El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 declar\u00f3 la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que declar\u00f3 servicio p\u00fablico a las telecomunicaciones y concluy\u00f3 que deber\u00eda haberse dictado una “ley formal”, al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom.<\/p>\n\n\n\n
“Disponer que una actividad econ\u00f3mica se declare como servicio p\u00fablico, tambi\u00e9n requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilizaci\u00f3n de un DNU a ese fin”, sostuvo la jueza Cecilia De Negre.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada dispuso la nulidad del decreto 690\/2020 y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020.<\/p>\n\n\n\n
La jueza sostuvo que el Estado Nacional “cuenta con los medios y con la posibilidad jur\u00eddica y t\u00e9cnica de implementar sistemas de prestaci\u00f3n b\u00e1sica y universal, a los fines de consecuci\u00f3n de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educaci\u00f3n, Secretar\u00eda de Innovaci\u00f3n y el Enacom, o implementando nuevos emprendimientos”, para garantizar el acceso al servicio de toda la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“Es decir, frente a la existencia de medidas alternativas ya implementadas, el aumento de los costos para las licenciatarias que deriva de la implementaci\u00f3n del PBU, conjuntamente con el congelamiento de precios que el DNU dispone, resultan medidas gravosas para las licenciatarias”, agreg\u00f3 la sentencia.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n podr\u00edan ser \u201cpotencialmente da\u00f1inas para los usuarios que, a contrario del fin que la norma busca, se traducir\u00eda en menor inversi\u00f3n y menor calidad del servicio, vulnerando derechos constitucionalmente protegidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Para De Negre, “al disponer que la actividad prestada sea sustra\u00edda del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanci\u00f3n de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garant\u00eda del art. 17 de la C.N.; es que la declaraci\u00f3n de una actividad econ\u00f3mica como servicio p\u00fablico, implica someterla a un r\u00e9gimen especial de sujeci\u00f3n jur\u00eddica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; t\u00e9cnica conocida como publicatio”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Luego de dar lugar a la demanda promovida por Telecom, el fallo consider\u00f3 que “disponer que una actividad econ\u00f3mica se declare como servicio p\u00fablico, tambi\u00e9n requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso”. El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 declar\u00f3 la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que declar\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":103274,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-103273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"yoast_head":"\n