En la iniciativa se cuestiona el ejercicio "antidemocrático e ilegal en el que incurre" el jefe comunal al "instar y promover a través del Concejo Deliberante la creación de una fuerza policial de proximidad por fuera del marco de la Constitución Nacional, de la Constitución bonaerense y de la Ley Orgánica de las Municipalidades".<\/p>\n
En los fundamentos del proyecto, presentado por la diputada Lucía Portos y acompañado por los integrantes de la bancada del FPV, los legisladores declaran que la norma es inconstitucional porque la creación de un cuerpo de policía es una competencia del Estado Provincial y, en segundo término, porque extralimita los alcances de la autonomía municipal.<\/p>\n
"Nosotros militamos y abogamos por el respeto y el ejercicio pleno de la autonomía municipal, pero es necesario hacer notar que una intencionada malinterpretación de la Constitución de la Nación puede generar mucho daño a la comunidad, sobre todo con un tema sensible como es la seguridad pública", sostienen los legisladores en el texto presentado.<\/p>\n
"No queremos policías ilegales, queremos cuerpos de seguridad de la Democracia. Esta maniobra profundiza la inseguridad constitucional por la que se rigen los municipios y que pone de rehén a los verdaderos afectados por estos manejos, los vecinos de San Miguel", agrega el comunicado.<\/p>\n
El proyecto especifica que la ley provincial 12.154 establece que la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de ella es que el Poder Ejecutivo resuelve en 2014 crear como Unidad Policial, las Unidades de Policía de Prevención Local (Resolución 835\/2014).<\/p>\n
En su artículo 1° se disponen que los municipios para adherir a ese régimen de policía local, tendrán que suscribir al Convenio Específico de Conformación y Cooperación; y que las policías creadas son equipadas, conformadas y financiadas con el presupuesto de la provincia.<\/p>\n
En el artículo 3° de la resolución, el ministro de Seguridad dispone que dicha policía actuará en los municipios de más de setenta mil habitantes que adhieran al régimen.<\/p>\n
Aún, si el número de habitantes no fuera ese, la norma prevé que "excepcionalmente podrán contemplarse situaciones de municipios que no superen dicha cantidad de habitantes y soliciten su adhesión".<\/p>\n
El FpV considera que si bien el partido de San Miguel cumple con el requisito, "el proyecto de ordenanza de De La Torre expresa en los considerandos que 'de modo tal que los municipios de mayor número de habitantes pueden crearla sin habilitación expresa de una ley provincial'; por lo tanto, realiza una interpretación errónea que se desvía del marco jurídico permitido".<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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