El Gobierno nacional analiza por estas horas hacerse cargo de los peajes que hoy controlan Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste S.A., hasta tanto se concrete una nueva licitación, si se logra destrabar el irregular contrato de concesión por el que el gobierno macrista las habría favorecido hasta el 2030, en el contexto de la causa por defraudación al Estado que llevaba el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral que se jubiló, y por la que ya fueron procesados el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro que, también, fue abogado de la familia Macri.<\/p>\n
En el expediente, que ahora llevará el juez federal Julián Ercolini, se investigan las maniobras que habría realizado el gobierno de Macri para beneficiar a Autopistas del Sol, de la que, a su vez, su familia era accionista del 7 por ciento, y al Grupo Concesionario del Oeste en el control de los peajes de los Accesos Norte y Oeste y, también, la posterior venta de las acciones del Grupo Macri, a través de la que se habrían favorecido.<\/p>\n
La investigación se inició a partir de la denuncia de varios diputados, entre ellos, Rodolfo Tahilade, por las dudosas negociaciones que se realizaron, entre 2016 y 2018, durante del gobierno de Cambiemos y por las que, sin haber respetado los normales procesos de licitación, se les permitió a ambas empresas extender la concesión hasta el año 2030 y, además, se les reconoció una deuda de 499 millones de dólares.<\/p>\n
El periodista Alejandro Bercovich, quien viene siguiendo este tema contó que aunque faltan algunas definiciones, “todo apunta a la promesa de una nueva licitación de los dos corredores que hoy administran Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y a que mientras tanto lo maneje el Estado”.<\/p>\n
El entramado de irregularidades habría comenzado con una insólita demanda internacional que Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, justo unos días antes de que Macri asumiera como presidente. Si bien en un primer momento esta denuncia parecía no tener cabida, finalmente, el gobierno macrista, les reconoció una deuda por 499 millones de dólares, que terminarían pagando los usuarios a través de los aumentos en las tarifas de peaje.<\/p>\n
Asimismo, las acciones de Autopistas del Sol, que controla el Acceso Norte, pasaron a costar 14,50 pesos de los 3 que costaban y, más tarde, el Grupo Macri las vendió en 75,50 a una empresa ajena al rubro.<\/p>\n
Luego, por otra extraña negociación, ambas empresas fueron beneficiadas con la extensión del control de los peajes en los Accesos Norte y Oeste hasta el 2030, fundamentando esto con la excusa de que ese arreglo formaba parte de la demanda. Casualmente, el mayor accionista era el presidente del Real Madrid y amigo de Macri, Florentino Pérez.<\/p>\n
Como si eso fuera poco, el gobierno de Cambiemos decidió designar en la cartera de Vialidad a muchos personajes del Grupo Macri o que estaban vinculados a sus empresas y a estudios de abogados, por lo que el juez Rodolfo Canicoba Corral expresó que los contratos fueron realizados para favorecer a empresarios en detrimento del Estado, al que defraudaron por una suma aproximada de 750.000 millones de dólares.<\/p>\n
De esta manera, el juez procesó por el delito de administración fraudulenta en contra del Estado al exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich.<\/p>\n
Por otro lado, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien en el momento de las negociaciones que habrían favorecido a las empresas concesionarias evitó poner su firma para no quedar enganchado, pensó que podría mantenerse al margen de todo esto, sin embargo, antes de jubilarse, Canicoba Corral lo procesó por considerarlo responsable de haber omitido intervenir intencionalmente “en el trámite de renegociación contractual”, por lo que debería haber ejecutado “la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba”, según expresó el juez en su resolución.<\/p>\n
Después de haber fracasado con los intentos de expropiación de la cerealera Vicentin y en medio de la posible renovación del contrato de licitación de Edesur, que sigue sin dar respuesta a las demandas del Gobierno por los asiduos cortes de luz, Bercovich arriesgó que el tema de las autopistas se presenta como una oportunidad que el gobierno de Alberto Fernández no debería desechar si quiere ganar terreno, y advierte que “lo que se teje en reserva son los consensos necesarios para superar esos choques sin volver a tropezar, como con la fallida expropiación de Vicentín”.<\/p>\n
Fuente: Info135<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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