Finalmente y tras las dudas respecto de qué actitud tomaría frente a la polémica resolución de su antecesor, Alberto anulará el decreto que Macri firmó 14 días antes de abandonar la Casa Rosada para atornillar al Estado a tres mil funcionarios políticos nombrados durante su gestión.<\/p>\n
De este modo, el gobierno nacional dará de baja la resolución que su antecesor firmó -según parece- antes de irse con la que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para unos 3000 funcionarios nombrados en su gestión.<\/p>\n
Se trata del decreto 788 del año 2019. Según argumentó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, la norma PRO implica "una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado".<\/p>\n
La resolución había sido firmada también el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El objetivo era dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos.<\/p>\n
Castellani argumentó la decisión de gestión de Fernández en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de "privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios".<\/p>\n
Paradójicamente, Macri y sus funcionarios comenzaron su gestión en diciembre de 2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración pública, incluso las empresas autárquicas del Estado, y estigmatizando a los trabajadores que resistían los despidos como “ñoquis” y “grasa militante”. Por el contrario, dos semanas antes de irse, el líder PRO firmó un decreto que creaba por decreto el "Régimen de Alta Dirección Pública" para atornillar a sus dirigentes en el Estado, o darle “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión, en lenguaje formal.<\/p>\n
El régimen que se buscó establecer dispone "una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción", señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.<\/p>\n
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es "vital" construir un nuevo sistema que "jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público".<\/p>\n
Fuente: Política Argentina<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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