Mediante un comunicado, agrupaciones de la economía social sentaron postura a partir del debate impulsado por la vicepresidenta sobre la administración de los programas sociales.

Luego de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en relación a la administración de los planes sociales, que generaron la reacción de un sector de los movimientos sociales que tienen a cargo el programa Potenciar Trabajo, un bloque de organizaciones respaldaron el planteo de la vicepresidenta.

“El problema no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados, sino del modo en que se distribuye la riqueza que genera el país”, señalaron y agregaron: “Este es el combate real del discurso de Cristina que las organizaciones sociales y sindicales debieran reivindicar”.

“Es imprescindible generar condiciones de trabajo dignas sea en trabajadores y trabajadoras de la economía formal como en las trabajadoras y trabajadores de la economía social”, manifestaron.

“Se ha convertido en deporte nacional tergiversar las palabras de Cristina. Hacerle decir cosas que no dice, hacerla confrontar con quien no confronta. Que lo hagan los medios hegemónicos no sorprende, es una costumbre instalada desde que Cristina fue elegida presidenta en 2007; que esta función sea ahora emprendida por algunos dirigentes de organizaciones del proyecto nacional, es de una gravedad inusitada”, dispararon.

“Al igual que los medios hegemónicos mienten y tergiversan para no reconocer el rol que a Cristina le asigna el Pueblo peronista, como la esperanza para construir la felicidad y la grandeza de la Patria” cuestionaron

Por otra parte, las organizaciones recordaron que el discurso de la Vicepresidenta duró 75 minutos y “se abordan temas como el modo del ejercicio del gobierno, cómo actúan los sectores del poder, cómo se distribuye la riqueza, el valor del salario y su poder adquisitivo, el proceso inflacionario, la actividad productiva ociosa, la economía bimonetaria y sus consecuencias, la fuga de capitales, la ineficacia del poder de control del Estado, el partido judicial que de la mano del presidente de la Corte Suprema mira las necesidades del poder como derechos y desdeña las necesidades populares ‘porque no alcanza para todos’, entre tantos otros aspectos económicos y sociales”.

En relación a la crítica de la vicepresidenta sobre un manejo discrecional de los programas sociales, el comunicado de las organizaciones detalló: “Todos podemos identificar quienes son los responsables de la ampliación indiscriminada de programas sociales y el ‘negocio’ de las altas y bajas de esos programas y eso no involucra a los cientos de miles de argentinos y argentinas que se encuentran insertos en esos programas, eso involucra a los dirigentes que se ocupan de tales maniobras desde los dos lados del mostrador”.

Luego, fueron más allá y remarcaron: “No son las organizaciones sociales las apuntadas por Cristina, son los dirigentes inescrupulosos que todos podemos identificar. No son las organizaciones sociales las que señala Cristina como los beneficiarios reales de la fuga y la especulación, sino los mismos que amasan sus fortunas a costa de la falta de control de precios y de un salario depreciado”

Además, dichos movimientos sociales expresaron que “cada programa social extendido en el tiempo constituye un debilitamiento del salario real, este salario reducido en su capacidad adquisitiva implica un enriquecimiento del empresario que gana por doble vía: por aumento desmesurado de precios y por una política salarial depreciada”, finalizaron.

Las agrupaciones que firmaron el escrito son Kolina Buenos Aires, Lealtad Corriente Militante, Corriente Peronista 13 de Abril, Identidad, Organización Peronismo Militante, La 20, Unidos y Organizados, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Fuerza Colectiva, Descamisados, Federación de Trabajadores de la Economía Social (FE.TRA.E.S), El Frente Transversa, La Corriente Nacional de la Militancia, Agrupación 12 de Noviembre, Unidad Piquetera, CNP, Los Irrompibles, FSP y Federación de Cooperativas de trabajo de la Provincia de Buenos Aires (FECOOPBA).

El comunicado completo:

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires brindó su postura sobre el debate de la administración de los programas sociales.

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, habló sobre el manejo de los programas sociales tras el debate abierto por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus declaraciones vertidas el lunes en el plenario de la CTA que se realizó en Avellaneda.   

