El decreto 647\/16 de la gobernadora María Eugenia Vidal estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses tuvieran una versión “extendida”, con carácter “reservado”, y otra “sintética”, a la que se podría acceder de forma pública.<\/p>\n
La misma disposición, publicada en el Boletín Oficial para modificar el decreto 116\/16, contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y\/o contenido” de las declaraciones “reservadas” de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario, y también para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.<\/p>\n
La versión “sintética” restringía “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.<\/p>\n
Tampoco hacía públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y\/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.<\/p>\n
Por otro lado, el decreto de Vidal prorrogó por 60 días la presentación de las declaraciones juradas, que alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la propia gobernadora, su vice, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.<\/p>\n
Asimismo, incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.<\/p>\n
Tras conocerse la medida del Gobierno bonaerense, distintos sectores opositores plantearon su rechazo al entender que este decreto vulneraba el derecho a la información.<\/p>\n
La senadora del FpV, Mónica Macha, explicó que “las políticas de transparencia son un derecho de los y las bonaerenses y no depende de la voluntad ni los decretos de Vidal”.<\/p>\n
“El gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras, ahora hacen lo mismo con las declaraciones juradas, ocultan”, agregó la legisladora Mónica Sierra, titular del bloque kirchnerista en el Senado.<\/p>\n
Desde el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también manifestó su repudio: “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo y calificó la medida como “una barbaridad”.<\/p>\n
Este decreto era similar al artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.<\/p>\n
Luego de las fuertes reacciones, Vidal dijo a través de su cuenta de Twitter que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada” y, más tarde, anunció que derogará los artículos 1, 2 y 7 de su medida para “despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.<\/p>\n
La Cámara Alta provincial tiene previsto tratar mañana un proyecto sobre las declaraciones juradas que incluye a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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