Dentro del acuerdo firmado entre las empresas EDENOR y EDESUR y el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri aceptó un polémico acuerdo económico por las multimillonarias deudas que las concesionarias mantienen con el Estado.<\/p>\n
El elemento central del proyecto que tiene como objetivo el traspaso de la distribución eléctrica del ámbito nacional a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el reconocimiento por parte del Estado nacional de una deuda millonaria con las concesionarias como resultado del congelamiento de tarifas implementado por el gobierno anterior.<\/p>\n
Según los estados contables, si se contabilizan en conjunto los tres principales ítems que explican dicho endeudamiento (multas impuestas por el ENRE, los préstamos para inversiones otorgados por CAMMESA, y la deuda por pago de energía a CAMMESA), a diciembre de 2018 la deuda de EDENOR con el Estado alcanza los $ 21.189 millones, en tanto que la de EDESUR es de $ 21.399 millones. Para dimensionar la importancia de esta deuda, es central destacar que la misma representa más de la mitad de los activos de cada una de las empresas.<\/p>\n
En rigor, el acuerdo firmado por el propio Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade, y los representantes de las empresas, no es ni más ni menos que una Revisión Tarifaria retroactiva en la cual el Estado nacional reconoce ingresos adicionales a las concesionarias.<\/p>\n
Además, el acuerdo económico representa en sí una revisión tarifaria retroactiva. Según lo establecido por la Ley 24.065, el ENRE debería haber convocado a una audiencia pública. Nunca lo hizo.<\/p>\n
A su vez, tanto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como el de la gobernadora María Eugenia Vidal, ratificaron la adhesión al traspaso. La ciudad lo hizo mediante la aprobación del Acuerdo de Traspaso por parte de la legislatura porteña en el mes de junio de 2019, y la provincia de Buenos Aires mediante el Decreto 1289\/2019 publicado el 2 de octubre de 2019.<\/p>\n
El proceso de traspaso presenta importantes inconsistencias regulatorias, entre las cuales se destaca la situación de inconstitucionalidad que implica retirar de la órbita del Estado nacional el control de un servicio público que posee interconexión entre distintas provincias, en este caso entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
Por otro lado, el acuerdo económico implicó condiciones gravosas para el Estado y los usuarios y ventajas millonarias para las empresas. Por esta razón, a partir de una denuncia del diputado Tailhade, se encuentran imputados por malversación de fondos públicos el actual Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade.<\/p>\n
Además, en base al perjuicio del acuerdo económico para con los usuarios, la asociación “Nace un derecho” presentó una medida cautelar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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