La Corte Suprema de Justicia tom\u00f3 una decisi\u00f3n que despert\u00f3 indignaci\u00f3n entre organizaciones vinculadas con la defensa de la soberan\u00eda territorial: revoc\u00f3 el fallo que hab\u00eda frenado la derogaci\u00f3n de la Ley de Tierras y, en los hechos, dej\u00f3 vigente la eliminaci\u00f3n de los l\u00edmites a la adquisici\u00f3n de tierras rurales por parte de extranjeros impulsada por el Gobierno de Javier Milei.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El caso hab\u00eda sido iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plat<\/strong>a, que recurri\u00f3 a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad del art\u00edculo 154 del DNU 70\/2023<\/strong>, mediante el cual el Gobierno derog\u00f3 la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La normativa establec\u00eda l\u00edmites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras, adem\u00e1s de mecanismos de control a trav\u00e9s del Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial. Su objetivo era evitar una extranjerizaci\u00f3n indiscriminada del territorio y preservar el control nacional sobre un recurso estrat\u00e9gico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En primera instancia, la Justicia hab\u00eda rechazado el planteo. Sin embargo, en marzo de 2024, la Sala III de la C\u00e1mara Federal de La Plata fall\u00f3 a favor de los excombatientes y fren\u00f3 los efectos de la derogaci\u00f3n. El Poder Ejecutivo apel\u00f3 y el expediente termin\u00f3 llegando a la Corte Suprema.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El m\u00e1ximo tribunal finalmente revoc\u00f3 aquella decisi\u00f3n, aunque no se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogaci\u00f3n de la Ley de Tierras. Los jueces centraron su resoluci\u00f3n en la legitimidad de los demandantes y consideraron que los excombatientes no estaban habilitados para promover una acci\u00f3n colectiva<\/strong> en defensa de un supuesto derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo.<\/p>\n\n\n\n “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvo la Corte.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, aunque formalmente el tribunal evit\u00f3 resolver el fondo de la cuesti\u00f3n, el efecto concreto de su decisi\u00f3n es significativo: queda vigente la derogaci\u00f3n de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno de Milei<\/strong>, eliminando el marco legal que establec\u00eda l\u00edmites a la adquisici\u00f3n de tierras rurales por parte de extranjeros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La resoluci\u00f3n provoc\u00f3 fuertes cuestionamientos precisamente porque la Corte termin\u00f3 dejando sin efecto la protecci\u00f3n judicial que hab\u00eda suspendido la derogaci\u00f3n, mientras el Gobierno avanza con su pol\u00edtica de desregulaci\u00f3n y apertura a la inversi\u00f3n extranjera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La pol\u00e9mica adquiere una dimensi\u00f3n todav\u00eda mayor por tratarse de tierras rurales, un recurso estrat\u00e9gico directamente relacionado con el territorio y la soberan\u00eda nacional. Para los sectores que rechazan la medida, la decisi\u00f3n judicial implica un nuevo retroceso frente a la posibilidad de preservar l\u00edmites sobre la concentraci\u00f3n y extranjerizaci\u00f3n de tierras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La Ley 26.737 establec\u00eda un r\u00e9gimen espec\u00edfico para regular la titularidad y posesi\u00f3n de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa fijaba l\u00edmites, criterios y excepciones para la adquisici\u00f3n de esos terrenos por personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas extranjeras.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, cre\u00f3 el Registro Nacional de Tierras Rurales<\/strong> y un Consejo Interministerial encargado de intervenir en la aplicaci\u00f3n de la normativa.<\/p>\n\n\n\n La ley buscaba evitar una extranjerizaci\u00f3n desmedida del territorio y establecer mecanismos de control estatal sobre la propiedad rural. Su derogaci\u00f3n mediante el DNU 70\/2023 y la posterior decisi\u00f3n de la Corte vuelven a colocar en el centro del debate una cuesti\u00f3n sensible: qu\u00e9 l\u00edmites debe tener la adquisici\u00f3n extranjera de tierras y hasta d\u00f3nde puede avanzar la desregulaci\u00f3n cuando est\u00e1 en juego el control de un recurso estrat\u00e9gico del pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El m\u00e1ximo tribunal revoc\u00f3 el fallo que hab\u00eda frenado la derogaci\u00f3n de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno mediante el DNU 70\/2023. Aunque evit\u00f3 pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida, cuestion\u00f3 la legitimidad de los excombatientes que hab\u00edan llevado el reclamo a la Justicia. 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