El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler. Busca ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación y regular los aumentos. Hay 6,6 millones de inquilinos.

La Comisión de Legislación General del Senado dio dictamen al proyecto de Ley de alquileres que ahora quedó habilitado para ser debatido en el recinto, lo cual fue celebrado por las organizaciones que protegen los derechos de los inquilinos que expresaron que esta decisión "es un gran paso para los más de seis millones de personas que rentan una vivienda en el país".

El proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las condiciones de los contratos de alquiler y entre las principales propuestas figuran ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de locación.

Entre otras cuestiones establece que el régimen de actualización de precios se adecúe a un promedio entre el índice de precios y el de salarios; que los inquilinos no paguen las expensas extraordinarias y que la devolución del depósito, con un monto actualizado al finalizar el contrato (que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler), sea proporcional a lo estipulado.

Silvina García Larraburu (FPV), autora de la iniciativa, destacó que la reforma del Código, trabajada en esta Ley de Alquileres, "nos involucra a todos de manera trasversal".

"La mayoría de la población pasa por la necesidad de tener que alquilar su vivienda, por eso ya sabemos a qué nos sometemos cuando nos embarcamos en la aceptación de un contrato de alquiler. Siempre los inquilinos están en desventaja y no tienen un real poder de decisión", aseguró la legisladora.

La iniciativa fue trabajada con la organización Inquilinos Agrupados y cuenta con el apoyo de senadores, legisladores y concejales de todo el país, integrantes de pymes, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.

"Enfrentamos una situación muy delicada, los aumentos desmedidos en el precio de los alquileres superan cualquier índice de inflación; contratos por sólo dos años que nos obligan a estar en permanente mudanza, y dejando nuestros ahorros en cada firma de un nuevo contrato, son solo algunos de los obstáculos que nos imponen para acceder a una vivienda", expresaron inquilinos de diversas provincias.

García Larraburu destacó que "más de 6,6 millones de personas se enfrentan a graves ajustes locativos o imposibilidad en el acceso al alquiler; los aumentos, las expensas, el mes de depósito, la comisión inmobiliaria, los gastos de certificación y garantía, hacen casi imposible el acceso a la vivienda".

La agrupación Inquilinos Agrupados celebró la decisión de la Comisión "porque sirve como un piso de discusión para seguir proponiendo políticas públicas que apunten a generar condiciones más justas para alquilar una vivienda digna para vivir".

El senador Juan Manuel Abal Medina presentó esta tarde en su despacho, junto con los senadores Teresita Luna y Jaime Linares, el proyecto de ley que declara la emergencia social en todo el territorio nacional por el término de un año.

El proyecto promueve la creación un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo, y establece la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.

A su vez, la propuesta contempla que durante la vigencia de la Emergencia Social se incremente en un 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El senador afirmó que “si bien el proyecto supone una erogación importante para el Estado Nacional, lo hace de manera responsable y cuidando el equilibrio fiscal, por lo cual la creación de los nuevos puestos de trabajo será paulatina y gradual, y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del gobierno”.

El costo del aumento del 15% para las asignaciones para los dos últimos meses de este año, será de 1500 millones aproximadamente y de 7700 millones para 2017. El costo de la creación de los nuevos puestos de trabajo dependerá de la forma en la que el Poder Ejecutivo vaya implementando el programa y se contempla la redistribución de las partidas presupuestarias de todos los programas de empleo que existen en la actualidad.

Si bien el proyecto no incorpora fuentes de financiamiento, por ser la modificación de impuestos una atribución de Diputados, Abal Medina afirmó que “hemos trabajado responsablemente para proponer distintas alternativas como el aumento de los gravámenes a bienes suntuosos y bebidas alcohólicas, o la creación de impuestos específicos para máquinas de casinos y salas de juegos, o el aumento de impuestos a la explotación minera”.

Abal Medina también explicó que “otra fuente de financiamiento se puede lograr gravando los dividendos que reciben los accionistas de las empresas. Por eso cuando se votó el blanqueo de capitales, me opuse expresamente y voté en particular en contra del artículo 75 que deroga esa carga impositiva de la renta financiera”.

La economía popular contiene a los trabajadores que se encuentran inscriptos en relaciones distintas de las formales o tradicionales, que están por fuera de una relación salarial y en una actividad cuyo trabajo está socialmente desvalorizado, que por lo tanto y por ello más desprotegidos.

Además de Abal Medina, Luna y Linares, el proyecto es acompañado por los senadores Miguel Ángel Pichetto, María Graciela De la Rosa, Pedro Guastavino, María Labado, Silvia García Larraburu, Marina Riofrío, Beatriz Mirkin, Carlos Espínola, Liliana Fellner, Juan Manuel Irrazabal, Juan Mario Pais, Sigrid Kunath, Eduardo Aguilar, Daniel Lovera, José Miguel Mayans, José Alperovich, Ruperto Godoy y Jaime Linares.