Investigaban a un comedor y encontraron compras del macrismo por U$D 95 millones a una firma offshore
Por el hecho denunciaron al procurador Conte Grand, el ex interventor del Astillero RÃo Santiago Daniel Capdevila y ex funcionarios de MarÃa Eugenia Vidal.
La presidenta de la comisiÃģn de Asuntos Constitucionales y Justicia de la CÃĄmara de Diputados bonaerense, Susana GonzÃĄlez, denunciÃģ penalmente al Procurador General provincial, Julio Conte Grand, acusÃĄndolo de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrÃan cometido hechos de corrupciÃģn.
En diÃĄlogo con AM 530 Somos Radio, la presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires explicÃģ que en el marco de una investigaciÃģn por supuestas irregularidades en el comedor del Astillero RÃo Santiago, por sorpresa âse encontrÃģ una orden de compra de 95 millones de dÃģlares para la construcciÃģn de cuatro supuestos buques a una empresa que es una offshoreâ, de nombre White Sea.
En la presentaciÃģn, tambiÃĐn pidiÃģ que se investigue a otras seis personas por la posible comisiÃģn de los delitos de “malversaciÃģn de fondos y fraude en perjuicio de la administraciÃģn pÚblica por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.
Esos otros denunciados son el extitular del Astillero RÃo Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomà Alcorta, los funcionarios de la ProcuraciÃģn Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont VergÃĐs y Ricardo RenÃĐ LÃģpez, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero RÃo Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“La denuncia apunta al entramado para la persecuciÃģn judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgÃĄnicos, inorgÃĄnicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de MarÃa Eugenia Vidal”, dijo GonzÃĄlez. Y tambiÃĐn los acusÃģ de “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la funciÃģn pÚblica, peculado, soborno trasnacional, trÃĄfico de influencias y asociaciÃģn ilÃcita”.
En su denuncia, GonzÃĄlez dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la ProcuraciÃģn General, Agentes Fiscales”, lo que, afirmÃģ, evidencia “la participaciÃģn principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio PÚblico y ProcuraciÃģn General”.
Para la diputada, durante la gestiÃģn macrista se conformÃģ “un plan de acciÃģn, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenÃa por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecuciÃģn de opositores polÃticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensiÃģn”.
RemarcÃģ que “un hecho de corrupciÃģn que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrÃan intervenido agentes de la AFI y de la cual podrÃan haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero RÃo Santiago”.
Para GonzÃĄlez, el fiscal a cargo de esa causa, “decidiÃģ ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupciÃģn que comprometÃa a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupciÃģn probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluÃa a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dÃģlares”.
La denuncia fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. GonzÃĄlez indicÃģ que “la denuncia apunta al entramado para la persecuciÃģn judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgÃĄnicos, inorgÃĄnicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de MarÃa Eugenia Vidal”.
GonzÃĄlez indicÃģ que “se toparon con su propia torpeza” y que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”. La diputada aporta el informe tÃĐcnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero RÃo Santiago, realizada el 8 de febrero de 2019.
AÃąadiÃģ que hubo “un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcciÃģn de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dÃģlares” en 2016.
GonzÃĄlez dijo que desde que asumiÃģ Conte Grand hubo un plan para cometer “actos a fin de posibilitar, con intervenciÃģn de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupciÃģn”.