La Comisión Provincial por la Memoria criticó la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
Mediante un comunicado, hicieron pública su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses.<\/p>\n
Asimismo, rechazaron las declaraciones del ministro de seguridad provincial, Cristian Ritondo, celebrando esta situación y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos. "Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subarayaron.<\/p>\n
"Ante las declaraciones del ministro Cristian Ritondo, que niegan la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro", criticaron.<\/p>\n
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el ministro en conferencia de prensa. Para la CPM dicha farse es "irresponsable" ya que "se naturaliza así la violencia del Estado y avalando la comisión permanente de delitos en los que incurre".<\/p>\n
"Pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, “amontonar” personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito", puntualizaron.<\/p>\n
"Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable", agregaron.<\/p>\n
Entre sus estadísticas, desde la CPM, detallaron que en la actualidad, existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. "Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad", ahondaron.<\/p>\n
Fuente: La Tecla<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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