Se trata de las legisladoras Margarita Stolbizer y Liliana Schwindt, quienes denunciaron los despidos a técnicos vinculados a esa cartera, que se negaron a firmar resoluciones en beneficio a una empresa productora de gas.<\/p>\n
Las diputadas nacionales del GEN y del Frente Renovador denunciaron despidos de técnicos en el Ministerio de Energía y “las decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.<\/p>\n
Según informaron las legisladoras, exmiembros de Panamerican Energy (PAE), actualmente funcionarios de la cartera que conduce Juan José Aranguren –quienes deberían controlarla-, eximieron a la empresa de una serie de obligaciones que ahora deberá cubrir la estatal ENARSA. “O sea, lo que se ahorran los privados, lo ponen los ciudadanos. Los funcionarios que cuestionaron dicha medida, fueron despedidos”, señalaron mediante un comunicado las legisladoras.<\/p>\n
Stolbizer y Schwindt impulsan, ahora, una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo por la decisión de poner fin a las contrataciones de varios empleados del área profesional\/técnica del Ministerio de Energía, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, la Subsecretaría de Refinación y Comercialización, y la Dirección de Gas Licuado.<\/p>\n
Las diputadas explicaron: “Sin ninguna justificación, se ha dispuesto despedir a tres profesionales con 13 y 15 años de antigüedad. La decisión les fue comunicada mediante un extraño procedimiento casi intimidatorio y no permitiéndoseles ingresar a posteriori a sus lugares de trabajo. Se sospecha que los funcionarios a cargo podrían utilizar argumentos falaces para acusar arbitraria e ilegalmente a los empleados, con la intención de descalificar su trabajo y sacarlos del área por haber mostrado sus diferencias con algunas decisiones tomadas en beneficio de empresas productoras de gas”.<\/p>\n
Y acusaron que la empresa Panamerican Energy (PAE) “parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política”, como ocurrió “con el gobierno anterior y lo vuelven a hacer con el actual”. Al respecto, alertaron que “hoy es más grave” porque “dentro del mismo gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan. Porque lo que hacen es asegurarles un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos”.<\/p>\n
“Este gobierno le exime a las empresas que pongan lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos”, continuaron.<\/p>\n
Las legisladoras detallaron que los productores de gas deben realizar un aporte anual de producto en el mercado interno, destinado a las garrafas que usan los sectores más vulnerables que no acceden al gas de red. Una vez cubierto ese mercado interno destinado a las garrafas, el productor puede destinar el resto de su producción adonde más le convenga, o bien puede exportarlo.<\/p>\n
En este sentido, dijeron: “Lo extraño se produce cuando los mismos funcionarios (todos ex PAE), sin ninguna fundamentación, dispensan a la misma empresa de la obligación de aportar el volumen destinado al mercado interno. Y entonces ese volumen interno lo tiene que aportar -por disposición administrativa- la empresa estatal ENARSA, o sea, se va a financiar con recursos públicos”.<\/p>\n
“La consecuencia de todo esto, es que los grandes ganan más y los pobres ponen más, por el encarecimiento del precio de la garrafa para el consumidor”, agregaron.<\/p>\n
Ambas consideraron que la “persecución” hacia los trabajadores “se enmarca en esta denuncia de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Energía, por haberse negado a firmar las referidas resoluciones”. “Lo que cuestionamos severamente en el gobierno anterior, como la mala práctica de la persecución de los trabajadores que no aceptaron ser cómplices de la corrupción, se repite ahora cuando se llega a dejar sin su empleo a profesionales con experiencia, trayectoria, cargas de familia, pero que se constituyeron en miradas de atención sobre lo que está pasando”, señalaron.<\/p>\n
Las diputadas Stolbizer y Schwindt solicitaron información al Ministerio e informaron que llevarán adelante una serie de medidas administrativas, legislativas, sin descartar alguna posible intervención judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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