resto de las provincias a través de un Decreto simple” al referirse al aumento de la coparticipación a CABA con el argumento de la transferencia de la Policía Federal que pasó de 1,4 por ciento al 3,5 por ciento.

Con la medida impulsada por Macri en beneficio del distrito más rico del país y donde gobierna su fuerza, se estima que las arcas porteñas recibieron durante estos años un excedente total de 86 mil millones de pesos por sobre el costo real de la Policía transferida.

Al respecto, sobre la medida del gobierno de Alberto Fernández que retrotrajo el envío de recursos a CABA al número del 1,4 por ciento, el PJ que preside Máximo Kirchner sostuvo: “se buscó y se logró reparar esta injusticia con los instrumentos que marca la Constitución: ley sancionada con las mayorías requeridas en ambas cámaras del Congreso de la Nación”.

» Comunicado del Partido Justicialista de la PBA. pic.twitter.com/9lRwGCfHhG

— PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) December 21, 2022

Y cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema que beneficia al gobierno porteño. “Sin embargo, esta “Corte de cuatro” integrada por dos miembros que aceptaron ser nombrados por Decreto, dictaron una medida cautelar que constituye una auténtica aberración jurídica, que por ilegal y contradictoria resulta absolutamente inaplicable” expresaron.

Al tiempo que consideraron que “el fallo de esta corte servil y porteño centrista avanza sobre el desarrollo federal, ya que implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos”.

En esa línea crítica hacia el máximo tribunal, el comunicado plantea que “rehenes o mascotas de Juntos por el Cambio, poco importa, se comportan como militantes de Macri ¿Se trata de la paga de favores? No puede ser que los fallos sean siempre en un solo sentido”.

El máximo tribunal de Justicia avaló que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló que el autocultivo de cannabis con fines medicinales por parte de madres y padres que quieren atender la salud de sus hijos está despenalizado de acuerdo con las normas vigentes en la Argentina.

En la misma decisión, el máximo tribunal de Justicia entendió que debe haber un control del Estado para llevar un registro de esta actividad.

Por unanimidad, los miembros de la Corte rechazaron los planteos de inconstitucionalidad contra la necesidad de anotarse en un registro especial que había planteado la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) contra las normas relativas al autocultivo de cannabis para consumo medicinal de los menores a su cargo.

Según el fallo, el planteo de Macame debe abordarse desde el derecho a la salud y no al amparo del derecho a la intimidad como había argumentado la ONG hace dos meses, cuando se realizó una audiencia pública para debatir el caso.

En tanto, la Corte Suprema remarcó que conforme la normativa vigente está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores, y entendió que el registro existente para ello es un control estatal razonable.

Se trata del decreto 883/2020, que reguló la posibilidad de obtener autorizaciones estatales para el cultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos.

Encabezadas por Hebe de Bonafini, el organismo que ella dirige repudió hoy en una conferencia de prensa realizada frente a Casa Rosada la decisión de aplicar la ley 2X1 para crímenes de lesa humanidad y reclamaron el juicio político contra los jueces de la CSJ que votaron el polémico fallo. Antes de la tradicional ronda realizaron una sentada frente a la sede del Episcopado, donde colgaron una bandera con la consigna "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: 1000 años de prisión".

"Las cuestiones jurídicas se las voy a dejar a los abogados, que se van a explicar mejor que yo. Yo quiero hablar de nuestros hijos, de los que van a pasar a la historia", comenzó diciendo Hebe de Bonafini, presidenta del organismo.

"Nuestros hijos van a quedar en la historia, pero estos nos van a dar asco. Pero el pueblo no es tonto, tenemos que mostrar quiénes son cada uno", sostuvo Bonafini.

"Estos trabajaron para la dictadura, pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos" y agregó: "Los jueces también son cómplices".

Durante el acto en la emblemática Plaza estuvieron además Carlos Rosanski, exjuez federal, y los letrados Eduardo Barcesat y Pablo Llonto, quienes pidieron el juicio político contra los miembros del máximo tribunal de Justicia que votaron el fallo que habilita aplicar el 2×1 en los casos contra los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Horas antes de su tradicional vuelta a la Pirámide de Mayo, las Madres realizaron una sentada frente a la sede del Episcopado, donde colgaron una bandera con la consigna "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación: 1000 años de prisión".

"Estamos aquí en silencio, pero con un reclamo muy duro", sostuvo Bonafini, en rechazo a la iniciativa de los obispos reunidos en asamblea plenaria en la localidad bonaerense de Pilar. "Cuántos judas hay acá, por qué tenemos que perdonarlos nosotros. La Iglesia es la que aportó obispos a la dictadura", cuestionó Hebe.

Valicenti: “La Cámara hizo lugar y se suspende el aumento del gas en toda la provincia de Buenos Aires”

Así lo confirmó el Diputado del Frente para la Victoria, César Valicenti, tras haberse dado a conocer el fallo firmado por los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin que frena los aumentos en la tarifa de gas. La medida se extiende para toda la provincia de Buenos Aires, debiendo ahora las empresas regirse por el cuadro tarifario anterior.

A partir del amparo colectivo presentado por el Bloque de Diputados bonaerenses del Frente para la Victoria y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, la Cámara Federal de La Plata, Sala II, determinó dejar sin efecto las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía que autorizaban las subas del gas.

Al respecto, el Diputado Valicenti indicó: “Hemos podido conjugar un pedido a la justicia con una iniciativa política y una gran demanda social, sin dudas esta noticia trae un enorme alivio para toda la gente que se está viendo afectada por estas medidas de ajuste”.

 Asimismo, Valicenti manifestó: “Este logro nos deja el mensaje de que hay que seguir organizándonos en función de los reclamos y demandas del pueblo, que no hay que quedarse quieto frente a un gobierno que viene a debilitar el poder adquisitivo de los sectores más desprotegidos de la sociedad, generando una transferencia de Ingresos acelerada que produce una significativa desigualdad social y económica”.

 Por último, el legislador expresó: “Este fallo es en defensa de los derechos de los usuarios y ha sido posible en gran parte por el compromiso y organización de la gente. En toda la provincia de Buenos Aires se juntaron más de 100mil firmas, incluida Olavarría y la región, gracias a ello, junto con otras acciones hemos logrado frenar este aumento injusto e ilegal”.