Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805\/2025, Javier Milei dio un paso m\u00e1s en su objetivo de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Para ello, modific\u00f3 su marco regulatorio, con un cambio que sobresali\u00f3: a partir de ahora, la empresa podr\u00e1 cortar el servicio por falta de pago.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n indica que se permitir\u00e1 a la empresa interrumpir el suministro en casos de mora, pese a ser un derecho humano universal: despu\u00e9s de 60 d\u00edas de atraso para hogares y 15 d\u00edas para otros usuarios, previa notificaci\u00f3n con al menos siete d\u00edas h\u00e1biles de anticipaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
A su vez, el decreto se\u00f1ala que era necesario \u201cdar certeza jur\u00eddica\u201d antes de avanzar con la licitaci\u00f3n del 49% de las acciones de AySA: un 44% a venderse a privados y un 5% que se distribuir\u00e1 en un Programa de Propiedad Participada para trabajadores.<\/p>\n\n\n\n
El Ejecutivo nacional remarc\u00f3 que durante la revisi\u00f3n t\u00e9cnica del marco regulatorio detect\u00f3 errores materiales en la normativa vigente, especialmente en el r\u00e9gimen tarifario relacionado con los \u201ccargos por construcci\u00f3n\u201d. Esos errores, argumenta el DNU, alteraban la l\u00f3gica hist\u00f3rica del sistema y generaban inconsistencias en la facturaci\u00f3n entre usuarios medidos y no medidos.<\/p>\n\n\n\n