Una serie de documentos del Ministerio de Andrés Ibarra muestra como se está elaborando una segunda etapa de despidos masivos en la administración pública. En el memo que ya circula en los ministerios se habla de “dotación óptima de personal”. En algunas dependencias ya se les pide a los trabajadores que respondan un cuestionario con datos sobre sus estudios, la tarea que realizan y sus horarios laborales.
A modo de instructivo, el documento plantea una serie de objetivos y pasos a seguir por cada organismo a fin de “adecuar” la “dotación inicial” de empleados públicos a lo que el Gobierno considera una “dotación óptima”. Esta intención ya fue declarada en privado a los delegados y secretarios gremiales de ATE Capital por funcionarios que responden al ministro Andrés Ibarra.
En otro papel filtrado, que lleva el sello de Modernización, se señala que los contratos de más de 114 mil trabajadores de la administración pública nacional se encuentran “bajo análisis”. Para llevar adelante este “análisis”, que puso en marcha en mayo y aceleró en las últimas semanas, el ministerio que ejecuta el deseo del Presidente de reducir el empleo público elaboró también un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen. Con el agravante, según denunció ATE, de que las encuestas son implementadas, en algunos casos, por consultoras privadas, y en otros, por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros.
“Programa de análisis y planificación de dotaciones”, se titula el documento de Modernización que blanquea entre sus objetivos “producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal”. El término “dotación adecuada” hace referencia a “la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos”. A través de esas definiciones, el ministerio da a entender a las direcciones de Recursos Humanos del Estado que existe un excedente de empleados públicos. El documento circuló con fecha posterior a los 11 mil despidos en la administración pública nacional con que comenzó la gestión macrista.
Jubilaciones y retiros voluntarios es lo que ofrecerá –y a los que intimará– el Estado para desvincular a trabajadores tanto contratados como de planta permanente. En principio, el Gobierno está habilitado –por la Ley de empleo público– para avanzar en por lo menos 21 mil jubilaciones, número que duplica los despidos de principios de año.
El texto también habla de “revisión de los sistemas de contratación” y de “movilización transversal” de los recursos; es decir, del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.
A través de los cuestionarios, Modernización comenzó en mayo a recabar información sobre ese eventual universo de empleados, hasta ahora lo más parecido a un dato preciso en manos del Gobierno, que entre diciembre y marzo decretó el despido por igual de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores con fuertes lazos con el territorio, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Desde el ministerio que conduce Andrés Ibarra reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del “plan”, aunque negaron que el objetivo sea avanzar en nuevos despidos. “Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos”, dijeron, y explicaron que el término “dotación óptima” refiere “a la optimización de los recursos, porque hay áreas donde falta personal y otras donde sobra”.
Para graficar la posición, aseguraron que no habrá otro decreto como el 254/15, que habilitó a Ibarra a la primera “revisión” en diciembre pasado, y sostuvieron que “de haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio”.