En relación al planteo de Cristina, que pidió que el control de la administración de los planes vuelvan al Estado, el ex intendente de Lomas de Zamora sostuvo: “Cristina habla de frente cuando hay que hablar de frente. Dice lo que piensa con la espalda de una responsabilidad colectiva y la trayectoria de dos mandatos donde defendió al pueblo”, sostuvo el funcionario.

“Bienvenido el debate de cara a la sociedad, no hay que tenerle miedo. Es muy positivo poder discutir sobre el presente y el futuro de nuestro país”, postuló Insaurralde, quien, sobre este punto, resaltó que “hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el Salario Universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”.

En ese sentido, puso como ejemplo el programa Argentina Trabaja, que “fue muy exitoso” cuando lo lanzó Néstor Kirchner y continuó en la administración de Cristina. “Nuestra convicción es que los programas sociales tienen que tener una contraprestación y control del Estado, eso es lo que estamos discutiendo”, sostuvo.

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, de buena relación con los intendentes propios y también opositores, propuso que los programas dependan de los municipios. “Es unánime la aceptación de la descentralización del control de los planes sociales en los Municipios. Hay que construir un Estado fuerte, eficiente, transparente”, sostuvo.

En ese sentido, Insaurralde marcó que el país y la Provincia de Buenos Aires “deben crecer vinculando al sector privado con el público, e incluso a los emergentes de la economía popular, con un rol preponderante de los Municipios, como la principal puerta de atención hacia los vecinos y vecinas, y sus demandas”.

En esa línea, especificó que “los programas sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador del Estado son los Municipios. Esa es la esencia del planteo de Cristina”.

“Las políticas sociales no pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo es justamente la universalidad”, cerró.

En medio del debate por el rol de Estado en la administración de los programas sociales, la Vicepresidenta recibió al intendente de Pehuajó, que le presentó una iniciativa que se realiza en su municipio.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este miércoles al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le acercó una iniciativa local sobre los planes sociales. Este encuentro se da tras el acto que la ex mandataria encabezó el lunes en Avellaneda, en el que cuestionó el uso discrecional de los programas por parte de algunas organizaciones sociales.

“Con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación”, afirmó la Vice a través de su Twitter.

Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/2IByOYqlgr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 22, 2022

En el marco del plenario de la CTA celebrado el lunes en Avellaneda, la vicepresidenta había desarrollado su crítica sobre el manejo de los planes sociales. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja”, afirmó Cristina durante el acto de Avellaneda.

Se trata de una línea de incentivos económicos para aquellos beneficiarios que quieran capacitarse o insertarse en el mundo laboral registrado.

El Gobierno oficializó este jueves la creación de la “línea de acción ‘Potenciar Empleo’ como parte del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo'”, cuyo objetivo es “generar los incentivos necesarios” para que los beneficiarios de este plan “puedan incorporarse al trabajo asalariado registrado en el sector privado”.

Por medio de la Resolución 410/2022 que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, “el Salario Social Complementario pasará a conformarse como un incentivo para la inclusión laboral como parte de una prestación económica individual para los titulares del programa”, según se explica en los fundamentos de la norma.

El objetivo es “identificar las necesidades de capacitación y formación profesional, las posibilidades existentes para realizar entrenamiento en el trabajo y el desarrollo de inserciones laborales en el empleo registrado asalariado, previo diagnóstico de los perfiles de titulares de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y habilidades para actividades específicas”.

La línea de acción está destinada a “los y las titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Local-Potenciar, y de aquellos programas que, por Resolución del Ministerio de Desarrollo Social, se incorporen a futuro”, según se remarca en la normativa.

“Dichos titulares, para que puedan incorporarse al empleo asalariado registrado en el sector privado deberán contar con una antigüedad no inferior a los tres meses en el Programa”, se consigna.

Las personas que participen de esta línea de acción deberán asistir a los espacios de formación y capacitación profesional.

La prestación económica individual será de carácter mensual a modo de “incentivos” y será “una suma equivalente al 50%)del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) establecido por el Consejo Del Salario Mínimo Vital Y Móvil”.

