El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso la domiciliaria de la dirigente social, pero incumpliendo lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Nación. En lugar de cumplir la prisión preventiva en su vivienda del barrio de Cuyaya, Sala volverá a una casa con custodia policial y otras restricciones ilegales.<\/p>\n
A horas de que se venciera el plazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Justicia de Jujuy ordenó el traslado de Milagro Sala desde la cárcel de Alto Comedero a la casa de la localidad de El Carmen.<\/p>\n
El organismo de la OEA había dictado el 23 de noviembre una medida provisional para que el Estado argentino adopte antes del 15 de diciembre medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.<\/p>\n
Dos semanas después, la propia Corte de Suprema de Justicia argentina exigió “dar cabal cumplimiento con lo decidido por la Corte IDH”, y aclaró que, en el caso del arresto domiciliario, “deberá llevarse a cabo en su residencia o donde habitualmente vive” la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.<\/p>\n
Esto es precisamente lo que incumple el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos al trasladar a Sala a la casa de El Carmen en lugar de llevarla a su domicilio real en el barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy.<\/p>\n
Durante el breve periodo en que la dirigente estuvo bajo prisión domiciliaria –del 31 de agosto al 14 de octubre– debió hacerlo en El Carmen con fuerte custodia de Gendarmería y una serie de restricciones violatorias de la Ley de Ejecución Penal. El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, llegó a describir la casa como una “mini Guantánamo” por los alambres de púas, los gendarmes dentro y fuera del lugar, y las restricciones impuestas incluso a los familiares de Milagro.<\/p>\n
“El Estado argentino sigue incurso en responsabilidad internacional, no solamente desobedeciendo a la Corte Interamericana, sino también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, subrayó Luis Paz, uno de los abogados defensores de la parlamentaria detenida desde el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador Gerardo Morales.<\/p>\n