La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue denunciada por el dictado del decreto que establecía penas para quienes revelaran datos de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos bonaerenses, a pesar de que la mandataria derogó esa decisión.<\/p>\n
La denuncia la presentó el abogado Marcelo Parrilli, quien sostuvo que no extingue el delito el hecho que, “producto del escándalo y reprobación públicas que suscitó” el decreto 647\/16, la norma fuera derogada pocos días después de haber sido dictado el 3 de junio último.<\/p>\n
El letrado solicitó al juez federal Sebastián Ramos que indague a Vidal y a los ministros de gobierno, Federico Salvai, y de coordinación y gestión pública, Roberto Gigante, también firmantes del decreto, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.<\/p>\n
Parrilli aseguró que la gobernadora y los ministros violaron las constituciones nacional y provincial que, por el principio de división de poderes, impide al ejecutivo asumir funciones legislativas, más aún si se trata de derecho penal.<\/p>\n
El artículo 5 bis del decreto establecía que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios tendrían carácter “reservado” y preveía penas para quienes vulneraran ese precepto.<\/p>\n
El artículo 7 bis del decreto indicaba que “la utilización indebida de la Declaración Jurada Patrimonial Sintética y\/o cualquiera de los datos en ella contenidos, será sancionada de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad administrativa, penal y por daños y perjuicios” correspondientes.<\/p>\n
“Como resulta evidente -afirmó el letrado- la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se ha atribuido, al dictar el decreto (…) facultades legislativas que le están expresamente vedadas por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por las más elementales garantías vigentes en materia de división de poderes”.<\/p>\n
Tras citar las normas constitucionales que consideró violadas, Parrilli expuso que si no fuera por la “reacción ciudadana”, el poder ejecutivo provincial “hubiera mantenido y aplicado el decreto”.<\/p>\n
“Lo cierto –agregó- es que los denunciados han violado la Constitución Nacional y la Constitución provincial, normas de las cuales deben ser especiales defensores, traicionando, para el caso de la gobernadora, la confianza pública que en ella se depositó mediante el voto popular”.<\/p>\n
Para el letrado “el delito se consuma con el dictado del decreto” por lo que su posterior supresión no hace desaparecer el ilícito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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