El Gobierno oficializó la suba de las alícuotas para los principales cultivos del país y volvió a incumplir sus promesas de campaña. Productores advierten que la medida desalienta inversiones y profundiza la crisis del interior.
El Gobierno nacional decidió reinstaurar las retenciones plenas a la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, a través del decreto 439/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, que revierte parcialmente los beneficios fiscales temporales otorgados a principios de año, entra en vigencia desde el 1° de julio.
Así, la soja volverá a tributar un 33% de derecho de exportación, el maíz y el sorgo el 12%, y el girasol el 7%. Sólo el trigo y la cebada conservarán —hasta el 31 de marzo de 2026— una alícuota reducida del 9,5%. Todo esto, en medio de un contexto de precios internacionales a la baja y sequías intermitentes que afectan la producción.
La decisión golpea directamente al corazón productivo del país y contradice el discurso oficial de “libertad económica” con el que Javier Milei llegó al poder. Durante su campaña, prometió eliminar gradualmente las retenciones, pero a seis meses de gestión no solo no lo hizo, sino que reinstauró las que había quitado. En los hechos, volvió a colocar sobre el campo la mochila fiscal que tanto cuestionó.
En paralelo, la administración busca calmar las cuentas públicas ante un nuevo monitoreo del FMI. A pesar del ingreso de unos US$ 5.000 millones en las últimas dos semanas por adelantamiento de ventas (producto de la especulación previa al aumento), el Banco Central aún está lejos de cumplir las metas de reservas comprometidas con el organismo internacional. Según se supo, hay un déficit superior a los US$ 2.000 millones respecto a lo exigido.
Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Mientras las grandes exportadoras, nucleadas en CIARA-CEC, se mostraron conformes con la prórroga para el trigo y la cebada, las entidades representativas de los productores (CRA, Coninagro y la Sociedad Rural) expresaron preocupación y malestar por la suba. “Es una medida regresiva que ahoga al interior productivo y frena cualquier intento de inversión”, señalaron desde CRA.
La Sociedad Rural, en particular, evitó declaraciones altisonantes: debe recibir al presidente en los próximos días en la tradicional exposición de Palermo. Pero puertas adentro, el enojo es evidente.
Con esta medida, el gobierno de Javier Milei deja en claro que su programa económico no es contra la “casta”, sino contra el aparato productivo nacional. Un modelo que, lejos de liberar, ajusta y recauda a expensas de quienes todavía generan empleo, valor agregado y dólares genuinos.