“Su percepción implica la suspensión del cobro del Salario Social Complementario establecido por la Resolución MDS N° 1868/2021”, y se “abonará por un lapso de doce meses a contar desde la fecha de ingreso del trabajador”, indica la norma.

“Los empleadores adherentes podrán contabilizar como parte del salario el monto de la prestación económica individual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y abonarán a las trabajadoras y trabajadores contratados, como mínimo, la diferencia necesaria para alcanzar el salario establecido para la categoría laboral que corresponda, de acuerdo con las normas legales y convencionales que resulten aplicables”, precisa el texto.

Comenzarán a desempeñarse en distintas empresas de manera progresiva durante todo el 2022.

Empresarios gastronómicos anunciaron este viernes la incorporación al sector durante 2022 de 4.000 personas que actualmente son beneficiarios de planes sociales.

La medida se llevará a cabo como parte del compromiso del Gobierno nacional de convertir progresivamente los planes sociales en empleo registrado.

El anuncio se realizó en el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la Avenida 9 de Julio 1925, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participaron los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Trabajo, Claudio Moroni.

Algunas de las empresas que apoyan el anuncio son Tostado Café Club, Green Eat, Tea Connection, Le Pain Quotidien, Café Martínez, El Club de la Milanesa, Pizzería Popular, Johnny B. Good, Temple Bar, Almacén de Pizzas, Juan Valdez Café y Hell’s Pizza.

El precandidato a diputado nacional liberal pidió “el mayor de los respetos” hacia los titulares de planes sociales del Estado

“Nos tocó asumir y al otro día acompañar al Presidente de la Nación en un trabajo que ya empezamos hacer con el ministro Moroni”, aseguró Juan Zabaleta

El humorista aliado a Juntos por el Cambio criticó a los que reciben ayuda social y pidió el “voto calificado”

Esta vez el conductor de A24 disparó sin filtro contra quienes reciben asistencia del Estado, a quien él no tuvo problemas en calificarlos como “atorrantes”

La principal perjudicada será la provincia de San Juan. Gioja advirtió que se está generando un caldo de cultivo para que se den conflictos en todo el país.

El verano de 2018 trae más recortes a sectores populareS. Esta vez le toca el turno al Ministerio de Trabajo que dará de baja 28 mil planes sociales laborales, cerca del 35% del programa “Entrenamientos para el trabajo” que maneja la cartera de Jorge Triaca.

El lunes, el ministro se reintegra a sus funciones luego del escándalo que lo puso en la picota por tener y despedir con insultos a una empleada sin registrar y a la que se le pagaba el sueldo a través del gremio SOMU. Una de sus primeras medidas según se comenzará a implementar el jueves con la baja de 5.537 bajas que se completarán con otras 8.000 durante febrero.

Los planes que se recortarán son de 1.850 pesos mensuales por persona y no se prevé una alternativa, excepto el lanzamiento en marzo de una plataforma virtual, llamado Trabajo en Red, en la que los beneficiarios deberán cargar sus currículums para luego presentarse a entrevistas en diferentes empresas que pueden publicar ofertas de empleo en ella.

Desde el martes 23, hay movilizaciones y estado de alerta en San Juan, una de las provincias sobre las que golpeará con más fuerza la decisión, ya que 13 mil de los 28 mil planes se recortarán allí. José Luis Gioja, diputado y ex gobernador de San Juan, dijo que en su provincia se corre el peligro “de que esto desate una crisis social de proporciones”.

El viernes, tras reunirse con movimientos sociales el presidente del PJ expresó que se trata de una política sistemática del presidente Macri que tiene a San Juan como objetivo preferente: “(Macri) trata a San Juan como a una provincia de último orden: nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes”.

El programa que consta de 80 mil beneficiarios se implementaba a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie y el Polo Obrero. El recorte es consecuencia del ajuste presupuestario ordenado por el presidente hace unos meses y parte de un plan para socavar la representatividad de ciertas organizaciones sociales.

Fuente: Diario Tiempo Argentino