Andrés “cuervo” Larroque denunció el intercambio de base de datos e información de ciudadanos entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública. “Es una amenaza clara a los derechos de los ciudadanos. Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, apellido, teléfono, dirección y DNI”, cuestionó.<\/p>\n
Para Larroque, la acción del gobierno de Mauricio Macri, configura un ataque deliberado y realizado de manera oficial “sobre la libertad individual de las personas, sobre su libertad de opinión y sobre su derecho a la intimidad”.<\/p>\n
En este sentido, el referente de La Cámpora señaló: “Con profunda preocupación, vemos este hecho como una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos y por extensión a la democracia como tal”.<\/p>\n
Entre los datos que ANSES le brindó a la Secretaria de Comunicación Pública de la Nación se encuentran el “Nombre Apellido DNI; Teléfonos; Dirección; CUIT\/CUIL; Email; Fecha de nacimiento; Estado Civil y Nivel de Estudios”.<\/p>\n
“¿Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro CUIT o CUIL? ¿Y nuestro teléfono? ¿Nuestro Email? ¿Es necesario que para elaborar una política de medios de comunicación el Estado sepa todo eso?”, se preguntó.<\/p>\n
Y recordó: “Los funcionarios involucrados, incluido el Presidente de la Nación, no tienen un buen currículum en lo que a campañas se refiere. ¿Recuerdan el caso de la campaña sucia realizada a Daniel Filmus en la Ciudad de Buenos Aires donde se involucró a su padre? Esa campaña fue realizada con una base de datos con información similar a la que aquí se expone”, concluyó.<\/p>\n
El gobierno de Mauricio Macri justificó esta apropiación de la base de datos de la ANSES, que se extenderá inicialmente a lo largo de 2 años, en la necesidad de “instrumentar las políticas de comunicación” oficiales.<\/p>\n
“La Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”, agregó.<\/p>\n
Para fundamentar este espionaje seudo-legal, la resolución sostiene por último que “resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.<\/p>\n
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