El juez  de La Plata , Luis Arias, comunicó la medida cautelar en la que provisoriamente deja suspendido el cierre de la negociación paritaria con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires.

Fue un pedido de los gremios que no cerraron con María Eugenia Vidal -excepto UPCN y FEGEPPBA-, enumerando una serie de desprolijidades en la metodología.

La semana pasada, el gobierno provincial había dado por finalizada la paritaria tras el sí de UPCN y FEGEPPBA, pero todos los demás buscaron continuar con las negociaciones, no solamente por el escaso -a su entender- 15% ofrecido, sino porque el Estado cometió fallas al momento de negociar. Por eso recurrieron a la justicia, y la respuesta llegó este martes.

Los gremios de trabajadores estatales de ATE, CICOP, CTA y SOEME pidieron el pasado viernes en la justicia de la ciudad de La Plata una medida cautelar para que se dicte la nulidad de la paritaria y se reabra la discusión salarial.

Para ellos, el Ejecutivo "incurrió en vías de hecho de la administración, que violan elementales normas procedimentales". Desde el gobierno provincial minimizaron la cuestión y prometieron mantener el diálogo abierto durante todo el año.

Arias hizo lugar a ese reclamo y por ende le pide al Ministerio de Trabajo comandado por Marcelo Villegas "la remisión –en original o copia certificada- de las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso, como así también de toda otra documentación relacionada con los antecedentes y fundamentos de los hechos expuestos el escrito inicial".

"Asimismo deberá informar el modo de constitución de la mesa de negociación establecida en dicha paritaria, y los parámetros o registros tenidos en cuenta para establecer la proporcionalidad de los distintos representantes que la componen. Todo ello, en el plazo de dos (2) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de tener como base los hechos expuestos en el escrito inicial. A cuyo fin líbrese oficio con copia del escrito inicial para mejor ilustración (art. 77 inc. 1; art. 120 del C.P.C.C.)", se agrega en el fallo.

En ese sentido, también se ordena, "con carácter de medida precautelar, la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo Provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa; ello sin perjuicio de la continuidad del procedimiento de negociación paritaria que pudiera llevarse a cabo. Ello, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 163 de la Constitución Provincial".

Los gremios estatales habían acusado al gobierno de Vidal de haber cerrado la paritaria "sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”.

Los sindicatos apuntaron que al momento de cuantificar el nivel de apoyo a la propuesta del gobierno no se cumplió con el artículo 10 de la Ley 13.453, que establece que “A cada organización sindical con personería gremial, corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos, otorgándosele a cada una de ellas la cantidad de votos que surja de la división entre el número de los afiliados de las mismas y aquel que corresponda al gremio de menor cantidad de afiliados”.

Los gremios detallaron que la última propuesta fue enviada por mail y que los funcionarios esperan que la respuesta llegue por esa misma vía.

"El gobierno bonaerense inventó un auténtico mamarracho: la paritaria electrónica", arremetieron los representantes sindicales.

La respuesta por parte de la justicia platense llegó el día previo a que los gremios de ATE, SOEME, CICOP y AJB, realicen un paro de 48 horas, con movilización a la Gobernación.

En medio de la negociación salarial con los estatales, la gobernadora María Eugenia Vidal derogó el decreto 1916 firmado en su momento por Daniel Scioli que permitía ampliar los descuentos en los salarios de los trabajadores.

“Que existe interés público, en mantener el régimen establecido en el Decreto N° 754/00, ya que la elevación del tope del 20% al 30% cercena el principio protectorio consagrado en el inciso 1° del artículo 39 de la Constitución Nacional”, se sostiene entre los fundamentos explicitados en la derogación.

Este gesto era esperado por los estatales ya que el decreto ampliaba del 20 al 30 por ciento el tope de descuentos en los sueldos de los trabajadores y abría la puerta al ingreso de financieras para realizar préstamos.

De este modo, la gobernadora desaceleró un foco de conflicto que amenazaba con detonar medidas de fuerza por parte de UPCN y Fegeppba. En ese sentido, la gobernadora había acordado tiempo atrás con los gremios “trabajar en conjunto para armar un nuevo proyecto regulatorio”.

En los sindicatos aseguraban que el polémico decreto abría “la posibilidad de que intervengan bancos privados en operatorias que llevan a cabo los gremios y mutuales” y, a modo de ejemplo, afirmaban que esta norma gravaba con el 1° por ciento los procesos administrativos de solicitud de créditos, algo que no hasta ahora no se cobraba.

(DIB)

Los estatales bonaerenses enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazaron, ayer, la oferta de aumento salarial desplegada en la mesa de negociación por el gobierno provincial.

La misma garantizaba un salario inicial de 7.000 pesos para marzo. En estas condiciones quedan ratificadas las medidas de fuerza para el próximo lunes.

El secretario general de ATE-Provincia, Oscar de Isasi, explicó que la propuesta presentada hoy “aumenta 3 puntos en agosto pero mantiene los mismos porcentajes para marzo” por lo que fue rechazada de plano por considerarla “insuficiente”.

Además, rechazó que se trata de una “suma en negro” y que, por tratarse de “una garantía, es a cuenta de futuros aumentos”.

“En las categorías más bajas el aumento anualizado da un 31 por ciento, 9 puntos menos de lo que estamos planteando”, graficó.

Es que los trabajadores del Estado de ATE vienen reclamando que las negociaciones salariales se acerquen a la suma del 40% de incremento sobre el básico.

Según fuentes gremiales, la propuesta incluye una garantía salarial de 7.000 pesos a partir de marzo y 7.300 desde agosto y un incremento del orden del 30 por ciento para aquellos que superen esa cifra.

Además, incluía un aumento en las bonificaciones remunerativas no bonificables que reciben los auxiliares de la educación, los empleados de las secretarías de la Niñez, Derechos Humanos, Adicciones y Patronato de Liberados y el personal hospitalario, entre otros.

Si bien el ofrecimiento fue rechazado por ATE, la Federación de Gremios Estatales (FEGEPPBA) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se comprometieron a responder entre esta semana y la próxima si aceptan la oferta.

Los gremios de Fegeppba, ATE y Upcn, solicitaron una semana para responder a la propuesta hecha por el gobierno de Daniel Scioli.

Sin embargo tras las declaraciones de Oscar De Isasi, quedó de manifiesto la voluntad de ATE, que optaría por rechazar la propuesta.