La crisis declarada por la compa\u00f1\u00eda, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigm\u00e1tico de los \u201cexcesos sindicales\u201d que, seg\u00fan el Gobierno y sus aliados, justificar\u00edan una flexibilizaci\u00f3n de los derechos laborales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La empresa, dedicada a la distribuci\u00f3n de papeler\u00eda y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inici\u00f3 un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores<\/strong>, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situaci\u00f3n, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dict\u00f3 la conciliaci\u00f3n obligatoria y orden\u00f3 la reincorporaci\u00f3n inmediata de los despedidos, resoluci\u00f3n que la compa\u00f1\u00eda se neg\u00f3 a acatar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La negativa empresarial deriv\u00f3 en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate p\u00fablico r\u00e1pidamente se desplaz\u00f3 del incumplimiento patronal hacia la criminalizaci\u00f3n de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El due\u00f1o de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo p\u00fablicamente que la empresa se encuentra \u201cal borde del cierre\u201d y denunci\u00f3 amenazas, extorsiones y una supuesta \u201ctoma pol\u00edtica\u201d de la planta. \u201cEstamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo\u201d, afirm\u00f3 en declaraciones radiales, al tiempo que insisti\u00f3 en que no permitir\u00e1 el ingreso de los delegados despedidos por razones de \u201cseguridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecuci\u00f3n sindical.<\/strong> La diputada Myriam Bregman<\/strong> advirti\u00f3 que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resoluci\u00f3n del Ministerio de Trabajo<\/strong> y sostuvo que el conflicto est\u00e1 siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. \u201cSe busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atenci\u00f3n del incumplimiento patronal\u201d<\/strong>, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El caso tom\u00f3 a\u00fan mayor visibilidad tras la intervenci\u00f3n p\u00fablica de la senadora libertaria Florencia Arietto<\/strong>, quien acus\u00f3 a un grupo de trabajadores \u201caparateados por la izquierda\u201d de bloquear la planta y violar la conciliaci\u00f3n obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vincul\u00f3 directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana<\/strong> y alert\u00f3 sobre la posible p\u00e9rdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la \u201clibertad de trabajar\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompa\u00f1an la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas<\/strong>. En ese sentido, el conflicto es le\u00eddo como parte de una estrategia m\u00e1s amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organizaci\u00f3n sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva pol\u00edtica y medi\u00e1tica <\/strong>que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostraci\u00f3n p\u00fablica de por qu\u00e9, seg\u00fan el Gobierno, \u201chay que cambiar las reglas del trabajo\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n As\u00ed, lo que comenz\u00f3 como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una f\u00e1brica del conurbano bonaerense termin\u00f3 transform\u00e1ndose en un s\u00edmbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En pleno debate por la pol\u00e9mica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dej\u00f3 de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilizaci\u00f3n. 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