El diputado nacional de Uni\u00f3n por la Patria, M\u00e1ximo Kirchner, present\u00f3 un proyecto de ley para reforzar el rol del Congreso en las decisiones sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).<\/strong> La iniciativa establece que cada nuevo acuerdo que el Poder Ejecutivo pretenda suscribir con el organismo deber\u00e1 ser debatido y aprobado previamente por el Parlamento mediante una ley espec\u00edfica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La presentaci\u00f3n coincidi\u00f3 con el anuncio de la visita a la Argentina de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva<\/strong>, quien llegar\u00e1 al pa\u00eds por primera vez en ocho a\u00f1os para desarrollar una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n El proyecto propone reemplazar el esquema vigente por un r\u00e9gimen m\u00e1s amplio que garantice un mayor control institucional sobre los compromisos financieros asumidos por el Estado. <\/strong>En ese sentido, limita la posibilidad de que el Ejecutivo cierre acuerdos sin intervenci\u00f3n del Congreso, proh\u00edbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobarlos y descarta la delegaci\u00f3n de esas facultades a una comisi\u00f3n bicameral.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La iniciativa, compuesta por 22 art\u00edculos, cuenta con el respaldo de otros 15 diputados de Uni\u00f3n por la Patria<\/strong>: Germ\u00e1n Mart\u00ednez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicol\u00e1s Trotta, Mar\u00eda Elena Vel\u00e1zquez, Marcelo Barbur, Agust\u00edn Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena L\u00f3pez. Adem\u00e1s, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda P\u00fablica para establecer un nuevo marco normativo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El proyecto dispone que cada operaci\u00f3n de cr\u00e9dito con organismos financieros internacionales sea autorizada mediante una ley especial que detalle el monto m\u00e1ximo del pr\u00e9stamo, el plazo de amortizaci\u00f3n, las condiciones del financiamiento y el destino de los fondos.<\/strong> De esta manera, busca garantizar que decisiones con fuerte impacto sobre la econom\u00eda nacional cuenten con el debate y el respaldo de los representantes elegidos por la ciudadan\u00eda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Asimismo, declara la nulidad absoluta de los acuerdos que impongan condicionamientos sobre la regulaci\u00f3n del movimiento de capitales en el pa\u00eds y establece que los funcionarios que suscriban compromisos por fuera del procedimiento previsto podr\u00e1n ser responsabilizados por los da\u00f1os ocasionados al Estado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El texto tambi\u00e9n cuestiona el DNU 179\/2025, mediante el cual el Gobierno instrument\u00f3 el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones \u2014equivalentes a unos 20.000 millones de d\u00f3lares\u2014 sin tratamiento previo en el Congreso. <\/strong>Seg\u00fan la iniciativa, este tipo de decisiones deben quedar sujetas al control parlamentario y, en caso de incumplir la nueva normativa, podr\u00edan ser revisadas e incluso declaradas nulas.<\/p>\n\n\n\n Entre los principios que orientan el proyecto se destacan la soberan\u00eda econ\u00f3mica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la legitimidad de las pol\u00edticas macroprudenciales, la sostenibilidad de la deuda en funci\u00f3n de la capacidad real de pago, la transparencia con control democr\u00e1tico y el fortalecimiento del multilateralismo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En ese marco, el texto sostiene que el FMI tambi\u00e9n debe asumir responsabilidades cuando incumple sus propias normas o aprueba programas con motivaciones pol\u00edticas.<\/strong> Como antecedente, cita una evaluaci\u00f3n de la Oficina de Evaluaci\u00f3n Independiente (OEI) del propio organismo sobre el acuerdo firmado con la Argentina en 2018, donde se registraron cuestionamientos internos respecto del cumplimiento de los criterios de acceso excepcional y se calific\u00f3 la operaci\u00f3n como una “zona gris”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, recuerda que, entre mayo de 2018 y el momento de elaboraci\u00f3n de ese informe, salieron del pa\u00eds 45.100 millones de d\u00f3lares por formaci\u00f3n de activos externos del sector privado, una cifra superior a los 44.500 millones de d\u00f3lares desembolsados por el FMI durante ese programa<\/strong>, un antecedente que la iniciativa considera necesario tener presente para evitar que vuelvan a repetirse experiencias similares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El proyecto busca fortalecer el control democr\u00e1tico, garantizar la transparencia y evitar que el Poder Ejecutivo firme nuevos endeudamientos sin aprobaci\u00f3n parlamentaria. 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Soberan\u00eda econ\u00f3mica y transparencia<\/h3>\n\n\n\n