Será en una audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Allí también se tratará la embestida del Gobierno argentino contra abogados y jueces laborales.<\/p>\n
Luego de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos humanos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.<\/p>\n
La presentación, acompañada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales, pone de relieve los ataques macristas a gremios, abogados y jueces laborales, destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”.<\/p>\n
En este marco, la CIDH convocó a ambas partes a una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.<\/p>\n
Los denunciantes indican que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada”.<\/p>\n
“Hay un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”, señaló hoy Matías Cremonte, presidente de la AAL, y precisó que existen “cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”.<\/p>\n
Macri aseguró más de una vez que existe una “mafia de los juicios laborales”, que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.<\/p>\n
Tras estas embestidas verbales, el Gobierno pidió juicios políticos contra los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA); y contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios.<\/p>\n
También se recusó a la jueza Dora Temis, quien intimó al gobierno de María Eugenia Vidal a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes bonaerenses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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