Bajo la orden del juez federal Claudio Bonadío, efectivos de la Policía Metropolitana irrumpieron en las oficinas del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto para entregar un oficio en el que se requieren datos sobre posibles vínculos con una empresa investigada por posibles “contrataciones irregulares” en el marco del Plan Qunita, ejecutado por el Gobierno nacional.<\/p>\n
Oficiales de la fuerza de seguridad porteña llegaron a las oficinas de Mariotto en la Legislatura bonaerense, acompañados por el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak. Una vez en el lugar, presentaron un escrito en el que el juez Bonadío requería información sobre las posibles contrataciones de la empresa Dromotech S.A. con la Cámara alta bonaerense en los años 2012 y 2013.<\/p>\n
La empresa en cuestión figura en una causa que investiga Bonadío a partir de una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña, quien denunció contrataciones irregulares en el marco del Plan “Qunita” implementado por el Gobierno nacional.<\/p>\n
De acuerdo a los cuestionamientos de Ocaña, el Ministerio de Salud entregó contratos por 1.100 millones de pesos para confeccionar kits para recién nacidos a seis empresas con facturaciones menores que, además, figuran inscriptas en otros rubros diferentes al licitado.<\/p>\n
Entre las empresas beneficiarias aparece la cuestionada Dromotech S.A., que se quedó con un contrato de casi 50 millones de pesos para entregar 6.400 kits para bebés, a razón de 7.810 pesos por unidad.<\/p>\n
Lo curioso es que, de acuerdo a la inscripción de la AFIP, la empresa radicada en La Plata se dedica a la “reparación y mantenimiento de máquinas y equipos”, pero también a otro rubro bastante diferente, “venta al por mayor de productos textiles”. Y su facturación (de poco más del millón de pesos en 2014) se multiplicará por 50 con la nueva contratación.<\/p>\n
Desde el entorno del titular del Senado, minimizaron el hecho y aseguraron que, según los registros de la Cámara alta, no existe ningún vínculo contractual con la empresa mencionada por Bonadío, aunque en un primer momento se había asegurado que había vínculos “menores”.<\/p>\n
Consultada por DIB, la asesora letrada del Senado provincial, Analía Elíades, adelantó que se encuentra respondiendo el pedido judicial y que incorporará contrataciones con otras firmas cuyos nombres resultan similares al solicitado.<\/p>\n
De todos modos, remarcó que cualquier contratación realizada por el Senado “tiene el contralor de la Contaduría General de la Provincia y se ajusta a todos los procedimientos legales correspondientes”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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